El Ejecutivo recurre al “chantaje” para su aprobación y continúa negándose a instalar un pilar público contributivo solidario que permita un mejoramiento sostenible para lo(a)s actuales y futuros pensionado(a)s.
En discurso por cadena nacional el presidente de la República anunció la presentación de nuevas indicaciones al proyecto de reforma previsional[1]. En lo referido al pilar solidario propone ampliar su cobertura a la clase media pasando de cubrir del actual 60% al 80% de la población del país; aumentar la Pensión Básica Solidaria con el objetivo que ningún pensionado reciba pensiones bajo la línea de la pobreza y anticipar el reajuste a los pensionados de entre 65 y 74 años, previsto para 1 de enero del 2022.
Como ya ocurrió en el pasado, el gobierno, con estas medidas, busca presionar a la oposición para aprobar una reforma de pensiones que mantiene a las AFPs como columna vertebral del sistema, pese al rechazo que han manifestado de forma reiterada los ciudadanos. En efecto, respecto del pilar contributivo las indicaciones reiteran la instauración del aporte patronal de 6 puntos respecto al cual el gobierno insiste en dividir en dos partes, tres puntos que se depositarían en una cuenta individual de los trabajadores y tres puntos que irían a Programa de Ahorro Colectivo y Solidario (PACS). El proyecto innova en el sentido de que los tres primeros puntos irían a una nueva cuenta individual, no administrada por las AFPs, sino que por una agencia pública denominada Consejo de Administración de Seguros Sociales (CASS).
Las indicaciones dejan en evidencia un gobierno desorientado políticamente, en modo campaña y donde sus propuestas pecan, crecientemente, de inconsistencia e incoherencia.
En relación con lo primero, no queda claro cuál es la orientación política del gobierno. Reitera la necesidad de acuerdos nacionales para enfrentar los graves problemas que afectan al país; pero recurre a estratagemas que lo único que hacen es dificultar los acuerdo, de por si difíciles atendida la gran polarización existente. En el caso de las pensiones, recurre abiertamente al chantaje: si no se aprueba destinar 3 puntos a cuentas individuales, no se mejorará la situación de los beneficiarios del pilar solidario. Es sin duda “una torpeza”, como ha señalado el senador Juan Pablo Letelier, pretender alcanzar acuerdos con esas presiones. Pese a que la oposición ha dejado en claro que para avanzar en la reforma es indispensable destinar los seis puntos del aporte patronal al nuevo pilar público, el gobierno persiste en intentar eludir este punto. En un inicio, propuso que del aporte patronal se destinaran tres puntos a la cuenta individual pudiéndose ingresar a la cuenta en la propia AFP o en las otras instituciones privadas que autorizaba el proyecto. La nueva proposición de que los tres puntos que van a las cuentas individuales sean administrados no por las AFPs u otras instituciones privadas sino por una nueva institución pública, evidencia la ceguera gubernamental respecto de la voluntad opositora, que probablemente es de los pocos ámbitos en que representa el sentimiento popular, que es instalar un pilar público contributivo solidario que permita un mejoramiento sostenible de las pensiones de los actuales y futuros pensionado(a)s.
Estas estratagemas aparecen también en la forma como los funcionarios de gobierno enfrentan la discusión. Es el caso del superintendente de pensiones que argumenta de forma engañosa que no se condice con el cargo que ocupa. En efecto, señala que para “la gente” es más valioso que una parte del aumento de las cotizaciones vaya a sus cuentas individuales. Para una adecuada comprensión de lo que está en juego con la creación del pilar colectivo es necesario entender que éste genera transferencias desde los más ricos a los más pobres y desde los hombres a las mujeres. En consecuencia, al 90% de “la gente” le conviene el pilar colectivo pues recibirá una pensión mayor a la que habría recibido si se mantiene como única fuente de beneficios su cuenta individual. A contrario sensu, un 10% o menos de la población recibirá una pensión menor a la que recibiría si todos los recursos fueran a su cuenta individual. Ello sin embargo no es grave, pues se trata de un sector que cuenta con múltiples activos y fuentes para financiar sus necesidades, una vez que finaliza su vida activa. Tan importante como ello, es que además este 10% se verá beneficiado por que estará contribuyendo a un mejor pasar de amplias capas de la población lo que redundará en mayor cohesión y paz social de la que esos sectores son los principales beneficiarios. Del mismo modo, el superintendente sostiene que la propuesta gubernamental está en línea con lo que está ocurriendo en los países desarrollados que están optando por sistemas mixtos. Lo decisivo radica en si es el sistema de capitalización individual o el colectivo el que constituye la columna vertebral de esos sistemas mixtos. Mientras que el proyecto del gobierno consolida a las AFPs como columna vertebral del sistema en casi la totalidad de los países del mundo desarrollado el sistema de pensiones está construido en torno al sistema público de reparto y el sistema privado juega un papel secundario vinculado principalmente a la gestión de ahorros voluntarios adicionales.
Una actitud similar es la que muestra la Asociación de AFPs. El hasta esta semana presidente interino, Pedro Atria, cataloga de problema ideológico la participación del Estado en el sistema de pensiones, sin entender que uno de los obstáculos principales que impide abordar las graves deficiencias del sector es la desconfianza que la población tiene respecto de las AFPs, el rechazo a las altas utilidades de las administradoras y que ese puñado de entidades manejen los ahorros de los chilenos. Mientras ello no se resuelva, no será posible abordar el aumento de la cotización, las lagunas previsionales y el aumento de las expectativas de vida. Existe también ceguera en el empresario al no reconocer que el sistema de capitalización individual enfrenta el serio problema de la caída de rentabilidad de los activos financieros que parece a todas luces que persistirá, al menos por largo tiempo.
Sin duda que el Gobierno ha entrado en modo campaña. La oferta de ampliar el pilar solidario, de adelantar el aumento de las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario son elocuentes en ese sentido. No obstante ello la oposición debe valorar la iniciativa anunciando su disposición a aprobarla por los beneficios que trae a un sector tan vulnerable de la población proponiendo separar el proyecto en dos. Un primer proyecto que rápidamente apruebe los cambios al pilar solidario de manera que entren en vigor lo antes posible y un segundo proyecto que se concentre en los cambios en el sistema contributivo y la creación de un pilar público.
Ello sin embargo no es suficiente; es necesario abordar de manera
responsable el financiamiento sostenible en el tiempo de los beneficios que
pretende otorgar el pilar solidario, lo que hace necesario avanzar en la
reforma tributaria. El problema es que el gobierno está echando por la borda lo
que parecían sus convicciones fundamentales. Hasta ahora parecía que
participaba de un consenso bastante amplio de que los gastos permanentes debían
ser financiados por ingresos permanentes. Contrariamente a ello, la propuesta
de nuevas indicaciones pretende financiar los mayores gastos con eventuales y
poco definidas holguras fiscales.
Por Eugenio Rivera Urrutia
Fundación Chile 21 y Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible
[1] El proyecto lleva como título “Proyecto de ley que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica” y fue presentado a la Cámara de Diputados el 29 de octubre del 2018
