El país puede iniciar el camino para corregir su modelo de desarrollo conservando el techo ecológico y mejorando su fundamento social.
Hace 20 años, en 2001, tuve oportunidad de visitar Taipei, en Taiwan, y Wellington, en Nueva Zelanda. Para tener una comparación, el producto por habitante de Taiwan a esa fecha era un 13% más alto que lo que es nuestro producto por habitante actual, y el de Nueva Zelanda era, en 2001, un 18% superior al nuestro de ahora.
En Taipei pude comprobar cómo se cuidaba el medio ambiente desde los hogares. Todos estos tenían un sistema de trituración de vegetales incorporado al drenaje del lavaplatos, algo que ya había visto en Nueva York diez años antes; la basura se retiraba en días diferenciados, para separar lo que era combustible de lo que no era, y alimentaba dos centrales térmicas ubicadas al interior de la ciudad que, además de abastecer de energía, alimentaban centros deportivos con piscinas olímpicas temperadas. Todo lo posible de reciclar se reciclaba o reutilizaba.
En Wellington visité un centro de reciclaje, privado, al que llegaba toda la basura de la cuidad y que, con un sistema manual muy sencillo, separaba el material reciclable: vidrios, plásticos, metales, etc., de lo orgánico, que era lo único que llegaba al vertedero, generando allí un compostaje y energía limpia.
Tal vez los resultados no eran tan efectivos como yo los vi, pero los procesos demostraban un compromiso con el medioambiente adelantado en comparación a lo que hoy materializamos en Chile. Y dos países sin fuentes de energías convencionales ahorraban recursos.
Chile podría ahorrar recursos y mejorar su relación con el medio ambiente de múltiples maneras, pero para que ello ocurra no podemos tener un Estado inactivo, ni un sistema que espere que el mercado atienda lo que no es capaz de ver ni resolver.
Así como Taiwan y Nueva Zelanda, ya en 2001, modelaban procesos de reciclaje, hoy hay numerosas ciudades en el mundo que se han propuesto ser sustentables, acogiendo los principios del límite que nos impone el techo ecológico y la exigencia que nos impone el fundamento social de nuestros desempeños, siguiendo el enfoque desarrollado por la economista Kate Raworth.
Para mantener nuestra economía dentro del límite que nos impone el techo ecológico tenemos que hacer cambios en nuestra forma de vida, en cómo diseñamos y producimos y en las fuentes de energía que utilizamos. Esos cambios los debemos entender como una inversión para vivir mejor.
En el Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible entendemos que no solo hay que sustituir la generación de energía eléctrica a carbón y diésel por fuentes limpias, sino dar otros pasos igualmente importantes, como mejorar la eficiencia energética y sustituir, también en el transporte, el uso de fuentes de energía emisoras de CO2.
Pese a que nuestro país cuenta con fuentes naturales de energía, cada año importamos algo más de 10 mil millones de dólares en productos energéticos, gran parte de ellos altamente contaminantes, como el petróleo, el diésel y el carbón, que se utilizan principalmente en transporte y generación de electricidad. Una política correcta, sería sustituir esas fuentes contaminantes por energías limpias, a un costo financiero similar y a un costo social y ambiental significativamente inferior. Esta debe ser una de las prioridades para el próximo gobierno.
Hay que actuar a tiempo, y eso requiere acciones por parte del Estado. Así como en el gobierno de la presidenta Bachelet se cambiaron las bases de licitación para permitir el desarrollo de la energía eólica y solar, que hoy representan más del 20% de la capacidad instalada, y en marzo generaron esa proporción de la energía, ahora hay que dar pasos que nos conduzcan a un nuevo modelo de desarrollo basado en la construcción de una economía verde. ¡Y hay que comenzar a darlos ya!
Para no sobrepasar el techo ecológico tenemos que sustituir de nuestra canasta energética aquellas fuentes fósiles que están destruyendo el medio ambiente. Ello requerirá recursos para investigación, innovación y desarrollo y capacitación en un monto superior a lo que hasta ahora el país ha estado dispuesto a invertir, y tomar decisiones políticas respecto de si efectivamente estamos dispuestos a avanzar en ese sentido.
La “Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde” es un buen y mal ejemplo. Bueno, porque propone una opción radical respecto del cambio en nuestra canasta energética, y malo, porque no compromete recursos para su implementación. Y se aplica el dicho de que cuando hay voluntad hay mil recursos, cuando no hay mil excusas.
El país cuenta con recursos que puede destinar a este cambio trascendental, bastaría invertir parte de los fondos de pensiones, cuya rentabilidad debe conseguirse en el largo plazo, o parte del Fondo de Reserva de Pensiones, que también debe utilizarse en esos plazos, para hacer de esa Estrategia algo real y no un documento declarativo. El riesgo de utilizar estos fondos en desarrollar esta industria, del hidrógeno verde, es muy bajo ya que el país cuenta con los recursos materiales y el conocimiento tecnológico para desarrollarla, y falta ese impulso que reemplace las excusas.
Como es evidente, no son los actores del sector privado los que tienen la capacidad de articular una iniciativa de este tipo, lo contempla así la Estrategia, y por ello se requiere una definición país. Su impacto sería no solo en el medio ambiente, también en la autonomía energética y la generación de empleos directos e indirectos, estos últimos al poder acceder al sello verde en numerosas industrias, desde la minería hasta el comercio. Así no solo no se sobrepasaría el techo ecológico, sino se estaría ampliando el fundamento social de nuestro desarrollo.
¿Tiene sentido seguir esperando?
