Todo indica que el gobierno no gozará del tradicional periodo de gracia que se suele conceder a quienes asumen el poder. O será muy corto. Al traspié en la visita de la ministra Siches a la Araucanía se han sumado matices interpretativos, con el subsecretario de la misma cartera, respecto del carácter de los procesados en la región. Se agrega la polémica respecto de la suma urgencia otorgada al proyecto de amnistía para los presos de la revuelta. Y todo ocurre cuando la cámara de diputados admite a tramitación un quinto retiro de los fondos previsionales, con apoyo de algunos parlamentarios oficialistas.
Es más que previsible que la derecha, que viene de una rotunda derrota presidencial y experimenta fuertes contradicciones partidarias en el parlamento, apueste finalmente a refugiarse en el virtual empate en el poder legislativo para ejercer una dura oposición y restarle legitimidad al proceso constituyente.
Con todo, se trata de los primeros aprontes de la nueva administración, desafiada a implementar un diseño político que potencie el amplio y contundente respaldo alcanzado en las urnas para su programa de cambios y transformaciones ofrecidas al país.
Ciertamente conducir un gobierno apoyado por dos coaliciones no es un desafío exento de complicaciones, aunque exista una efectiva coincidencia en los objetivos más inmediatos para realizarlo.
La decisión del gobierno de ponerle suma urgencia al proyecto de amnistía a los presos de la revuelta ha generado severas críticas. No tan sólo las esperables desde la derecha, también desde el nuevo oficialismo donde se manifiestan dudas respecto de su viabilidad efectiva.
Aunque esperable por su conducta post elección se suma a lo anterior el ruido animado por el alcalde Daniel Jadue, que no dudó en criticar al gobierno por el rechazo a un quinto retiro de los fondos previsionales, sosteniendo que la situación económica que enfrenta el país, agravada por los efectos de la guerra en Ucrania, hace necesario considerarla. El ex postulante presidencial fue aún mas lejos, cuestionando los resultados y zigzagueos con que califica los primeros días del nuevo gobierno.
Ciertamente surge la necesidad de un periodo de ajuste en la inaugurada gestión del Presidente Boric que involucre a sus diversos sectores de apoyo político y parlamentario para viabilizar la agenda legislativa del ejecutivo y ampliar su base de sustentación, buscando sumar a diversos sectores del amplio campo del progresismo, que no son parte de las coaliciones integradas al Ejecutivo pero que resultan imprescindibles para construir mayorías.
La reciente ratificación del alcalde de la Granja, Felipe Delpin, como el nuevo presidente de la Democracia Cristiana, abre una ventana más para el diálogo y colaboración con ese partido, asumiendo que lo que representa actualmente la falange continúa siendo un terreno en disputa con la derecha.
Todo aquello sin olvidar que la acción política no se agota en los partidos o el parlamento, sino que tiene una dimensión social indispensable, como quedara demostrado en el estallido, las movilizaciones ciudadanas y la misma elección presidencial.
El proceso constituyente
La suerte del gobierno está indisolublemente vinculada a del proceso constituyente. Inevitablemente, el plebiscito ratificatorio se constituirá en un test de apoyo o rechazo para la administración del presidente Boric.
Los plazos para definir la propuesta de nueva constitución, que deberá ser sometida al plebiscito ratificatorio, se acortan, en tanto aumentan las presiones para que el gobierno intervenga en el proceso para rectificar los cuestionamientos cruzados a su dirección. Ciertamente no puede hacerlo directamente, sin perjuicio de manifestar legítimamente sus opiniones, esperando que aquellos convencionales identificados con el oficialismo superen sus diferencias y ofrezcan fórmulas que reúnan los consenso que se requieren para construir una propuesta que pueda ser respaldada por una amplia mayoría nacional.
Es evidente que se manifiestan diferencias significativas al interior de la convención. No tan sólo con la derecha, claramente minoritaria y con serias dificultades para ejercer como tal. Ni siquiera con aquellos sectores mas radicales, maximalistas o fundamentalistas, con propuestas, en la mayoría de los casos, testimoniales.
Las que deben inquietar son aquellas que dividen opiniones al interior de la propia coalición oficialista, entre el Frente Amplio, el PC, y el colectivo socialista. La mayoría son diferencias legítimas y debatibles, con buenos argumentos a favor y en contra (presidencialismo versus parlamentarismo, unicameralismo o bicameralismo asimétrico, régimen presidencial o parlamentario, regionalismo versus federalismo, etc.).
Todo aquello se puede discutir, teniendo claro que es preciso llegar a acuerdos y compromisos lo más armónicos y consistentes posibles con los estándares democráticos y que viabilicen el ansiado cambio constitucional surgido como salida a la profunda crisis de la gestión del gobierno reciente de Sebastián Piñera
Los convencionales que reconocen militancia partidaria son minoría, pero tienen la principal responsabilidad de llevar a buen puerto el proceso constituyente. Especialmente aquellos que son parte de las coaliciones que respaldan al actual gobierno. No tan sólo porque ello compromete a este gobierno sino por que el país necesita de una nueva constitución que le abra el camino a los cambios y garantice la gobernabilidad futura del país. En buena media, de ello depende el éxito o fracaso del nuevo gobierno.
