En algún momento tenía que explotar. No tan solo los partidos que se restaron al acuerdo del 15 de noviembre de 2019 objetan el quorum de dos tercios establecidos por una reforma constitucional que dio origen al proceso constituyente. También representantes de la inicialmente llamada lista del pueblo y de las etnias originarias lo impugnan, sosteniendo que contradice las reglas de la democracia, en donde los acuerdos se logran por mayoría absoluta (la mitad mas uno de los votos).
Así existe todo un debate acerca de la soberanía de la propia Convención Constituyente, que muchos sostienen es originaria, con la potestad de fijar sus propios reglamentos, en tanto que otros admiten que es una soberanía delegada por el poder legislativo, en donde radica la potestad constituyente, delegada por el pueblo, acotada a las reglas y procedimientos fijados en la reforma constitucional que le dio origen.
El tema no es menor y divide las opiniones. Así se alinean por respetar las reglas establecidas, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, la mayoría del colectivo socialista (cuyo partido suscribió el acuerdo del 15 de noviembre), los llamados independientes no neutrales, otros escasos representantes de la centro izquierda, los de Vamos por Chile (varios de cuyos integrantes vienen del rechazo) y uno que otro (a) descolgado(a), que estiman que la regla de los dos tercios incentiva la necesidad de acuerdos amplios para elaborar una propuesta constitucional que sea la casa de todos.
Al frente están los representantes del PC, que no suscribió el acuerdo del 15 de noviembre, empeñándose en impugnarlo con fuerza, sosteniendo que aquel está en línea con la fenecida democracia de los consensos o política de los acuerdos, que presidiera los primeros años de la transición sustentando una democracia protegida o tutelada.
A ellos se suma el nuevo colectivo Pueblo Constituyente, que sucedió a la llamada lista del pueblo, luego de severos desacuerdos en su interior. Además de los representantes de las etnias originarias, con la excepción mencionada de Elisa Loncón.
La postura de los representantes del Frente Amplio es algo más matizada. Sin embargo, mayoritariamente parece aproximarse a la posición asumida por el PC, pese a que su líder y candidato presidencial, Gabriel Boric, suscribió el acuerdo del 15 de noviembre y varios de sus parlamentarios aprobaron la reforma constitucional que dio origen al proceso.
Resultaba predecible la reciente aprobación del reglamento que fija los procedimientos de la convención, estableciendo el quorum de mayoría simple, abriera más de una interrogante respecto del destino y trascendencia de la norma.
¿Riesgos de judicialización del proceso constituyente?
La decisión del órgano constituyente se ha prestado para todo tipo de polémicas. Desde la rotunda afirmación del convencional Agustín Squella, sosteniendo que si se cae la norma de los 2/3 se acaba la Convención, hasta las afirmaciones de la derecha de que la alteración de los quórums establecidos en la reforma constitucional representaría un desconocimiento de los acuerdos del 15 de noviembre, invalidando el proceso.
Todo lo referido podría apuntar a una judicialización del proceso constituyente, por severos desacuerdos no tan solo respecto de los quórums para la aprobación de las normas constitucionales, sino también respecto de los llamados plebiscitos dirimentes, un controvertido mecanismo resuelto por la Convención para dirimir o destrabar diferencias insalvables, así como el propio reglamento de Consulta Indígena y su supuesto carácter vinculante. Materias que podrían conducir a un conflicto institucional, que debería ser resuelto por la Corte Suprema como última instancia.
Ciertamente no parece auspicioso para el avance ineludible de nuestro sistema democrático que se plantee este conflicto institucional, aun antes de entrar en los debates de fondo en materia constitucional. Ello implicaría renunciar de manera anticipada a la posibilidad de construir consensos y elaborar una nueva Constitución que incluya la diversidad política, social y cultural del país. Tal como ha ocurrido con la carta magna heredada de la dictadura, que sucesivas enmiendas y reformas no han logrado subsanar.
Resulta evidente que el futuro del proceso constituyente no es ajeno a los resultados de la próxima elección presidencial y parlamentaria. El escenario será diametralmente distinto si gana el continuismo o una opción respaldada por la centroizquierda, del mismo modo incidirá la nueva correlación de fuerzas en el futuro parlamento. Quienes resulten electos tendrán la responsabilidad de colaborar en el éxito de este proceso.
El proceso constituyente trasciende el actual periodo presidencial para proyectarse a un futuro mandato y un nuevo parlamento, que podría impulsar iniciativas que traben, modifiquen o impulsen el proceso.
En consecuencia, los aspirantes presidenciales y al parlamento están obligados a fijar posiciones respecto de un potencial conflicto institucional en ciernes. El estallido social y el acuerdo político del 15 de noviembre, que entregó un cauce institucional para resolver los conflictos, abrieron una inédita oportunidad de elaborar una nueva Constitución, redactada en una hoja en blanco, a través de representantes elegidos democráticamente y sujeta a un plebiscito ratificatorio de salida.
Sería lamentable que más allá de las evidentes diferencias esenciales, que estuvieron planteadas desde el origen del proceso constituyente en curso, se agudizara una mayor polarización entre quienes se alineen por ratificar el texto que proponga la convención y los que lo rechacen. El país ya ha transitado por duras experiencias de confrontación aguda como para reincidir en ellas.
No se trata de interferir en el proceso constituyente, responsabilidad esencial de los integrantes de la Convención democráticamente elegidos. Sí vale reafirmar principios y convicciones democráticas, coherentes con la actual institucionalidad, que se busca reformar a través de los mecanismos que ofrece la democracia.
Chile necesita una nueva Constitución, legitima en su origen, homogéneamente democrática y que interprete al conjunto del país. No es el espacio para las contiendas partidistas, por legitimas que ellas sean. Son las reglas del juego que fijan el espacio y límite de una democracia y de la acción política. Reglas que permiten regular los conflictos inherentes a la convivencia social y dirimir los desacuerdos, estableciendo derechos básicos garantizados, así como obligaciones para los ciudadanos y actores políticos y sociales.
Para que la nueva Constitución sea eficaz y perdurable, debe ser apoyada y reconocida como legitima por una amplia mayoría. Ello representa un inmenso desafío no tan solo para los miembros de la Convención, sino para todo el país.
