Los hechos se acumulan para, lamentablemente, asentar con mayor solidez una sensación de pesimismo respecto de las posibilidades de encontrar caminos de salida a las conflictivas relaciones del estado chileno con los pueblos originarios y, en particular, con el pueblo mapuche. Este pueblo no lo ve de la misma manera. Para sus comunidades y dirigentes no hay nada nuevo en la persistente postergación de una atención respetuosa a sus demandas, en la ignorancia que ven en sus contrapartes, en la falta de interés, en el desprecio. Es para ellos simplemente la continuación de las formas de trato a la que han estado acostumbrados por largo tiempo. Pero para quienes, desde la visión de sectores de las élites políticas o de grandes sectores de la ciudadanía, han percibido por momentos oportunidades de avance, estos hechos son motivo de gran frustración. Y para Chile como país y para su democracia, estos hechos marcan la profundización de una brecha que tendrá costos, pues las posiciones se atrincheran, las desconfianzas siguen aumentando, y la violencia se acrecienta. Un tercio de las máquinas quemadas desde 2014 en las zonas forestales de Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos lo fueron siniestradas en 2020, contabilizando 287 máquinas quemadas solo en este año, según ha reportado El Mercurio (26 de noviembre). Y por el otro lado, violencia y humillación: al momento de escribir estas líneas (2 de diciembre) una columna de tanquetas ingresaba a Temucuicui para interponerse a los aprestos de las familias para asistir a la audiencia del Tribunal de Angol en que declaraba uno de los carabineros formalizados por el asesinato de Camilo Catrillanca (y que terminó reiterando que sus superiores lo obligaron a mentir).
Para sus comunidades y dirigentes no hay nada nuevo en la persistente postergación de una atención respetuosa a sus demandas, en la ignorancia que ven en sus contrapartes, en la falta de interés, en el desprecio.
Y para Chile como país y para su democracia, estos hechos marcan la profundización de una brecha que tendrá costos, pues las posiciones se atrincheran, las desconfianzas siguen aumentando, y la violencia se acrecienta.
Y por el otro lado, violencia y humillación: al momento de escribir estas líneas (2 de diciembre) una columna de tanquetas ingresaba a Temucuicui para interponerse a los aprestos de las familias para asistir a la audiencia del Tribunal de Angol en que declaraba uno de los carabineros formalizados por el asesinato de Camilo Catrillanca (y que terminó reiterando que sus superiores lo obligaron a mentir).
¿Cuáles son los hechos a que aludí al comienzo? Me referiré solamente a dos. El primero es el resorte reiterado a medidas enfocadas principalmente bajo el prisma de la seguridad y la represión. El segundo es la no decisión sobre la forma de participación de los pueblos originarios en la Convención Constitucional.
Respecto del primero, no hace falta repetir ahora las largas referencias a los enfoques de seguridad que han prevalecido desde gobiernos anteriores, y que en el actual llevaron al alarde mediático del Comando Jungla, pero que en la realidad culminó en el asesinato de Camilo Catrillanca. Baste decir que esos enfoques siempre han terminado predominando por sobre los intentos paralelos, algo vacíos, de diálogos expresados en las diversas comisiones que han organizado los gobiernos. Intentos que aun si culminaban en nutridos informes, nunca en verdad perduraban porque adolecían de dos problemas fundamentales: no trataban las cuestiones realmente medulares—tierra y poder—y porque no estaban los que tenían estar, esto es, las voces realmente expresivas de las dirigencias clave. ¿Alguien se acuerda hoy del informe de la Comisión Vargas, en las postrimerías del gobierno de Michele Bachelet? ¿O del Acuerdo Nacional por la Paz en La Araucanía, de comienzos de este gobierno? Este último está más cerca en el tiempo, pero queda igualmente difuminado porque en verdad no era realmente un acuerdo, sino solo una propuesta del gobierno. Y está más cerca en la memoria por los esfuerzos genuinos de diálogo que inició el ministro Moreno desde Desarrollo Social, en terreno, con amplia participación, con gran cobertura en los medios, que incluía a algunos líderes indígenas y empresariales, aunque también adolecía de los problemas fundamentales. No solo no abordaba el tema central de tierras, sino que cuando finalmente lo hizo, reveló su verdadero objetivo, la reforma a la ley indígena para permitir el arrendamiento de las tierras. Es decir, un enfoque ignorando la demanda principal de tierras y alentando el arrendamiento de las ya en poder de las comunidades indígenas. Y, además, todo eso malogrado por los efectos del asesinato de Catrillanca.
no trataban las cuestiones realmente medulares—tierra y poder—y porque no estaban los que tenían estar, esto es, las voces realmente expresivas de las dirigencias clave. ¿Alguien se acuerda hoy del informe de la Comisión Vargas, en las postrimerías del gobierno de Michele Bachelet? ¿O del Acuerdo Nacional por la Paz en La Araucanía, de comienzos de este gobierno?
Los hechos nuevos, de ahora, son la reiteración del enfoque policial, de seguridad, y la ceguera frente a la necesidad de soluciones políticas a problemas inequívocamente políticos. El 14 de noviembre, Camilo Catrillanca volvió a escena, esta vez con ocasión del segundo aniversario de su asesinato. Durante las manifestaciones de conmemoración en la Ruta 5 sur algunos participantes portaban armas de fuego y se efectuaron disparos. Como reacción, senadores de Chile Vamos afirmaron la necesidad de que el Ejército se hiciera cargo de La Araucanía. Esta reacción fue ampliada a la decisión de parlamentarios de Evópoli de “congelar” sus relaciones con el gobierno hasta tanto éste no diera señales de tomar medidas efectivas para el control de la situación. Finalmente, hace sólo unos días, estos senadores decidieron “descongelar” sus relaciones y volver a entablar conversaciones con el gobierno luego que éste, ahora bajo liderazgo del Ministro del Interior Delgado, nombrara una Unidad de Coordinación en la Macro Zona Sur para hacerse cargo de la coordinación policial y de la gestión de los recursos adicionales que se daría a las fuerzas policiales, junto a la coordinación de fiscales. La nueva unidad, como se ve, solo buscará una acción policial más eficiente, y ya puede anticiparse su fracaso, por el perfil secundario de sus componentes (seremis o ex seremis) y del jefe de ella, Cristián Barra (con un pasado cuestionado), que viene de desempeñar una larga lista de funciones públicas encargadas por los gobiernos de Piñera, entre los que se cuentan la iniciativa de Estadio Seguro. Pero más que el bajo perfil, la razón de un fracaso anticipado es por intentar soluciones policiales a un problema político. Enfoque que se reitera pese a que cada vez son más los que desde ese mismo sector comienzan a entender la naturaleza esencial del problema.
Los hechos nuevos, de ahora, son la reiteración del enfoque policial, de seguridad, y la ceguera frente a la necesidad de soluciones políticas a problemas inequívocamente políticos.
La nueva unidad, como se ve, solo buscará una acción policial más eficiente, y ya puede anticiparse su fracaso, por el perfil secundario de sus componentes (seremis o ex seremis) y del jefe de ella, Cristián Barra (con un pasado cuestionado)
Luis Felipe Gazitúa, presidente de CMPC, por ejemplo, ha señalado este énfasis político en la solución necesaria, afirmando “Yo no soy tonto, yo entiendo que cuando se habla de tierra se habla también de la que tenemos nosotros y estamos dispuestos a conversar sobre eso”. Y hasta el nuevo General Director de Carabineros Ricardo Yáñez señaló en reciente entrevista en Reportajes de El Mercurio que el dilema mapuche “escapa a la seguridad pública. Es un conflicto social y político el que tiene que resolverse ahí”. Pero quienes toman las decisiones perseveran en la miopía eludiendo la naturaleza del conflicto o, peor, viéndola, insisten en un camino que solo llevará a agravarlo.
El segundo hecho es la postergación hasta el límite de una decisión sobre los escaños indígenas en la Convención, a solo un poco más de un mes del plazo de designación de candidatas y candidatos. La cuestión permanece en el Congreso en comisión mixta. La decisión está entrampada en varias cuestiones, como el número definitivo de representantes. Pero a mi juicio la cuestión principal es cómo se determinarán los electores indígenas. El gobierno y la derecha se resisten a enfrentar esta cuestión de un modo acorde con los convenios internacionales de los que Chile es parte, que afirman el principio de autoidentificación, y se empeñan, al momento crucial de dar el paso a la participación indígena en el diseño del futuro régimen constitucional chileno, en una visión carente por completo de generosidad, de un espíritu reconciliador con quienes han sido despojados de tierras y derechos desde la creación del estado.
la postergación hasta el límite de una decisión sobre los escaños indígenas en la Convención, a solo un poco más de un mes del plazo de designación de candidatas y candidatos.
Pero a mi juicio la cuestión principal es cómo se determinarán los electores indígenas. El gobierno y la derecha se resisten a enfrentar esta cuestión de un modo acorde con los convenios internacionales de los que Chile es parte
Pero, como se dijo, no es solo una cuestión de generosidad y espíritu inclusivo, es una cuestión de respeto a las normas internacionales suscritas y que rigen universalmente. Se empeñan en fórmulas destinadas a disminuir al máximo esa participación, disminuyendo el número de electores y, por esa vía, disminuir también el número de representantes. Chile, el único país de la región cuya constitución no reconoce la existencia de pueblos originarios, que ha incumplido su promesa gobierno tras gobierno de alcanzar ese reconocimiento y enfrenta este momento de manera miserable. El gobierno y la derecha prefieren que el cuerpo electoral esté dado por quienes estén inscritos en un registro especial (para el cual ya no hay tiempo) o estén ya inscritos en registros de CONADI, y no por quienes al acercarse a la urna se manifiesten, como orientan los convenios internacionales, como miembros de un pueblo originario. Como en el censo nacional de población y vivienda, que se pide a los individuos que se identifiquen como pertenecientes a algún pueblo. La población indígena no se establece por ser parte de un registro previo. Pero el cálculo pequeño y miserable no quiere aceptar el principio de autoidentificación. Natalia González, columnista de El Mercurio y de L&D, expresamente niega la validez del censo en esta materia pues no permite, dice, establecer claramente quién es o no indígena.
Chile, el único país de la región cuya constitución no reconoce la existencia de pueblos originarios, que ha incumplido su promesa gobierno tras gobierno de alcanzar ese reconocimiento y enfrenta este momento de manera miserable.
Como en el censo nacional de población y vivienda, que se pide a los individuos que se identifiquen como pertenecientes a algún pueblo.
Pensemos que la población indígena en Chile, de acuerdo al censo, es similar a la población afroamericana en Estados Unidos (alrededor del 13%). Allá se dieron enormes pasos con la lucha por los derechos civiles en la década de 1960 y ya llegaron a tener un presidente de ese origen y estamos ad – portas de una vicepresidenta que en parte es afroamericana. Simple el contraste con Chile. No están en la constitución, se les niega ahora la auto identificación y pretende disminuirse su representación a una fracción de su peso demográfico real. Piénsese también en la discriminación que se establecería si se exige estar en algún registro: todos quienes voten en Chile están ya automáticamente en el registro electoral, pero a quienes son indígenas se les exigiría un registro adicional que no se aplica a a los chilenos no indígenas que, de hecho, votarán en sus listas por auto identificación como no indígenas. No se ha reparado en la manifiesta discriminación que esto representaría. De acuerdo al argumento de Natalia González, ¿cómo podría ella votar en una lista no indígena si no está registrada ella como no indígena en un registro nacional? Al negar la validez del censo nacional en esta materia se niegan los avances alcanzados en el sistema censal de América Latina, en que todos los países en la última ronda de censos, incluido Perú que era el último, finalmente homogenizaron sus sistemas de acuerdo al principio de autoidentificación. Se agregaría así Chile, más allá de la incómoda posición de no tener reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas, a otra posición de excepción y retraso: negar validez al censo nacional de población por basarse en la autoidentificación.
Pensemos que la población indígena en Chile, de acuerdo al censo, es similar a la población afroamericana en Estados Unidos (alrededor del 13%).
No están en la constitución, se les niega ahora la auto identificación y pretende disminuirse su representación a una fracción de su peso demográfico real.
De acuerdo al argumento de Natalia González, ¿cómo podría ella votar en una lista no indígena si no está registrada ella como no indígena en un registro nacional?
Esta es una cuestión clave para el futuro de la naturaleza democrática de nuestro régimen político, consistente con definiciones constitucionales elementales. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes conforman parte de este estado, al que vamos a dotarlo de normas de convivencia y arquitectura política? Si vamos a negar pertenencia a las y los indígenas que se autoidentifican como tales, entonces eso sí que sería partir de una hoja muy en blanco. Pues desconoce los tratados de que Chile ya es parte, y desconoce un antecedente fundamental: la participación indígena en las asambleas autoconvocadas para las propuestas del proyecto de nueva constitución que el gobierno anterior sometió al congreso nacional.
Si vamos a negar pertenencia a las y los indígenas que se autoidentifican como tales, entonces eso sí que sería partir de una hoja muy en blanco.
