Como era previsible, el acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente ha sido más complejo de alcanzar que lo que algunos suponían. Básicamente porque la derecha entró a la negociación con la estrategia del tejo pasado. No tan sólo se trataba de establecer los manoseados “bordes” o principios constitucionales que debían orientar el nuevo proceso (en donde la derecha elaboró una larga lista, que incluía, por cierto, el derecho de propiedad), sino también el mecanismo (idealmente mixto, en opinión de la derecha). Y como era cosa de pedir, la derecha intentó pasar de contrabando algunos temas de carácter programático, que tienden a condicionar algunas de las reformas emblemáticas que impulsa el gobierno, como la reforma previsional o la propia reforma tributaria.
Un poco mucho, como alertó el gobierno, insistiendo en debatir en paralelo el futuro del proceso constituyente, incluyendo sus principios orientadores y el mecanismo, y otra muy distinta es intentar condicionar el destino de las reformas.
Sin embargo, tanto los representantes de Chile Vamos, como los del oficialismo y la directiva de la DC, que han protagonizado las negociaciones, saben que es imprescindible llegar a un acuerdo que asegure la continuidad del proceso constituyente. No a cualquier precio ni en cualquier modalidad. Así lo asumen los dirigentes de Chile Vamos, que han flexibilizados sus posturas iniciales, al igual que los dirigentes del oficialismo. Esencialmente en los llamados bordes o principios. Sorprendentemente la derecha aceptó la declaración de Chile como un estado social y democrático de derechos (falta por definir lo que aquello implica en materia de nuevos derechos sociales garantizados) así como el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y hoy se trabaja en un documento de acuerdos entre estos interlocutores, que podría ser presentado a la reunión de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria (siempre que se arribe a un acuerdo en torno a los principios y el mecanismo).
Pero no sería la primera vez que el pan se quema en la puerta del horno. Sorpresivamente irrumpió un nuevo interlocutor, que sostuvo no sentirse debidamente representado en las negociaciones. En la foto no tan sólo aparecía el senador republicano, Rojo Edwards, sino también parlamentarios independientes, del partido de la gente y dos senadores que continúan hasta ahora militando en la DC- Ximena Rincón y Matías Walker- afirmando que el apruebo estaba sobre representado, al contrario de lo que sucedía con el rechazo, anunciando que presentarían sus propias propuestas. A última hora, estos dos senadores disidentes de la DC anunciaron que se incorporarían a las negociaciones oficiales, restándose a la mesa alternativa.
¿Qué pasaría si finalmente no se arriba a un acuerdo para darle continuidad al proceso constituyente? En lo formal, seguiría rigiendo la actual constitución, que los diversos actores políticos, excepto los republicanos y lo sectores más duros de la derecha, han dado por fenecida, frustrando la voluntad de la ciudadanía, que de forma muy mayoritaria se pronunció en el plebiscito de entrada por una nueva constitución, redactada por una convención íntegramente elegida.
En el terreno propiamente político, ello constituiría un verdadero terremoto. Un tremendo fracaso del sistema político para darle un cauce institucional a la grave crisis social que detonó el proceso, que aún sigue latente, augurando graves tensiones sociales y políticas. Ningún sector político, salvo los más extremos, pueden asumir ese riesgo.
Todo apunta a un proceso acotado, con bordes claros, como ha propuesto el presidente, con representantes íntegramente elegidos (regulando la participación de los independientes y acotando la participación de les etnias originarias), con la asesoría de un grupo de expertos. Además de un plebiscito ratificatorio. La otra condición que han planteado algunos parlamentarios respecto de la reposición del voto obligatorio, parece ser compartida por un amplio arco político, incluido el propio gobierno.
No sería un mal acuerdo, que permite asegurar la continuidad del proceso constituyente.
Un escenario político fragmentado
El escenario político aparece fuertemente fragmentado y con serias dificultades para formar mayorías a nivel parlamentario. Chile Vamos, integrada por cuatro partidos, no tiene la representación del conjunto de la derecha. En la pasada elección presidencial debió resignarse a apoyar a José Antonio Kast (JAK), representante de la ultraderecha, una corriente de pensamiento que parece venir en alza tanto en Europa como Estados Unidos y nuestra propia región, como lo refrenda la reciente elección en Brasil, en donde Jair Bolsonaro alcanzó el 43 % de los votos y logró elegir una cuota importante del senado y la cámara de diputados. Los republicanos, el partido formado por JAK cuenta con un senador y 15 diputados. Una fuerza más que considerable en el fragmentado escenario político. Por su parte, el llamado partido de la gente, que apoyó la postulación presidencial de Franco Parisi en la pasada elección, cuenta con una bancada de cinco diputados.
El centro político vive su propio proceso de fragmentación, profundizado por el plebiscito de salida, en donde no sólo en la DC se produjeron disidencias sino también en los partidos del socialismo democrático. Hoy en día se debate abiertamente la posibilidad de un quiebre definitivo al interior de la DC y la posibilidad que estos sectores disidentes den origen a dos nuevos partidos, Los Amarillos y los Demócratas, que podrían disputar el centro, sin reconocer domicilio en la centroizquierda. Con la posibilidad que la DC oficial integre una futura alianza con el actual oficialismo.
Como si todo esto fuera poco, diversos parlamentarios de la centroizquierda decidieron formar una nueva bancada, que reúne a parlamentarios de la DC, el PPD, radicales e independientes, que se desmarcan de sus directivas partidarias, que cada vez representan menos, para buscar presentarse directamente, aunque ratificando su domicilio en la centroizquierda.
Y aun los parlamentarios disidentes tiene espacios para conformar una bancada “instrumental”, que pueda aglutinar a parlamentarios independientes, del partido de la gente y otros. El diputado Eric Aedo ha venido trabajando en esa dirección.
Por su parte, en el oficialismo se vive la inédita experiencia de un gobierno apoyado por dos coaliciones que, pese a sus muchas coincidencias, mantiene claras diferencias, como seguramente quedarán plasmadas el próximo 11 de octubre, cuando el Senado deba votar la ratificación del TPP11, en donde no tan sólo Apruebo Dignidad ha anunciado que la votará en contra, sino también algunos parlamentarios del socialismo democrático.
El gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria para sus reformas
No es el primer o el único gobierno de signo progresista que no cuenta con mayoría parlamentaria en nuestro país o en la región. Sería el caso de Lula en la eventualidad más probable que gane la segunda vuelta y seguramente el de Gustavo Petro en Colombia. Salvador Allende no tuvo mayoría en el parlamento, Tampoco Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos o Sebastián Piñera. Tan sólo Michelle Bachelet en su segundo mandato alcanzó una precaria e inestable mayoría parlamentaria, que no siempre operó como tal.
No resulta sencillo entender la crítica de Pablo Iglesias, ex vicepresidente de gobierno español y ex líder de Podemos, al proceso chileno, sosteniendo que estuvo condicionado por una negociación permanente con la derecha. En democracia, cuando no se cuenta con mayoría propia, es inevitable intentar construirla en un laborioso proceso de diálogo y negociación con una vario pinta oposición. Así funcionan las democracias. En Chile, en España y en todas las democracias de verdad. Las otras son dictaduras. Aunque hayan sido elegidas en votaciones democráticas.
El presidente Gabriel Boric no tiene otro camino para viabilizar su programa de transformaciones. Con un laborioso proceso de dialogo y negociaciones, sin desconsiderar el indispensable apoyo y presión social. En donde, lo verdaderamente importante es intentar forzar los límites para avanzar, de manera necesariamente gradual, en el proceso de cambios y transformaciones.
La inmensa mayoría del país valora el diálogo y la búsqueda de acuerdos, por sobre la confrontación, como quedara en evidencia en el propio proceso constituyente. Sin embargo, la tarea no es sencilla en el fragmentado escenario parlamentario. Partiendo por las propias fuerzas que apoyan al gobierno, que mantienen diferencias no tan sólo respecto del legado de los gobiernos concertacionistas, sino también respecto de los desafíos de futuro.
En la propia derecha existen serias contradicciones entre sectores que buscan la derrota política del gobierno y cuya tentación hoy en día es “ir por todo”, y aquellos sectores más realistas y pragmáticos, que asumen que el país requiere de un nuevo pacto social y que, si este gobierno fracasa, pueden no ser la alternativa,
Lo que no puede existir son dos líneas, contradictorias entre sí, acerca de la conducción del gobierno. Y menos, agendas paralelas en materias políticas o programáticas. El gobierno tiene un programa reformulado durante la segunda vuelta de la campaña presidencial, que compromete por igual a ambas coaliciones oficialistas que comparten responsabilidades en su conducción.
Pero, además, se requiere de un diseño unívoco, claro y transparente, que le corresponde explicitar al presidente en su calidad de Jefe del gobierno y líder de su coalición, así como a su nuevo equipo político. Un diseño al que deben atenerse no tan sólo sus ministros, subsecretarios y las diversas autoridades que dependen del ejecutivo, a nivel nacional y regional y local, sino también las fuerzas políticas representadas en el gobierno.
Muy probablemente la causa de un aborto libre (debidamente regulado) cuenta con un apoyo mayoritario de las fuerzas progresistas, pero le corresponde al gobierno, en base a un diseño, ponderando las diversas circunstancias, resolver su prioridad en la agenda oficial. Como es igualmente evidente que el dialogo con Héctor Llaitul puede ser necesario para buscar la paz en la Araucanía, pero la decisión de materializarlo no le corresponde a un ministro. La ratificación del TPP11 puede ser beneficiosa para el país, tomando los debidos resguardos. Si el presidente, en su condición de responsable de la conducción de la política exterior llega a esa convicción, ello debiera alinear a sus fuerzas de apoyo.
El éxito o fracaso del gobierno se medirá en su capacidad de construir grandes acuerdos que permitan avanzar en el programa de transformaciones ofrecidos al país, sin afanes vanguardistas o refundacionales. Con firmeza y realismo. Sin importar si se va lento, si la ambición es llegar lejos, como afirma el propio presidente.
Lo mismo vale para la nueva constitución.
