La oposición venezolana lo ha intentado todo-o casi todo- para sacar a Maduro del poder. Con masivas protestas y extenuantes movilizaciones sociales acentuadas en los últimos años, ante una represión con su secuela de víctimas fatales, miles de detenidos y millones obligados al exilio. Y allí sigue Maduro. Inamovible.
La presión internacional se ha acentuado. Con fuerte protagonismo del gobierno estadounidense, aplicando sus fuertes sanciones económicas y la amenaza de no descartar el uso de la fuerza.
Los pasos en falso de la oposición se suman y la desgastan. Ocurrió con el episodio en la frontera con Colombia – papelón del gobierno chileno por medio – y sus anuncios de respaldo militar interno, finalmente más que limitado y estéril.
Más de 50 países han optado por desconocer el gobierno de Nicolás Maduro reconociendo al autoproclamado Presidente encargado. México y Uruguay han optado por la alternativa de llamar al diálogo en la búsqueda de una salida política. Con todo, Maduro sigue ejerciendo el poder real.
La oposición ha intentado el camino del diálogo y lo vuelve a transitar pese a sus reiterados fracasos en el intento de un acuerdo con el gobierno, que gana tiempo, eludiendo someterse a la presión por elecciones libres y democráticas.
Los pasos en falso de la oposición se suman y la desgastan. Ocurrió con el episodio en la frontera con Colombia – papelón del gobierno chileno por medio – y sus anuncios de respaldo militar interno, finalmente más que limitado y estéril.
Recientemente el lapidario informe dado a conocer por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tras su visita a Venezuela, precedida por otras más extensas de integrantes del organismo, recibió el esperable cuestionamiento de Maduro y su régimen.
Lo único que la oposición venezolana aún no ha hecho es solicitar formalmente la intervención de fuerzas armadas extranjeras “para proteger y defender al pueblo y nuestra soberanía”. Y no es por falta de voluntad ni deseos de Guaidó, Trump y sus entornos. Sobran pruebas al canto, incluidos los vínculos con el Comando Sur del Ejército norteamericano para analizar dicho escenario.
Se agrega el anuncio de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, de solicitar la aplicación de un viejo acuerdo de cooperación militar, aprobado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que involucra a una veintena de países (entre ellos Chile, Estados Unidos, Brasil, Argentina o Canadá), estableciendo que cualquier agresión en contra de un país americano “será considerada como un ataque en contra de los países” que lo suscribieron.
Pero tanto Juan Guaidó, como la mayoría de los líderes de la oposición venezolana, aún de los “halcones”, que derechamente demandan dicha intervención, asumen que ese es un recurso extremo y remoto. Básicamente porque implica graves riesgos políticos para el gobierno de Trump en tiempos de elecciones. Y porque la inmensa mayoría de los países que han reconocido a Guaidó, rechazan esa alternativa más propia de los años de la guerra fría.
Más allá de su real obsolescencia en el actual escenario multinacional, el mencionado TIAR podría justificar una pretendida intervención militar (aduciendo la presencia de militares cubanos y del Ejército de Liberación Nacional de Colombia) dependiendo del concurso de la OEA.
Pero tanto Juan Guaidó, como la mayoría de los líderes de la oposición venezolana, aún de los “halcones”, que derechamente demandan dicha intervención, asumen que ese es un recurso extremo y remoto. Básicamente porque implica graves riesgos políticos para el gobierno de Trump en tiempos de elecciones. Y porque la inmensa mayoría de los países que han reconocido a Guaidó, rechazan esa alternativa más propia de los años de la guerra fría. Y sobre todo, asumiendo que para recurrir a este escenario extremo, parece imprescindible sostener la, hoy, extenuada movilización opositora, sin desechar cualquier posibilidad de diálogo y búsqueda de una improbable salida política, como la que hoy impulsa Noruega.
Por estas razones, y pese a la oposición de muchos de sus aliados y partidarios, Juan Guaidó ha anunciado que sus representantes retornarán a la mesa de diálogo convocada para los próximos días en Barbados, bajo el auspicio noruego.
Asumiendo que las condiciones no son las mejores. Que Nicolás Maduro ha propuesto realizar elecciones de representantes de la Asamblea Nacional y no parece abierto a dejar el poder en un consensuado gobierno de transición, con la sola misión de realizar elecciones democráticas en el menor tiempo posible, que sería la única alternativa verdaderamente realista para superar la profunda crisis en que está sumido el país.
Por estas razones, y pese a la oposición de muchos de sus aliados y partidarios, Juan Guaidó ha anunciado que sus representantes retornarán a la mesa de diálogo convocada para los próximos días en Barbados, bajo el auspicio noruego.
Mientras Nicolás Maduro sigue aferrado al poder, Juan Guaidó parece haber optado “por todas las formas de lucha”, para mantener la movilización social y política (cada vez más cuesta arriba), la presión internacional y una apertura al diálogo, sin descartar el recurso de la fuerza y la intervención extranjera.
La crisis migratoria
En ese juego de suma cero que protagonizan ambos bandos, ingentes multitudes de venezolanos abandonando el país para buscar refugio en los países vecinos, abarrotando las fronteras, en la mayor diáspora que recuerde la región, acentuando episodios de la dramática crisis humanitaria, que suma como protagonistas a menores de edad, madres embarazadas y familias enteras que claman por asilo.
Se calcula que Colombia ha recibido alrededor de un millón trescientos mil venezolanos. Perú más de 800.000. Chile más de 400.000. EE.UU. cerca de 300.000. Otro tanto, España. Poco menos Ecuador y Argentina. Y el problema amenaza con crecer exponencialmente, en la misma medida en que la crisis tiende a agudizarse.
Se estima que más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país y recientes encuestas indican que prácticamente la mitad de los venezolanos (47 %) estarían considerando la posibilidad de emigrar del país. Son cifras siderales que ningún país de la región puede asumir (desde luego ninguno por separado). Por más que primen consideraciones humanitarias y doctrinas de asilo en contra de la opresión.
Se calcula que Colombia ha recibido alrededor de un millón trescientos mil venezolanos. Perú más de 800.000. Chile más de 400.000. EE.UU. cerca de 300.000. Otro tanto, España. Poco menos Ecuador y Argentina. Y el problema amenaza con crecer exponencialmente, en la misma medida en que la crisis tiende a agudizarse.
Ello tan sólo puede contribuir a agudizar crisis humanitarias en sus fronteras o fomentar el ingreso ilegal de indocumentados. Como ocurre en Chile, tras el vuelco del gobierno de Sebastián Piñera después de sus primeras definiciones, muy marcadas por anhelos de protagonismo mediático, tan erráticos como ocurrió con su frustrada incursión en Cúcuta.
De poco o nada sirve que cada uno de los países, por separado, intente contener esta ola migratoria, elevando las exigencias de ingreso, requiriendo documentos al día, o visas democráticas. Ello tan sólo puede contribuir a agudizar crisis humanitarias en sus fronteras o fomentar el ingreso ilegal de indocumentados. Como ocurre en Chile, tras el vuelco del gobierno de Sebastián Piñera después de sus primeras definiciones, muy marcadas por anhelos de protagonismo mediático, tan erráticos como ocurrió con su frustrada incursión en Cúcuta.
Es más que evidente, cual mas cual menos, que ninguno de los países de la región (tampoco a nivel global), tiene una capacidad ilimitada para recibir nuevos inmigrantes y cualquier gobierno tiene el legítimo derecho a regular el ingreso a su país. Pero ello debe hacerse de manera coordinada, con reglas previamente conocidas y apego a la tradición de acogida de personas en estado de extrema necesidad.
Es igualmente evidente que ninguno de los países de la región está preparado para enfrentar este fenómeno migratorio, tal como lo evidencia la anquilosada legislación migratoria en nuestro país, que el gobierno intenta modernizar a golpes de autoridad, sin demasiados estudios ni preparación. Y que el problema debe ser enfrentado de manera colaborativa entre los estados.
La xenofobia y el rechazo a los extranjeros es un problema adicional que debe ser enfrentado con decisión por los gobiernos, los partidos políticos, medios de comunicación y organismos no gubernamentales.
Es igualmente evidente que ninguno de los países de la región está preparado para enfrentar este fenómeno migratorio, tal como lo evidencia la anquilosada legislación migratoria en nuestro país, que el gobierno intenta modernizar a golpes de autoridad, sin demasiados estudios ni preparación. Y que el problema debe ser enfrentado de manera colaborativa entre los estados.
La aflictiva situación que enfrenta Venezuela resulta innegable, como lo evidencia el informe de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, y requiere de un compromiso efectivo a nivel regional y mundial para hacer una contribución efectiva a superar la aguda y profunda crisis, asumiendo que la tarea de reconstrucción institucional, económica, social y política, demandará mucho tiempo, colaboración y esfuerzos de los venezolanos que la viven en carne propia y de una solidaria comunidad internacional.
