¿Realismo con rendición? Por Marcelo Contreras N.

Esa es la fórmula que Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, le propone al gobierno tras el resultado del plebiscito y teniendo a la vista el complejo escenario económico que hoy enfrenta el país. Y es una fórmula que interpreta no tan sólo al mundo empresarial, sino al conjunto de la derecha, sosteniendo que el gobierno no cuenta con mayoría para aprobar sus reformas emblemáticas. La tributaria, previsional y de salud. Necesariamente deberá “morigerarlas”, o simplemente desecharlas, para concentrarse en una agenda pro crecimiento, el control de la inflación y a favor de la inversión, el combate al terrorismo, el crimen organizado y la violencia. Es decir, rendición incondicional.

Aunque la derecha evita cuidadosamente adjudicarse el mérito por la victoria del rechazo, actúa como si el triunfo le perteneciera y que en el plebiscito no tan sólo se hubiese rechazado la propuesta de nueva constitución, sino también el programa de transformaciones ofrecido por el gobierno al país. En su visión y la del empresariado, tal pareciera que el estallido social quedó en el olvido. Que, tras el triunfo del rechazo, hoy soplan aires de “moderación”. Que lo único importante es volver a crecer, devolver la confianza a los inversionistas y reponer el orden público.

Claro, parece inevitable retomar el proceso constituyente. Pero mucho más acotado en el tiempo y número de participantes, con menor representación de las etnias originarias y límites a la participación de los independientes. Con una comisión de “expertos”, en calidad de asesores o incumbentes con derecho a voz y voto, sin descartar la participación de parlamentarios. Y lo más importante, con “bordes”, a los que se ha referido la derecha, sin tocar el sacrosanto derecho de propiedad, la unidad de la nación, el sistema bicameral y el estado subsidiario, recuperando su derecho a veto.

Juan Sutil, que no le hace mucho honor a su apellido, sostiene que el gobierno, tras el resultado del plebiscito, no puede aspirar a cumplir el 100 % de su programa y que un 65 % ya sería todo un logro. Lo que resta por saber es que incluye ese 35 % desechable. Y no parece muy difícil identificarlo, siguiendo los argumentos de sectores empresariales y de la propia derecha.

Ya el ministro de Hacienda ha debido reformular su propuesta de reforma tributaria, con una merma de ingresos cercana a los 1400 millones de dólares. Y, aun así, los mencionados sectores demandan mayores incentivos a la inversión, además de nuevos recortes de impuestos.

Tampoco es una casualidad que el gobierno haya debido postergar el anuncio de reforma del sistema previsional, que suma una fuerte resistencia de las administradoras privadas, desplegando una intensa campaña a favor de la heredabilidad de los ahorros previsionales y la libertad de elegir quien los administre.

La reforma del sistema de salud, anunciada en principio para el próximo mes de noviembre, se topa con la abierta resistencia de las ISAPRES que, según sus declaraciones, estarían al borde de la quiebra por la judicialización de las alzas en los planes de salud, además de las largas listas de espera, acrecentadas por la pandemia.

Un nuevo pacto social

Ciertamente son tiempos complejos para el gobierno y su nuevo equipo político, que pondrán a prueba su capacidad de gestionar la ambiciosa agenda de transformaciones comprometidas al país, a la par de bregar por la reactivación económica y la seguridad ciuadana.

Es más que evidente que el gobierno no puede renunciar a su programa de gobierno, como también lo es que no cuenta con las mayorías parlamentarias para viabilizarlo.   Deberá construirlas a través de un complejo y dificultoso proceso de diálogo y negociación con la oposición, buscando cohesionar y en lo posible ampliar su base de sustentación, en un parlamento marcado por una fuerte disgregación y no poca polarización.

Pero tampoco la derecha tiene asegurada una mayoría para ejercer una acción obstruccionista, por más que busque consolidar una alianza con los sectores de centro o los llamados “amarillos” – sin representación parlamentaria, sumando recientemente al diputado Andrés Jouannet – eventualmente disponibles para tal empresa. Incluso, en la idea de constituirse en un partido político de carácter instrumental, algunos de sus voceros lo han definido como un partido con vista hacia la centroizquierda. La sentencia de Radomiro Tomic sigue plenamente vigente, “cuando nos aliamos con la derecha…”

La búsqueda de una rendición incondicional del gobierno representa el camino de la confrontación y la polarización que el país ha recorrido en el pasado, con muy nefastas consecuencias. Con el mismo realismo que demanda Ignacio Briones al gobierno, la derecha debiera asumir que se deben buscar acuerdos no tan sólo para redactar una nueva constitución con plena legitimidad democrática, sino también en materias económicas y sociales, que respondan a la demanda de cambios que estuvieron en la base del estallido social y que siguen plenamente vigentes tras el reciente plebiscito.

Aunque parezca disonante con el ambiente mediático post 4 de septiembre, el desafío no es otro que un nuevo pacto social, que comprometa por igual al gobierno, la oposición y la diversidad de la sociedad, incluyendo a trabajadores y empresarios. Ello supone un estado social y democrático de derechos, con nuevos derechos sociales garantizados, mayor justicia tributaria, acortamiento de la brecha de las desigualdades, reconocimiento de los pueblos originarios, paridad de género. Un nuevo modelo de desarrollo, sostenible y sustentable.

El TPP y los treinta años

Tras largos cuatro años de que se suscribiera en Santiago de Chile el acuerdo Transpacífico, del cual la expresidenta Bachelet fuera gran impulsora y entusiasta partidaria, finalmente el Senado ha fijado su votación para dos semanas más, sin que se alcanzara un acuerdo en las filas del oficialismo. Apruebo Dignidad, la coalición del mandatario ha hecho saber que lo votará en contra. “El TTP11 no forma parte del programa de gobierno del presidente Boric” ha expresado el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD. “Como bancada de Apruebo Dignidad, hemos conversado que tenemos una posición crítica al TPP11”. Daniel Jadue, el ex precandidato presidencial del PC, ha ido más lejos afirmando “Las transnacionales quieren quedarse con todo y aprobando el TPP11 destruirán lo que queda de nuestra producción nacional, por eso “No al TTPP#Chile sin TPP”-

Por su parte, el socialismo democrático se pronuncia mayoritariamente por aprobar el tratado internacional que la inmensa mayoría de sus signatarios ha ratificado. Un acuerdo aprobado por la cámara de diputados y que el senado podría apoyar por simple mayoría. “Los votos estarían”, sostiene el senador socialista Juan Luis Castro. “La votación adversa de Apruebo Dignidad puede que no afecte” anunció.

Ciertamente esta diferencia entre las dos coaliciones que apoyan al gobierno no es irrelevante. Se engarza con una discrepancia más esencial, vinculada a la vieja polémica respecto de los últimos treinta años y su legado, tal como quedara en evidencia con las declaraciones de Javier Velasco, embajador de Chile en España y amigo personal del presidente, al referirse al estallido social “un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana…

En esta visión, compartida por la mayoría de los partidos que integran Apruebo Dignidad, y de la cual el presidente Boric ha ido tomando creciente distancia, la ratificación del TPP11 tan sólo profundizaría el neoliberalismo.

Una de las más serias autocríticas al interior del socialismo democrático, incluido el PS, es no haber sido capaces de reivindicar el legado de las administraciones concertacionistas, admitiendo sus claroscuros, errores o insuficiencias. Las políticas de apertura económica impulsadas por las administraciones concertacionistas le permitieron al país más que triplicar el ingreso per cápita, pasando de US 7.000 de 1990 a más de US $ 24.000 antes de la pandemia, reducir los niveles de pobreza a menos de dos dígitos, mejorar todos y cada uno de sus índices sociales, pasando a liderar la región.

Es verdad que no tuvo el mismo éxito a la hora de reducir la brecha de las desigualdades, aunque no sea cierto que el país se inscriba entre los más desiguales del planeta. Está en la media de la región, con modestos avances en estos treinta años y retrocesos por efecto de la crisis originada por la pandemia y ahora de la guerra en Ucrania.

En relación al TPP11, existen algunos problemas con el acuerdo suscrito por los países signatarios. Algunos se han enmendado fruto de las negociaciones y la mayoría son subsanables mediante las cartas de resguardo intercambiadas por diversos países, entre ellos el nuestro. Sin embargo, las ventajas de suscribir el acuerdo son más que evidentes, por más que algunos analistas tiendan a desvalorarlas. Chile tiene tratados de libre comercio con la mayoría de los países signatarios, pero incluir economías desarrolladas como Japón o Canadá, no pueden ser descritas como menores. Lo prueba la ratificación del acuerdo por países vecinos, como Perú. Hay muchos mitos y no poca ideología en la resistencia a suscribir un acuerdo del que fuimos impulsores y todo apunta a que el tratado se ratificará con la oposición de la coalición del presidente. Eso puede ser bueno para Chile y menos bueno para la cohesión del exigido bloque oficialista.