La Asociación de AFPs se ha declarado partidaria de una pensión básica universal. Aunque constituye una nueva estrategia para eludir los graves problemas que afectan al sistema de capitalización individual buscando contrarrestar la deslegitimación que afecta a las AFPs, lo cierto es que deja en evidencia que se ha “corrido el cerco”.
Como en algún momento se impuso la convicción de “No más lucro” en la educación, hoy la demanda de igualdad se traduce en que el país debe asegurar pensiones sobre la línea de la pobreza a todos los adultos mayores. La propuesta, sin embargo, presenta graves limitaciones entre las que destacan falta de claridad respecto de su financiamiento, la creencia de que es posible resolver el problema de las pensiones sin la creación de un sistema público que desplace a las AFPs como columna vertebral y la pretensión que el ahorro nacional siga siendo manejado por un pequeño grupo de ejecutivos estrechamente relacionados con los grandes conglomerados del país. Ha sido importante, sin embargo, pues permite reponer en el debate las múltiples propuestas respecto a la Pensión Básica Universal (PBU) que existen en el país.
La propuesta de la Asociación de AFPs.
La PBU fue repuesta en el debate nacional por las indicaciones al proyecto de reforma previsional enviadas por el Ejecutivo al Congreso proponiendo ampliar la cobertura del Pilar Solidario del 60% al 80% de la población (para un análisis de las indicaciones ver https://lamiradasemanal.cl/reforma-de-pensiones-un-gobierno-sin-brujula-por-eugenio-rivera-urrutia/) y por las proposiciones de la oposición de hacerlo universal.
La asociación de AFPs propone una pensión universal que incluiría al 10 o 20% más rico. Estos deberían devolverla mediante un impuesto suplementario equivalente a la PBU, que desde el punto de vista operativo no resulta sencilla. Se trata de una pensión básica (el mismo monto para todos los mayores de cierta edad haya estado empleados o no) y generosa (que cubra la línea de la pobreza) que reemplace a la Pensión Básica solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS). En materia de financiamiento proponen aumentar los ingresos del sector público ampliando la base tributaria, eliminando exenciones y aumentando las tasas de algunos impuestos. En el corto plazo, reiteran la propuesta del Gobierno de utilizar las “holguras” y agregan un eventual aumento temporal de la deuda. Incorporan además la idea de que pensionados con pocos ahorros retiren los fondos que tienen en su cuenta, al concretarse la PBU.
No deja de llamar la atención a qué título la asociación de AFPs hace la propuesta; se trata de una asociación de personas jurídicas y por tanto no se hace a título de ciudadanos. En tales condiciones sería esperable que, si incurren en los debaten políticos, su propuesta conllevara alguna contribución de las AFPs. No es sin embargo el caso. Como se anotó antes, la propuesta se financia con recursos públicos provenientes en primer lugar, de la “ampliación de la base tributaria”, esto es, cobrando impuestos a la renta a personas, que, por sus bajos ingresos, están hasta ahora excluidas del pago de ese impuesto. Aunque en abstracto parece razonable, lo cierto es que se trata de personas que al gastar prácticamente el 100% de sus ingresos en bienes de consumo ya están sujetos a un impuesto al valor agregado de 19% de sus ingresos mensuales. La segunda fuente propuesta es la eliminación de exenciones. Teóricamente todos están de acuerdo con ello; los problemas son ¿qué exenciones eliminar?, ¿cómo superar los obstáculos políticos para ello? Más importante aún, es que la eliminación de las exenciones debe pensarse en el marco de una reforma tributaria general que apunte a financiar los derechos sociales que garantizará la nueva constitución. Se requiere en consecuencia, una propuesta sistémica y no simples ocurrencias. Lo más preocupante de la propuesta de financiamiento es la idea de aumentar la tasa de algún impuesto. Conociendo los obstáculos que ha puesto la derecha en materia de impuesto a la renta, lo más probable es que se esté pensando en aumentar el IVA, que como se sabe es muy regresivo.
Otras propuestas de PBU.
Son varias las propuestas de PBU que han alimentado el debate nacional, en los últimos años. Nos limitaremos a presentar dos de ellas: la llamada propuesta B del informe de la Comisión Presidencial para la Reforma de Pensiones, instalada por la presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno y la proposición de la coalición política “Unidad por el Cambio”.
La mitad de los comisionados estuvo de acuerdo en proponer la “propuesta global B” que transforma el actual esquema de pensiones solidarias en un seguro social que pasa a ser la parte central del Sistema de Pensiones con financiamiento tripartito. Se proponía construir un fondo solidario que permitiría elevar las pensiones de los actuales pensionados sobre la base de aportes de trabajadores, empleadores y recursos del Estado. En lo referido a la PBU, se proponía universalizar la cobertura de la pensión básica solidaria, excepto para aquellos de muy altos ingresos. El nuevo seguro social se financia con la contribución del 10% de todos los cotizantes, con un tope de $350 mil (pesos del 2015), un 3% a 4% de incremento en la cotización de cargo de los empleadores, y complementado por aportes fiscales. El nuevo componente de seguro social permitirá facilitar la inclusión de trabajadores independientes, aliviar las desigualdades de género, mejorar la solidaridad intra e intergeneracional del sistema, diversificar la exposición al riesgo. Se proponía además centralizar la administración de cuentas lo cual permitiría importantes ahorros. Una versión modificada de esta propuesta fue dada a conocer por los senadores socialistas en el 2018.
Por su parte, la Unidad por el cambio propuso la creación de un sistema de pensiones público, tripartito, multipilar, solidario y de reparto. El sistema entregaría una Pensión Básica Universal equivalente a la línea de la pobreza, para todos los chilenos jubilados. Se proponía además entregar un bono mujer y reconocimientos a la maternidad que en promedio elevaran las pensiones de las mujeres un 37%. Por su parte, la pensión contributiva mínima correspondería al salario mínimo vigente. La propuesta se financiaría con una cotización de 15%. Los trabajadores deberían cotizar la mitad de esa cifra lo que implicaría un aumento de su salario líquido debiendo los empleadores pagar la otra mitad de la cotización.
Existe amplio espacio para concordar la modalidad mejor de PBU. Lo importante es que existe un acuerdo muy transversal para avanzar hacia una pensión universal. Más importante aún es entender que la PBU debe ser parte de la reforma integral del sistema de pensiones de manera de sustituir a las AFPs por un sistema público que se transforme en la columna vertebral como ocurre en los países desarrollados.
Por Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21 y Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible