Por Luis Breull
840 minutos en total durante 28 días consecutivos -desde el 27 de marzo al 23 de abril-, tiene previstos repartir el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) entre los partidos políticos chilenos con representación parlamentaria y congresistas fuera de pactos para enfrentar el proceso de plebiscito para resolver si se redacta una nueva Constitución Política. Pero ninguno de esos minutos será para la sociedad civil ajena a estos núcleos de poder y que ha cobrado un rol relevante de denuncia y crítica en medio del estallido social.
El ente regulador del correcto funcionamiento de la TV chilena se enfrenta ahora a su peor pesadilla, luego de resolver su Consejo Directivo esta semana -por siete votos en contra y cuatro a favor- que las organizaciones sociales no tendrán derecho a participar de este espacio de difusión de ideas. Una decisión que contradice las declaraciones hechas hace menos de veinte días a El Mercurio por Catalina Parot, presidenta de esta institución, favorable a abrir la franja a actores ajenos a las colectividades políticas.
El ente regulador del correcto funcionamiento de la TV chilena se enfrenta ahora a su peor pesadilla, luego de resolver su Consejo Directivo esta semana -por siete votos en contra y cuatro a favor- que las organizaciones sociales no tendrán derecho a participar de este espacio de difusión de ideas.
Miedo a la incertidumbre
El CNTV siempre se rigió por disposiciones de la Ley de votaciones populares y escrutinios para la repartición de tiempos, pero esta vez fijó las normas de forma discrecional en su Consejo debido al carácter nuevo de esta elección.
La modalidad contiene dos horarios de quince minutos cada uno al medio día y cercano a las 21 horas. Por ello, serán dos franjas electorales que incluyen 7 minutos y medio para cada una de las opciones a someter a escrutinio: apruebo o rechazo al inicio del proceso constituyente y convención constitucional o convención mixta como fórmula o mecanismo de redacción de una nueva carta magna.
Lo que llama la atención esta vez es que los consejeros el CNTV -un órgano de rango constitucional que se dice independiente-, revelaron en su forma de excluir a la sociedad civil de este proceso que responden a intereses binominalizados de las élites políticas tradicionales. Que el miedo a la incertidumbre de abrir el debate a otros grupos no era deseable para la mantención del control del statu quo democrático. De otro modo no explica que actores políticos de la trayectoria del dirigente del PDC, Genaro Arriagada, integrante del Consejo, votara en contra de la moción de Parot (alineándose con representantes de sectores de derecha más conservadores como Carolina Dell’Oro, María Constanza Tobar, Andrés Egaña, Gastón Gómez, Roberto Guerrero y María de los Ángeles Covarrubias). En tanto, el voto favorable a la incorporación de organizaciones civiles correspondió a la propia Presidenta del ente regulador y los consejeros Esperanza Silva, Marcelo Segura y Mabel Iturrieta.
Que el miedo a la incertidumbre de abrir el debate a otros grupos no era deseable para la mantención del control del statu quo democrático.
Entre las condiciones que se quería pedir a las organizaciones civiles para participar de la franja estaba contar con un umbral mínimo de integrantes y asegurar al menos cinco años de existencia, además de no poseer fines de lucro. Requisitos que permitían abrir espacio a iglesias, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, agrupaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales, entidades vecinales, estudiantiles y académicas superiores, entre otras.
La siesta democrática
Lo que se entendía como un proceso plebiscitario abierto a la ciudadanía termina radicándose en las mismas voces de siempre, quienes detentan cargos de poder en el Congreso y sus aparatos partidarios. Algo lejano y contra tendencia de las demandas expresadas en medio del estallido o crisis social que se desató desde el 18 de octubre del año pasado. Una opción que impide a la TV chilena cobrar valor democrático orientador y pluralista que contacte el mundo de las élites de poder con una ciudadanía informada para resolver sobre su devenir constitucional.
Lo que se entendía como un proceso plebiscitario abierto a la ciudadanía termina radicándose en las mismas voces de siempre, quienes detentan cargos de poder en el Congreso y sus aparatos partidarios.
Una opción que impide a la TV chilena cobrar valor democrático orientador y pluralista que contacte el mundo de las élites de poder con una ciudadanía informada para resolver sobre su devenir constitucional.
De esta forma, el despliegue de la franja electoral televisiva pierde una valiosa oportunidad de crear capital social en torno a un proceso que está siendo boicoteado por parte del espectro político bajo el discurso de la incertidumbre, el miedo al caos y a la violencia que se puede gestar al dar de baja a la Constitución Política de 1980.
un proceso que está siendo boicoteado por parte del espectro político bajo el discurso de la incertidumbre, el miedo al caos y a la violencia que se puede gestar al dar de baja a la Constitución Política de 1980.
Ergo, en medio de una industria televisiva derruida en sus miserias producto de sus constantes y multimillonarias pérdidas financieras, y en instantes en que Televisión Nacional –la única estación pública- se hunde en su propio colapso corporativo y solo tiene liquidez para llegar a marzo 2020, cabe preguntarse la utilidad de esta franja electoral para escuchar las mismas voces de siempre. Es decir, ¿cómo puede garantizar el CNTV un real pluralismo desde la pantalla abierta que contribuya a fortalecer la democracia y no termine siendo un fragmento o bloque programático de servicio público tan costoso para los canales como irrelevante, aburrido e inútil para la ciudadanía?
