Muchos y muchas han pedido que se establezca una renta de emergencia mientras dure la pandemia, entre otros el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible. Cada vez el gobierno se negó. Esperamos que ahora haya acuerdo en esos mínimos comunes.
Entre el inicio de pandemia en nuestro país y el primer retiro de ahorros de los trabajadores desde sus fondos para jubilación, el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, en trece ocasiones se refirió a la necesidad de un ingreso que permitiera a las familias sobrellevar la crisis y guardar la cuarentena.
La primera ocasión fue ya el 19 de marzo de 2020 en que propuso asegurar un ingreso a quienes deban permanecer en sus casas, la congelación sin intereses del pago de dividendos hipotecarios y cuotas de créditos de consumo, y la postergación sin intereses, del pago de servicios básicos (luz, agua, gas). Concretamente pidió apoyar a los trabajadores informales o por cuenta propia con un ingreso mensual equivalente al salario mínimo.
Poco después expresó la necesidad de una renta básica temporal y un incremento sustantivo en las asignaciones familiares y maternales con el objeto de apoyar el mayor gasto por cargas familiares, señalando que “evitar la expansión de la pandemia y un colapso económico obliga a un esfuerzo solidario donde los que más tienen deben ser los que más aporten. Tributos de emergencia a las grandes fortunas, grandes empresas manteniendo el ingreso de sus empleados, un Estado que provea un Ingreso Básico Universal a los chilenos, ésas son las medidas que faltan. A una crisis inédita, se debe reaccionar con instrumentos y montos también inéditos.”
Poco más de un mes después de iniciada la pandemia, un Acuerdo de la Cámara de Diputadas y Diputados pedía un ingreso familiar de emergencia. En concordancia con esa resolución el Foro proponía algo que aún tiene vigencia: Otorgar a todas las familias un aporte proporcional al número de miembros del hogar con un promedio de $126.000 por cada miembro. En esa misma propuesta se señalaba que ese “ingreso debe mantenerse durante el período que dure la emergencia sanitaria y las familias se vean impedidas de contar con ingreso laboral.” Por primera vez se proponía que el aporte a las familias debía extenderse mientras dure la pandemia.
Relatar lo que el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, una de muchas vocerías, señaló respecto a la necesidad de ir en auxilio a las familias como una forma de no agravar ni la crisis sanitaria ni la económica es una forma de recordar, especialmente a las autoridades del gobierno, que la idea de los mínimos comunes surge justamente porque no ha habido disposición a resolver un problema trascendental para el país.
El que la historia sea conocida, no la hace menos grave. El problema no son los retiros de fondos de las AFP, sino la situación de angustia, incertidumbre y vulnerabilidad de miles y millones de familias. Es cierto que las medidas económicas de apoyo a las familias han sido numerosas. Sin embargo, han llegado tarde, a cuentagotas, con insuficientes montos y cobertura y con mecanismos de acceso demasiado complejos.
Una evidencia al respecto es que el mayor esfuerzo y sacrificio lo han realizado los y las trabajadoras, especialmente de menores ingresos. Los retiros de fondos de las cuentas individuales de ahorro previsional suman algo más de US$ 34.400 millones, y los de los fondos de Seguro de Cesantía suman alrededor de US$ 1.300 millones desde el inicio de la pandemia. A ellos debemos sumar unos US$ 15.000 por el retiro en curso. Sumados, los ahorros de las personas habrán disminuido en unos US$ 50.700 millones desde el inicio de la crisis. El esfuerzo fiscal alcanza a unos US$ 15.300 millones de dólares, si consideramos los recientes anuncios del gobierno.
Sumados, desde el inicio de la pandemia, el uso de ahorros de los trabajadores y el esfuerzo fiscal se llega a la no despreciable cifra de US$ 66.000 millones, prácticamente un cuarto del PIB, donde 77 de cada 100 pesos han provenido del sacrificio de los ahorros personales.
Cuando el esfuerzo proviene de los ahorros (o endeudamiento) del gobierno, su financiamiento posterior provendrá de impuestos que son progresivos, levemente hoy, y que pueden serlo más si hay voluntad de compartir los costos de la crisis, tal como ocurrirá si se aprueban iniciativas en discusión en el Congreso. Pero ello no ocurre si cada uno debe recurrir a sus propios recursos, tan desiguales como sabemos que son.
En la búsqueda de mínimos comunes han surgido varia propuestas. El propio Foro ha planteado que se debe apoyar a todas las familias del 90% de menores ingresos con un monto que les permita alcanzar, al menos, la línea de la pobreza. Hay otras propuestas similares como de la Fundación SOL y de las precandidatas presidenciales Ximena Rincón y Paula Narváez.
Es necesario y parece razonable que el gobierno cambie su enfoque de la hiper focalización en los más pobres hacia una hiper focalización para identificar los hogares que no necesitan ayuda, porque han mantenido sus empleos y fuentes de ingreso, utilizando los datos del SII, el Registro Civil y el MDS.
Cualquiera sea la fórmula que se adopte se necesitarán muchos recursos. Esos recursos deben provenir del gobierno, que tiene capacidad para proveerlos. Ha dicho estar dispuesto a concordar en mínimos comunes, ojalá sea cierto.
