En pocos días se celebrarán elecciones municipales y regionales en condiciones difíciles para las fuerzas que forman parte de la coalición de gobierno. Las graves acusaciones que afectan al hasta hace poco subsecretario del Interior han sido devastadoras, en medio de una intensa crítica a labor de seguridad y un clima de inquietud exacerbada por la oposición y los medios masivos. Este daño político se da en el contexto de las esquirlas del caso Hermosilla-Chadwick- Guerra, que puso en evidencia todavía más el manejo del financiamiento ilegal de la política y los grados de corrupción originados en la derecha, y su incidencia indebida en el funcionamiento de la fiscalía y en el poder judicial. La destitución de dos ministros de la Corte Suprema por el parlamento agrava las cosas, en una lógica espuria de empate y sin respetar criterios elementales del debido proceso. Por primera vez se promueve como una sola dos acusaciones en la Cámara por situaciones completamente distintas, lo que logra el apoyo de una mayoría parlamentaria, incluyendo diputados oficialistas, y una sanción en el Senado sin que el gobierno y sus fuerzas pudieran poner racionalidad en la situación. Todo esto ha aumentado la desconfianza general en las instituciones y golpea al conjunto del sistema político, lo que termina por desgastar aún más la imagen del gobierno y provoca una desazón general en la ciudadanía. A pesar de la vigencia del voto obligatorio, probablemente el próximo fin de semana aumentará la abstención y el apoyo a la extrema derecha.
La tarea principal para la izquierda después de la elección será hacer todo lo posible por limitar los daños y evitar una derrota presidencial y parlamentaria el próximo año.
El gobierno deberá realizar una reorganización profunda, poniendo en pie un equipo que construya una agenda de cierre consistente para 2025. Las fuerzas y corrientes de la izquierda estarán obligadas a subrayar los bloqueos del programa de gobierno por la oposición y la necesidad de elegir un nuevo parlamento congruente con la nueva opción presidencial progresista que habrá de emerger. Y ponerse en modo de proyección de un futuro con mejores respuestas frente a los desafíos del país que las autoritarias y socialmente regresivas de la derecha aliada a la extrema derecha. Debe proyectarse, desde una autocrítica veraz de los procesos de la última década, una fuerza de izquierda moderna que pone la probidad en el centro, con una propuesta clara, mejor inserta en la sociedad y las instituciones, plural y abierta al centro, capaz de gobernar pero que aprende las lecciones de su propia experiencia y conecta con la evolución reciente de los cambios en el mundo y sus desafíos.
Proyectar incluye la palabra proyecto. Se afirma que la izquierda hoy no tiene ninguno, lo que suele decirse de quienes están en la tarea cotidiana de gobernar, en especial en condiciones de minoría parlamentaria y de acoso mediático. Pero los proyectos políticos con significado histórico no son fruto de la imaginación de un líder o de un grupo de personas lúcidas, aunque siempre sean bienvenidos y bienvenidas, sino que se inscriben en las evoluciones y contradicciones de la sociedad.
La izquierda en Chile, si quiere mantener alguna incidencia política en el futuro, en primer lugar, debe permanecer unida, respetando su diversidad, y concordar una agenda política consistente en vez de cultivar luchas de hegemonía. Y, en segundo lugar, debe considerar que no ha dejado de tener un proyecto, por la simple razón que siguen existiendo problemas no resueltos en la sociedad, salvo que se renuncie a ser parte de su solución y se tome distancia de los valores que encarna y de la tarea de representación de los intereses del mundo del trabajo y la cultura y de las nuevas generaciones.
Frente a la persistencia de una muy alta desigualdad social y una sociedad polarizada, cabe seguir luchando por el trabajo decente y con derechos, que otorgue poder negociador a los asalariados más allá de la empresa, cuyo dinamismo debe estimularse pero con una injerencia del trabajo en sus decisiones mediante formas progresivas de democracia económica y de mayor participación en las utilidades, junto a favorecer la integración al trabajo formal de los trabajadores precarios, la formación continua y la expansión de la economía social y solidaria. Y seguir promoviendo una reforma tributaria progresiva y redistributiva, que recupere en mayor proporción la renta de los recursos naturales, grave la riqueza extrema y penalice las especulaciones y depredaciones y, al mismo tiempo que asegure el acceso a condiciones básicas de vida, devuelva de manera permanente el IVA de bienes básicos a las familias de menos ingresos a través del bolsillo electrónico de reciente creación.
Dada la precariedad de las condiciones de vida de la mayoría, se debe seguir avanzando en la protección universal frente a los riesgos de enfermedad, desempleo, vejez y pérdida de autonomía, con especial énfasis en reformar el sistema de pensiones y el de seguros de salud, fortalecer la salud primaria y la capacidad y productividad de los hospitales públicos.
Frente a la discriminación de la mujer, cabe seguir luchando por la erradicación de toda violencia de género y por ampliar los derechos reproductivos, incluyendo el aborto sin causales y sin limitaciones ideológicas o religiosas, junto a terminar con la discriminación salarial y en el cuidado y establecer la paridad en todas las instituciones colegiadas, públicas y privadas.
Frente a la degradación de la educación, que enfrenta males sociales crecientes, cabe hacer de ella un espacio de integración republicana, orientada a la emancipación humana a través de valores compartidos y del acceso al conocimiento y la cultura, y no solo de búsqueda del rendimiento, lo que requiere fortalecer sustancialmente la educación pública y orientarla a la excelencia, la no discriminación y el respeto a la pluralidad social y de sus pueblos.
Frente al estancamiento económico y la crisis ambiental, se debe sostener una política macroeconómica que favorezca el crecimiento del empleo y los salarios, junto a usar los excedentes de los recursos naturales para una industrialización sostenible y una rápida transición energética, en vez de seguir transfiriendo una alta proporción a inversores externos. Se debe promover un fuerte empuje de las empresas públicas del cobre y el litio y sus industrias y servicios conexos, crear una empresa estatal de energías renovables a partir de ENAP, producir una desconcentración efectiva de los mercados y establecer una nueva política de tarifas públicas que favorezca a los consumidores, junto a un aumento de la diversificación e innovación y una integración favorable -en vez de subordinada e inductora de un crecimiento empobrecedor en el largo plazo- en las cadenas globales de producción.
Se debe abordar los cambios tecnológicos en curso apoyando, en palabras de Daron Acemoglu, un camino distinto al «desarrollo de tecnologías que beneficien al capital sobre el trabajo (mediante la automatización, la deslocalización y el arbitraje fiscal internacional)» en beneficio de invertir «en tecnologías a favor de los trabajadores que mejoren la especialización y la productividad«, así como la producción sostenible, junto a promover la sobriedad en el consumo y la alimentación y conductas saludables.
Frente al fracaso de los procesos constituyentes y la persistencia de una institucionalidad deslegitimada y en crisis, se debe seguir luchando por reformar la constitución para asegurar que prevalezca en las instituciones la voluntad mayoritaria con un parlamento representativo de los ciudadanos que la garantice, respetando la pluralidad, los derechos fundamentales y los de las minorías, estableciendo una lógica de igualdad de oportunidades en la función pública y de profesionalismo que erradique el clientelismo y las corrupciones de toda índole, con una separación efectiva de poderes y una descentralización que favorezca el autogobierno y la calidad de vida en los territorios y la inversión integradora y verde en urbanismo, vivienda y desarrollo sostenible de los espacios rurales.
Existen, además, agudos problemas contingentes que requieren nuevas respuestas. Se debe cautelar que la inmigración transcurra con límites y solo por las vías legales, lo que está lejos de ser imposible si se crea las salvaguardias suficientes en la zona norte y en los accesos aereoportuarios, incluyendo la creación de una guardia de fronteras especializada, sin olvidar que debemos ser una sociedad de acogiday que la crisis de la natalidad en Chile es aguda y que por ello se requiere de una inmigración regulada y con derechos.
Frente a la violencia de los delincuentes cabe actuar con energía y resolución fortaleciendo las policías y su equipamiento, vinculando más estrechamente su trabajo con las comunidades, utilizando en casos excepcionales la disuasión militar, pero sin otorgarle a las autoridades castrenses potestades de administración del territorio como hoy, junto a fortalecer sustancialmente el control de las cárceles frente a los carteles, rechazar el populismo penal y, a la vez, crear un nuevo dispositivo fuerte y sólido de lucha contra el crimen organizado, con capacidades, presupuestos y equipamientos a la altura del desafío. Frente a la desatención de las causas sociales y culturales de la delincuencia, al menos los 400 mil jóvenes que no estudian ni trabajan deben ser objeto de programas masivos que combinen trabajo comunitario con formación para la inserción educativa y en el empleo.
La política desde la izquierda, en contraste con la del partido del orden oligárquico y su agenda conservadora y autoritaria de debilitamiento del Estado, de las protecciones sociales y ambientales, de las regulaciones económicas, consiste en asumir siempre los desafíos de cambio desde la sociedad y el Estado y actuar de manera consistente y persistente para construir progresivamente un país de personas libres e iguales en derechos y oportunidades, a pesar de todas las dificultades.
