Con ocasión del tercer aniversario del estallido social, diversos dirigentes de derecha afirman que el país está mucho peor que hace tres años. Y algo de razón tienen. Excepto por el hecho que ya no gobierna Sebastián Piñera, uno de los responsables del estallido. Los niveles de inseguridad ciudadana se han incrementado considerablemente. Se han elevado los índices de violencia y criminalidad. La economía está al borde de la recesión y la inflación se eleva al 14 %. Los indicadores de pobreza y extrema pobreza se han incrementado y hoy existe una fuerte incertidumbre en materia institucional.
Pero hace tres años, aún no se había desatado la pandemia, que ha golpeado duramente a todo el planeta, entre ellos a nuestro país, con fuertes impactos económicos y sociales. Vladimir Putin no había declarado la guerra a Ucrania, contribuyendo a la crisis económica internacional, con fuertes incrementos en los precios de los combustibles y alimentos. Y el país no había vivido la farra de los sucesivos retiros de los ahorros previsionales, que contribuyeron a recalentar la economía y cuyos efectos estamos pagando en el presente.
Son múltiples y variadas las causas que pueden explicar el estallido social. Se han ensayado muchas, en su mayoría con fuertes sesgos ideológicos. Es claro que no fueron los 30 pesos de alza del pasaje del metro, pero no es igualmente evidente que hayan sido los treinta años, sin considerar el pesado legado de 17 años de dictadura y los dos mandatos de Sebastián Piñera. Según Cristián Larroulet, el estallido social buscaba la caída del gobierno y la pregunta es si su pésimo desempeño no contribuyó decisivamente a detonarlo.
De poco o nada sirve intentar banalizar las explicaciones o ignorar las razones más profundas del estallido. Y menos, actuar como si nada hubiese pasado y pensar que aquello quedó en el pasado. Bien lo dijo el presidente al conmemorar el tercer aniversario del estallido. Es la expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que, pese a liderar el ingreso per cápita de la región y mejorar todos y cada uno de sus indicadores sociales, registra inaceptables niveles de desigualdades en materia de ingresos, educación, salud, vivienda y pensiones.
Nuestro país y también el planeta han retrocedido en los últimos tres años. Los fallecidos por efecto del coronavirus se cuentan por millones. La pandemia ha afectado las cadenas de abastecimientos y la inflación golpea por igual a los países desarrollados y en desarrollo. Y nuevamente se asoma la amenaza nuclear esgrimida por Putin. Los fenómenos migratorios se incrementan en la misma medida que los países no son capaces de ofrecer seguridad ni condiciones mínimas de subsistencia a sus habitantes.
Todos estos factores contribuyen a agravar una situación que ya venía muy complicada. Ninguna de las demandas levantadas con ocasión del estallido ha sido resuelta. La propuesta de nueva constitución fue rechazada por una amplia mayoría ciudadana y el país aún tiene pendiente la tarea de redactar otra con plena legitimidad democrática, a la par que dar debida respuesta a las demandas sociales y avanzar en una agenda para materializar un legítimo estado social y democrático de derechos.
Los grandes desafíos del gobierno
El gobierno enfrenta enormes desafíos en este complejo escenario del país. Un primero, además de culminar el proceso constituyente, es el de volver a crecer, garantizando una mejor distribución de los frutos del crecimiento. Con empleos dignos y de calidad, adecuadamente remunerados. Con mayor justicia tributaria y acortamiento de la brecha de las desigualdades.
En segundo lugar, avanzar en una agenda social que permita materializar un verdadero estado social y democrático de derechos, respondiendo a las demandas y necesidades más urgentes y apremiantes de la ciudadanía, como lo revelan las encuestas.
En tercer lugar, garantizar la paz social y la seguridad pública, con pleno respaldo a las fuerzas de orden y seguridad, en el marco de un estado democrático. Ello pasa por un urgente refuerzo de los servicios policiales para enfrentar la amenaza del narco tráfico y el crimen organizado, así como un diseño político para resolver la deuda histórica con los pueblos originarios.
Y todavía queda una relevante en el tema propiamente social y cultural, para avanzar en la igualdad de géneros, la no discriminación y la inclusión social. Sin mencionar los desafíos a nivel internacional y vecinal, que constituyen todo un capitulo.
Son desafíos muy relevantes para un gobierno que no cuenta con mayoría parlamentaria y que enfrenta un fragmentado escenario político. Un gobierno al que le ha costado su proceso de instalación, con errores no forzados, sin un diseño claro y déficits en la gestión del estado, tanto a nivel nacional como regional, lo que se traduce en su sensible baja en las encuestas.
En verdad, se requiere de un verdadero pacto social, que comprometa por igual al conjunto de los actores políticos y sociales, incluyendo a empresarios y trabajadores. Un pacto que incluya una nueva constitución, las bases de un nuevo modelo de desarrollo y un verdadero sistema de protección social, en donde se asegure un acceso a una salud oportuna y de calidad, una educación y salud igualitaria, una vivienda y pensiones dignas.
Cecilia Morel, la ex primera dama, dijo una gran verdad frente al estallido social, que sigue vigente y pendiente. Los sectores de mayores ingresos, aquellos que manejan no tan sólo el poder económico sino también buena parte del poder político y comunicacional, deben asumir que deben desprenderse de algunos de los privilegios de los que han gozado hasta ahora, para contribuir a la paz y cohesión social del país. No es una mala inversión, pensando únicamente en sus intereses.
La contienda política es legítima y propia de un sistema democrático, a condición de que se enmarque en ciertos límites y no se traduzca en polarización y enfrentamientos permanentes, que impidan todo acuerdo o avance. En la amplia diversidad y fragmentación política que hoy presenta el país, existen sectores extremos, que no están disponibles para el diálogo y los acuerdos, pero existe una clara mayoría dispuesta para ese indispensable proceso de dialogo y construcción de acuerdos. Al menos así lo declaran.
El nuevo proceso constituyente
El proceso constituyente debe culminar con una nueva constitución aceptada por todos los sectores. Por definición, una constitución debe ser neutra, excepto en sus definiciones esenciales. Con reglas del juego unánimemente aceptadas, en donde todos se comprometan con la democracia como el espacio y límite de la acción política, con posibilidades de participar y competir en igualdad de condiciones.
Uno de los mayores errores del proceso constituyente, además de sus evidentes maximalismos, fue el de no buscar consensos amplios e incluyentes. Es más que evidente que algunos y algunas de los y las representantes de la derecha, que se manifestaron por el rechazo al proceso constituyente, no estaban disponibles para ningún acuerdo y lo que buscaban era defender los principios esenciales de la actual institucionalidad (entre ellos el famoso estado subsidiario), pero existían otros, que se jugaron por aprobar el proceso constituyente, con los que se podría construir acuerdos. Aún al precio de rebajar las expectativas (como se tendrá que hacer en la siguiente etapa).
El desafío que hoy enfrenta el nuevo proceso constituyente, además de fijar los bordes o principios en los que debe encuadrarse, es definir un mecanismo inobjetablemente democrático y participativo, que posibilite un amplio acuerdo entre los diversos sectores políticos.
Los “expertos” no son neutrales. Cada uno tiene sus propios sesgos, como es natural. Sin duda pueden hacer importantes contribuciones al nuevo proceso constituyente, ofreciendo diversas perspectivas, que necesariamente deben ser dirimidas por los legítimos representantes de la ciudadanía, democráticamente electos. Otra cosa es que estos expertos se postulen o sean designados por las diversas bancadas parlamentarias, de manera proporcional a lo que cada una representa, como parecer ser la fórmula que se abre camino, pero sería muy perturbador que su voto tuviera un poder dirimente, por sobre los representantes democráticamente elegidos.
A diferencia del proceso anterior, este nuevo proceso no parte de cero. La convención anterior hizo aportes muy relevantes, que han sido reconocidos internacionalmente, que necesariamente deben ser rescatados en esta nueva etapa. Será muy esclarecedor para la ciudadanía conocer aquellos avances del anterior proceso constituyente que rescatan cada uno de los diversos sectores políticos y cuánto de la actual institucionalidad buscan preservar. Sobre todo, en materia económica, derechos sociales y régimen político, Ese se constituirá en el verdadero “test de la blancura” del nuevo proceso constituyente.
