PÁGINAS MARCADAS de Antono Ostornol. Manifestaciones, violencia, provocaciones y plebiscito

Ad portas de que se cumpla un año desde el estallido social y a dos semanas de la realización del plebiscito constitucional, creo que vale la pena preguntarse por la relación entre este acto cívico –largamente deseado y, según pareciera, inédito en la historia de Chile- y el axioma de la manifestación, asociada al enfrentamiento con Carabineros, las barricadas, las molotov, los semáforos en el suelo y los pavimentos rotos. Si leemos las múltiples declaraciones que las dirigencias del país hacen al respecto, pareciera haber consenso en que “manifestarse” es un derecho y que, bajo la excusa de la posible violencia, no puede conculcarse. Hasta ahí, excepto algunas excepciones, todos parecen coincidir. Y yo también.

Sin embargo, hay algo que en estos temas no me cierra. Hace décadas atrás, cuando los partidos políticos y las organizaciones sociales se manifestaban, en general, se hacían cargo de mantenerlas en el marco de lo pactado con las autoridades del momento (normalmente, intendentes o ministros del interior). Eso implicaba la definición de un trayecto y de unos tiempos definidos. De esta forma, se marchaba, se expresaban las demandas, se cantaba o se bailaba y los eventos concluían. Su impacto estaba dado por la cantidad de personas que estaban dispuestas a concurrir y sumarse al propósito de la manifestación. Tenían más efecto político en la medida en que se movilizaban más personas. En este sentido, eran emblemáticas las marchas de la CUT (Central Única de Trabajadores) que llenaban la Alameda y copaban el centro de Santiago durante una mañana entera. O las marchas en defensa del Gobierno Popular que atravesaban la ciudad a las 18:00, para saludar al compañero presidente. O las de las cacerolas, en cualquiera de sus versiones (antes, durante y después de la dictadura). Y para ir a hechos más recientes, como las marchas feministas o la del millón y medio de personas reclamando un trato justo, el año pasado.

Su impacto estaba dado por la cantidad de personas que estaban dispuestas a concurrir y sumarse al propósito de la manifestación.

En esos tiempos, también había grupos y subgrupos que intentaban, al amparo de la congregación de una gran multitud, provocar actos de violencia (barricadas, apedreo de lugares, enfrentamientos con la policía) sin los cuales parecía que la movilización no era lo mismo. En los mismos tiempos, los grupos políticos que desarrollaban esas estrategias eran reconocidos y podían identificarse, y defendían sus posiciones abiertamente. En general, no eran los promotores responsables de las movilizaciones, sino que actuaban al amparo de las organizaciones que convocaban en torno a agendas conocidas y precisas, plataformas desde las cuales se podía negociar resultados y obtener los objetivos buscados, aunque no fuera la totalidad de ellos. Los organizadores se demarcaban de quienes “usaban” sus convocatorias para desplegar agendas reivindicativas o de formas de lucha que no les eran propias. Muchas veces los enfrentaban directamente; pero siempre los denunciaban y solían ser consignados como provocadores. ¿De qué? De la confrontación.

En esos tiempos, también había grupos y subgrupos que intentaban, al amparo de la congregación de una gran multitud, provocar actos de violencia (barricadas, apedreo de lugares, enfrentamientos con la policía) sin los cuales parecía que la movilización no era lo mismo.

En nuestros tiempos de “normalizaciones”, se ha normalizado la confrontación como si esta fuera “la forma” de manifestarse por antonomasia. Se convoca a la calle con motivos justos (equidad, dignidad, cambio de sistema, etc.) y todo el mundo sabe que, llegado cierto momento, se levantará una barricada para cortar una calle, o se enfrentará a los carabineros apostados en una esquina, o se echarán abajo los paraderos del Transantiago para cruzarlos en la calle. Y de ahí en adelante, no hay límites. Esas acciones, cuando han sido convocadas por organizaciones responsables, con nombre y apellido, y rostros reconocibles en sus liderazgos, suelen generarse por grupos no identificados públicamente, que actúan en forma organizada y planificada, cuyo objetivo es que la movilización termine en una confrontación con la policía y en un espiral destructivo. En otros casos, al parecer, estas movilizaciones se gestan a través de las redes sociales y hay un discurso que pretende representarlas como “espontáneas”. Y de ellas, nadie se hace responsable.

En este contexto, entonces, me pregunto cuál es la agenda de estas movilizaciones. ¿Cuál es el programa? ¿Qué efecto político se busca? ¿Cómo se proyecta el futuro desde estas acciones? En muchos casos, me queda la impresión de que existe el propósito de generar un estado de ingobernabilidad, de desorden caótico, de ruptura absoluta de cualquier orden institucional. Este objetivo, que tiene sustento cuando se enfrenta un estado que le permite a la minoría –usufructuando de una constitución impuesta a la fuerza- un derecho a veto sobre los ordenamientos fundamentales del país, pierde todo sentido cuando estamos a solo días de ejercer nuestro derecho a iniciar un proceso constitucional que surja desde la ciudadanía, con una representación plena, igualdad de género e inclusión de los pueblos originarios. A veces pienso que en las estrategias de confrontación, confluyen intereses tan opuestos como los de aquellos que no quieren ningún cambio del status quo y, por lo mismo, rechazan la idea del proceso constituyente; y los de quienes repudian un proceso normado y representativo de participación, basado en elecciones, donde puedan expresarse las mayorías reales y que regule la relación entre ellas y las minorías, porque privilegian ,en el fondo, las “mayorías” de la fuerza directa que se imponen sobre las otras.

¿Cuál es el programa? ¿Qué efecto político se busca? ¿Cómo se proyecta el futuro desde estas acciones?

los de quienes repudian un proceso normado y representativo de participación

No es lo mismo salir a una calle que ha sido prohibida y ocupar un espacio público al cual tenemos derecho y nos ha sido usurpado por la fuerza (ejemplo: la dictadura), a salir a la calle para hacerse escuchar más allá de los espacios formales, muchas veces capturados por las minorías. En el primer caso, tenemos derecho a usar la fuerza; en el segundo, nos debemos a la seducción. En un espacio abierto, debemos convencer y no imponer. Salir a la calle hoy con el propósito declarado (públicamente o en los hechos) de generar un escenario de violencia descontrolada, sin objetivos precisos que puedan ser evaluados por la ciudadanía, es, en mi opinión, una franca provocación al proceso de profundización de la democracia en el país. ¿Qué tienen que ver con la democracia quienes día por medio incendian un bus, o atacan un cuartel policial, o se toman sin límite de tiempo ni conducta una plaza púbica?

En el primer caso, tenemos derecho a usar la fuerza; en el segundo, nos debemos a la seducción.

¿Qué tienen que ver con la democracia quienes día por medio incendian un bus, o atacan un cuartel policial, o se toman sin límite de tiempo ni conducta una plaza púbica?

En mi opinión, nada. Y la verdad, no sé para qué equipo juegan.