La democracia necesita con urgencia avanzar hacia un nivel superior de madurez. Esto implica un fuerte incremento de la participación y de la eficacia de la representación. El presidencialismo ha sido consustancial a la formación de un sistema político elitista. Es hora de avanzar hacia una democracia más profunda por la vía de un régimen parlamentario.
Afirmar que la sociedad chilena se encuentra sumida en una profunda crisis, no sorprende a nadie. Ni siquiera el alcance de esa crisis hoy está sujeto a mucha discusión, al punto que la movilización social nos ha puesto en medio de un proceso constituyente de una masividad inédita en Chile, como un intento de abordar el carácter estructural del problema.
Muchos son los temas que cabe analizar a la hora de fijar los pilares de un nuevo marco constitucional que permita regular las dinámicas propias de una sociedad democrática. Pero, sin duda, el que este marco permita avanzar hacia una sociedad de derechos es hoy una necesidad de primer orden.
En ese contexto, determinar qué tipo de régimen político es el que entrega mayor estabilidad a nuestra democracia, maximizando la participación, es ciertamente un desafío mayor. Esto, en el entendido que la arquitectura de la política es la que permite procesar los conflictos inherentes a la existencia de intereses contrapuestos en todo grupo humano.
Los fundamentos del presidencialismo
El presidencialismo en Chile hunde sus raíces en lo más profundo del Estado oligárquico, un sistema político del que se encontraban excluidas las más amplias mayorías sociales y dejaba en manos de las mismas élites que concentraban el poder económico la gestión del Estado. Esos grupos que se codean con el poder desde la cuna. De ese modo, la vieja oligarquía capturaba las instancias llamadas a tener un control sobre la manera en que realizaban la acumulación de capital.
La instalación del modelo desarrollista a finales de los años treinta en el siglo pasado mantuvo como herencia este sistema. Si bien nuevos actores accedían entonces a espacios acotados del Estado, las élites seguían controlando amplios campos de la toma de decisiones; esto, no obstante, la presencia de nuevos segmentos sociales que comenzaban a participar de lo público.
La modalidad particular del presidencialismo chileno cautelaba el régimen de exclusión social; la participación en política y la representación social de las élites eran claramente insuficientes desde el punto de vista de la fortaleza democrática.
Los conflictos en el presidencialismo
La sociedad está sujeta permanentemente a las tensiones propias de la presencia de intereses contrapuestos en su interior. Esas tensiones pueden transformarse eventualmente en conflictos agudos y crisis mayores. Para evitar que ello ocurra, el sistema político cumple la función de contención y procesamiento de esos conflictos, generando acuerdos que deben satisfacer, aunque sea parcial o transitoriamente, las expectativas de los grupos sociales que se enfrentan.
Para que lo anterior pueda ocurrir, se requiere que los distintos grupos cuenten con representación al interior del sistema político. Solo en ese caso es posible articular acuerdos y los nuevos consensos que se generan pueden tener una mínima solidez. Es justamente la aparición de segmentos de la sociedad que no encuentran expresión en el sistema político, lo que está en la génesis de su propia crisis.
En el régimen presidencialista, las élites que controlan el sistema político son las encargadas de formar nuevos consensos, y en esa tarea evidencian sus propios intereses. Así, una medida de la eficacia del sistema político es la capacidad de esas élites para convencer a los distintos sectores -con representación o no en el sistema- de que los consensos que ellas impulsan reflejan los intereses del conjunto de la sociedad. Cuando ello deja de ocurrir, el sistema político ha dejado de cumplir su función y colapsa. Esa crisis es reflejo de los problemas de representación. Cuando no existen vías de participación política a través de un sistema de representación de los distintos sectores, las crisis y conflictos se vuelven un problema de orden público y objeto de represión por parte del Estado. Si la represión es eficaz, el conflicto se posterga; si no, se profundiza y enquista.
La diversidad de la sociedad contemporánea
La sociedad siempre ha sido diversa. Han existido sectores con intereses propios y distintos a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, muchos de ellos no logran expresarse, o por distintas vías han resultado asimilados a la oferta política disponible.
Nuestra época está caracterizada por una multiplicación de grupos y sectores sociales que poseen conciencia de sí, de sus intereses y derechos, y están dispuestos a movilizarse. A diferencia del pasado, no son susceptibles de reducir a la oferta existente, y cuando no encuentran un encaje en el sistema político, tienden a convertirse en free riders que atacan el sistema de organización del poder desde los márgenes.
Este fenómeno tampoco es nuevo. La naciente clase obrera en las postrimerías del siglo XIX consiguió una expresión política en el Partido Demócrata que evolucionó hasta llegar en 1922 a convertirse en el Partido Comunista. Lo mismo ocurrió con el desarrollo y expansión de las capas medias en el siglo XX, que hubo de superar los estrechos márgenes del Partido Radical para dar lugar a la DC. Finalmente es el caso también de los pobres del campo y la ciudad, cuyas reivindicaciones superaban las coordenadas del Partido Comunista o del socialismo chileno, encontrando cobijo en el MIR. En todos los casos, a excepción del MIR cuyo proceso fue abortado por el golpe de Estado de 1973, el sistema político les dio cabida a los grupos y organizaciones emergentes, dando inicio a su proceso de elitización. Las aristas más afiladas de sus propuestas programáticas y su estrategia de poder se iban puliendo lenta e inexorablemente en los pasillos del Congreso.
La realidad emergente se diferencia de este proceso en la multiplicidad de sectores que hoy día tienen una voz y algo para decir, pero que, además, no son reductibles a las expresiones políticas preexistentes o a mínimos de consenso. Los animalistas no son de izquierda o de derecha; para las corrientes LGTBI no sirven las gárgaras de progresismo que puedan hacer los partidos; el feminismo ya no se conforma con una sección para mujeres dentro de esas organizaciones, ni incluso con la paridad.
Enfrentado a esa realidad, el presidencialismo supone una restricción para la conformación de acuerdos que puedan cobijar las diferentes representaciones. Empuja las coordenadas de lo posible hacia el centro, haciendo que los consensos alcanzados tengan, finalmente, una baja capacidad para representar intereses amplios.
Un régimen parlamentario
La realidad actual está poblada de múltiples actores, por ello varios análisis la definen como “fragmentada”. No obstante, y contrario a lo que señalan, esto no constituye un hándicap. Lejos de ello, mientras mayor es la cantidad de actores de la política, mayor es la porción de la realidad social que pugna por tener una representación en lo público. Esta realidad se dificulta en un sistema presidencialista. Primero, porque a mayor diversidad de actores, disminuye la probabilidad de alcanzar mayorías absolutas y en la “segunda vuelta” de una elección los votantes deben renunciar a sus opciones ideológicas, votar por “el mal menor” o definitivamente abstenerse. En cualquier caso, la representación final de la candidatura triunfadora se aleja de la óptima que podría resultar de una negociación abierta.
En el escenario descrito de múltiples actores, un sistema parlamentario maximiza la participación y la representación política de los distintos sectores sociales. Con umbrales accesibles, distintos grupos pueden levantar sus candidaturas a la máxima autoridad del país (Presidencia de Gobierno o Primer Ministro), cargo que resulta de una elección abierta a la que concurren todos los actores con sus respectivas listas de candidatos y candidatas al Parlamento. Según la votación que obtienen, eligen más o menos cupos. Una vez constituido el nuevo Parlamento, el partido ganador en escaños presenta su candidato o candidata a encabezar el Gobierno.
Debido a la diversidad de actores, la probabilidad de mayorías absolutas es muy baja. Por lo tanto, desde que se conocen los resultados de la elección hasta la constitución del nuevo Parlamento, se producen las negociaciones programáticas que deberán dar lugar a una mayoría suficiente de escaños. La negociación para construir la mayoría necesaria es abierta, en el sentido que la sociedad conoce los tópicos del eventual acuerdo, ex ante y ex post a la ratificación en el Parlamento de la nueva autoridad máxima.
De manera adicional, el sistema parlamentario cuenta con instrumentos de mayor eficacia para procesar las crisis políticas que se suceden con regularidad. Si el Gobierno sigue un derrotero que no es compartido por la alianza de fuerzas políticas que facilitó su ascenso -y, por tanto, por la sociedad-, los partidos minoritarios que participan de la alianza gobernante o que le dan sustento desde el Parlamento, pueden retirar ese apoyo. En ese caso, el grupo mayoritario en el Gobierno está obligado a buscar nuevos apoyos y eso también es un proceso abierto de negociación. Alternativamente, si se configura una mayoría opositora en el Parlamento, se puede presentar una moción de censura que encabeza el grupo opositor mayoritario. De prosperar, se configura un nuevo Gobierno con ese grupo a la cabeza.
En todos los casos, el arte de la política, que es construir acuerdos de la mayor amplitud posible para que tengan estabilidad, se despliega permanentemente, teniendo como pilar fundamental el debate programático.
En el régimen presidencial la crisis política es siempre un dilema, es decir, una disyuntiva en que ninguna alternativa es buena o, al menos, mejor que la otra. La caída del presidente o la presidenta, sea por renuncia o destitución (no contemplamos, por cierto, la ruptura institucional), es un suceso traumático que arrastra consecuencias de gran alcance. La alternativa que se mantenga hasta acabar su periodo deja a la sociedad expuesta a un agravamiento de la crisis y al aumento de la posibilidad de ruptura.
La política como función pública
Una condición indispensable para una reforma del régimen político es la refundación del sistema de partidos. Ellos son los actores que legítimamente deben encarnar la representación de los distintos grupos sociales y promover la participación de la sociedad en política. Los parlamentarios electos deben ser portadores de las visiones programáticas de sus organizaciones, apoyar la construcción de acuerdos y alianzas, y actuar disciplinadamente en consecuencia. Sus votos en el Parlamento no son de su propiedad, sino de la ciudadanía que los llevó hasta dicho lugar con el objetivo de defender una propuesta programática. La libertad de conciencia está bien, pero el momento primordial para usarla es cuando se acepta ir en la lista de un partido que porta determinado programa de Gobierno.
Vinculado a lo anterior, para que los partidos puedan cumplir a cabalidad la función que el sistema político necesita que cumplan, deben financiarse exclusivamente con fondos públicos, ser auditados de manera permanente por la CGR y quien regule su actividad, castigando severamente las transgresiones, en tanto constituyen una ofensa grave a un componente esencial de la vida pública. Solo de esa manera habrá una separación definitiva entre el poder del dinero y la política.
Un agudo analista señalaba en una distendida conversación: “La democracia es buena, está bien… pero es un juguete caro.” Ciertamente, pero lo necesitamos.
