El presidente electo asumió una decisión audaz pero realista a la hora de anunciar la conformación de su gabinete. Decidió incorporar a los partidos que integran el llamado eje socialista, con garantías de participación en las decisiones políticas de su gobierno.
Ciertamente la decisión no interprete al conjunto de su propia coalición, que aun mira con recelo y desconfianza a quienes integraron la ex Concertación y reivindican lo esencial de su legado.
Pero se trata de una opción que permite ampliar la base de sustentación del nuevo gobierno, aunque no garantice una mayoría parlamentaria para sus desafíos programáticos.
Consolidar una mayoría social y política, teniendo como referencia el contundente apoyo sumado en la segunda vuelta presidencial es una aspiración más que exigente. Ciertamente trasciende el esfuerzo para convocar a todos los sectores de la actual oposición, sumando adhesión social y fortaleciendo las transformaciones esenciales que se juegan en el proceso constituyente en su fase decisiva.
En la composición del futuro gabinete, el nuevo mandatario parece haber dado en el blanco en términos de una solidez política esencial. No tan sólo por el evidente impacto – no exento de cuestionamientos implícitos y explícitos de un sector del PC – de la designación como titular de Hacienda de Mario Marcel, quien sorprendió a muchos abandonando su “zona de confort” para asumir como una carta clave en la nueva administración. Más allá del esperable ruido mediático, la señal ratifica la voluntad del presidente electo de impulsar un proceso de cambios estructurales con plena responsabilidad fiscal y solvencia técnica.
Se podría también mencionar al actual senador Carlos Montes, uno de los parlamentarios mejor evaluado por sus pares, que asumirá la cartera de Vivienda. O, entre otras designadas, Marcela Ríos, una destacada profesional, experta en temas de pobreza, que se desempeñaba en un relevante organismo internacional. Ciertamente algo más se podría decir de la doctora Izquia Siches, con un rol decisivo en la victoria de Gabriel Boric, que no dudó en aceptar la enorme responsabilidad del ministerio del Interior y jefa del gabinete.
Es un gabinete equilibrado, con potencialidades en que confluyen- con preminencia de talentos profesionales jóvenes – diversas generaciones y sensibilidades políticas, con participación mayoritaria de mujeres por primera vez en nuestra historia. Su base política esencial, como es natural, reside en las filas de Apruebo Dignidad, pero con una participación relevante del ámbito socialista, así como de independientes y representantes de regiones.
La DC busca su destino
No es un detalle político menor que la Democracia Cristiana – que por estos días enfrenta la renovación de su directiva asociada a definiciones futuras trascendentes – no sea parte de este proceso. No son pocos quienes piensan que la falange enfrenta una crisis que puede derivar en terminal, que sus diferencias internas la ponen al borde de un quiebre y que su rol histórico como centro político estaría en extinción, mientras otros sectores aspiran hipotéticamente a ocupar aquel espacio.
Pero aquel gris escenario no es una fatalidad. Depende de lo que los mismos falangistas resuelvan como domicilio político, que un anterior congreso partidario fijó en la centroizquierda. Las alternativas no son muchas. Sumarse a una amplia corriente progresista en favor de los cambios, con sus propios énfasis y perfiles, ejerciendo una oposición constructiva (sin pactos con la derecha, como se ha afirmado), o jugar el rol de “partido bisagra”, buscando inclinar la balanza en uno u otro sentido. Son estas las opciones que hoy se juegan en las elecciones internas, en donde se impuso, en primera vuelta y por una muy estrecha mayoría, el actual alcalde de la Granja, Felipe Delpin. Ciertamente su próximo desenlace no tan sólo interesa a los militantes de la DC. De imponerse Delpin en segunda vuelta, la interrogante es la viabilidad de la unidad partidaria con una política de colaboración activa con el nuevo gobierno.
El compromiso con el programa de gobierno
Mucho se insiste en que el flamante gabinete debe estar comprometido con el programa de gobierno ofrecido al país y no pocos sectores acentúan que aquel es el postulado en la primera vuelta, sin dar cuenta del proceso de convergencia programática desarrollado durante la segunda ronda entre las candidaturas de Gabriel Boric, Yasna Provoste y Marco Enríquez Ominami.
Pareciera obvia la segunda opción, consistente con la definición de centroizquierda asumida recientemente por la designada ministra vocera Camila Vallejos. Independiente que, como regla general, los programas de gobierno (que pocos leen con detención) constituyan grandes orientaciones y una hoja de ruta con metas que alcanzar. Siempre sujetos a la contingencia, la correlación de fuerzas (sociales y políticas) y los avatares propios de la política.
El éxito o fracaso de un gobierno se mide por su capacidad de avanzar en los grandes objetivos propuestos. En este caso, con énfasis prioritario en superar las grandes desigualdades en el desarrollo y crecimiento económico, con ampliación de derechos y libertades, en orden y seguridad. Con una pretensión de ampliar la inserción internacional, particularmente en la región. En suma, entregar a su sucesión un mejor país que aquel que se recibirá. Y, en lo posible, traspasar la banda presidencial a alguien de su propia coalición.
Ciertamente en las antípodas del “legado” del actual gobierno de Sebastián Piñera. Con su resultado más que contradictorio con lo ofrecido al país, partiendo por “los tiempos mejores”, que hoy constituye una verdadera ironía.
Un nuevo ciclo político
El gobierno de Gabriel Boric asume enormes desafíos. Con un ambicioso programa de transformaciones urgentes. En un complejo escenario marcado por una rebelde pandemia que hoy experimenta una nueva ola de contagios. Con serias restricciones financieras y bajos pronósticos de crecimiento para los próximos años, en el marco de evidentes tensiones sociales y un complicado escenario político. Y cuando las expectativas son muy grandes.
En este escenario, no resulta sencillo definir prioridades o establecer gradualidades. El presidente electo ha hablado de priorizar el enfrentamiento de la pandemia, la situación en la Araucanía y una nueva reforma o pacto tributario, indispensable para financiar los cambios comprometidos.
Probablemente esas prioridades, siendo necesarias, no sean suficientes. El país requiere de un nuevo impulso al crecimiento. Con una importante apuesta por el rol que puedan jugar las PYMES, fuertemente afectadas por la emergencia sanitaria. La agenda de seguridad publica y la reforma de los servicios policiales es prioritaria. Los temas de descentralización marcan una evidente prioridad, así como una renovada agenda a favor de la transparencia y probidad (lejos de estar “estancado”, el país mantiene un honroso segundo lugar en materia de probidad en la región, pero existen situaciones más que inquietantes, como que el 52 % de los municipios registren irregularidades, como lo revela un informe de la Contraloría). No es soslayable el combate a los abusos del mercado, que demandan nuevos y más estrictos marcos regulatorios (como en los fármacos, textos escolares, el gas y el crédito). Y aún queda por definir una nueva agenda en el terreno internacional, que parte por las relaciones vecinales.
Con toda seguridad el próximo mes de febrero no será tiempo de vacaciones plenas para el presidente Boric ni para su gabinete, abocados a definir aquellas prioridades que marcarán la impronta del gobierno para su corto período.
Ciertamente la pandemia opacará la esperada ceremonia del traspaso del mando. No así el interés y expectativas que ha generado a nivel local e internacional la llegada al poder del presidente más joven de nuestra historia y lo que representa como promesa de un nuevo ciclo político en nuestro país.
