La madurez de un país puede medirse por la calidad de sus instituciones y por la sobriedad de su conversación pública. No obstante, hoy se observa que los grandes escenarios del espacio común se han vuelto un teatro del absurdo, donde utilitariamente se simula una siútica e hipócrita cordialidad (que no es más que una espectacular y agresiva ordinariez insultante) y se vocifera un aparatoso y/o falso escrúpulo legal que finge decoro cívico o trato justo. Por eso, en Chile la dignidad no es más que un bien de consumo: mientras en un set televisivo se cambia por minutos de rating; en una sala de audiencias de tribunales se negocia por eficiencia procesal.
Lo intolerable dejó de escandalizar para ser administrado como si fuera normal. Y lo que debía ser la frontera de lo prohibido se convirtió en trámite. Una periodista que trabajó diez años en el canal que luego la humilló en pantalla; una Fiscalía regional que externaliza y privatiza el traslado/custodia de pruebas con el dinero aportado por el mismo gremio que acusa y es parte querellante. El país de los protocolos se volvió el territorio de las excepciones. Lo que ayer era anomalía hoy se muestra como correcto. Dos actos de una misma obra en que la decadencia se enuncia en su forma más nítida cuando se decide normalizar lo que no se debe tolerar.
El espectáculo como pedagogía de la humillación
En la noche del domingo 17 de agosto pasado, la escena del prime time de Chilevisión fue tan clara que ni el mejor guionista podría haberla escrito. María Paz Arancibia, periodista de larga trayectoria en ese canal, sentada en el mismo canal donde trabajó durante una década y al que renunció en diciembre 2024 para volcarse a la venta de contenidos en sitios para adultos. Esta vez le pagan por participar en ese capítulo de Primer Plano, programa ícono de la historia de la farándula televisiva. La invitan como entrevistada para despejar una polémica y terminan convirtiéndola en material de escarnio de un tribunal de panelistas concertados para insultarla y menoscabarla en su dignidad personal y en su condición profesional de modo impúdico, llegando incluso a la burla y compasión por su supuesta afectación mental/emocional.
El panel se dedica a repetir adjetivos como si fueran golpes de boxeo, calificándola de mentirosa, cuestionando su capacidad para trabajar en grupo. Frases como “nadie te soporta” o “no te conozco… Yo te entiendo que tengas que colgarte de este conflicto inventado porque necesitas tener en pantalla. Te encuentro super clever, te estoy prestando ropa en eso”. O bien normalizando el bullying en su contra al integrar en el verano un panel de farándula de TV+ por un par de meses, del que renunció por no sentirse bien acogida por el equipo, culpándola a ella de ser responsable de gatillar esas conductas: “uno nunca es víctima, siempre es responsable, sale de la víctima”.
El repertorio de insultos de Catalina Pulido, Pablo Candia y Francisca Merino, o la complicidad silenciosa de Vasco Moulián y Cecilia Gutiérrez, más Daniela Aránguiz en un reportaje pregrabado y luego en un contacto telefónico, configuraron unos minutos de alta tensión que al mismo tiempo celebraron como clímax televisivo. La frase de antología la pronunció Aránguiz con naturalidad, descalificando a la periodista, aludiéndola como “Todos los potos pelados”. El panel ríe y alguien advierte que para la próxima habrá que tener más cuidado con el consumo de espumante. Un circo patético en el que la dignidad, otra vez, paga la cuenta.
Lo notable de esta sección es la coherencia institucional. El mismo canal que fue empleador de María Paz Arancibia por diez años -dándole espacio como reportera y notera en terreno-, ahora se convierte en su verdugo editorial. El mismo espacio que alguna vez se vistió de periodismo se disfraza de espectáculo barato. Lo llamativo es la ausencia de pudor y la incapacidad del conductor del espacio para frenar este linchamiento. Nadie en el set se levanta para decir basta. Nadie en la dirección corta la transmisión. El agravio se transmite como si fuera parte del guion para alcanzar un clímax dramático.
¿Consecuencias?
La legislación chilena es clara y este capítulo recibió cerca de 2.500 denuncias, siendo uno de los casos que lidera el ranking anual. El CNTV obliga a respetar la dignidad de las personas y sanciona el sensacionalismo que degrada, la truculencia que asfixia. La Constitución protege la honra y la integridad psíquica de las personas. La Ley Karin exige que todo contrato laboral, incluso por un día, asegure un trato libre de violencia. La Ley Zamudio castiga la discriminación en cualquiera de sus formas. Y, sin embargo, la norma se convierte en simulacro, en espejismo, en fatamorgana; está ahí, se exhibe en las vitrinas republicanas, pero no entra nunca a la sala de control.
El problema de este caso no es la ausencia de regulación; es la cultura de la impunidad televisiva. El set se entiende a sí mismo como un territorio autónomo donde la humillación es entretenimiento. Se tolera porque produce audiencia y se normaliza porque nadie paga el costo. Las multas del CNTV pueden prorratearse como gasto de producción. La rectificación se esconde en horarios imposibles. El daño queda tatuado en la memoria de la entrevistada y en la retina de los espectadores.
La ironía mayor es que Chile se siente orgulloso de las leyes Karin y Zamudio, las presentan como avances civilizatorios, las celebra como triunfo de la conciencia de no discriminación, de feminismo y derechos laborales. Pero cuando llega la hora de aplicarlas en un canal de televisión, el protocolo se convierte en ficción. Nadie se atreve a decir que lo que vimos en pantalla es exactamente lo que las definen como acoso y menoscabo. Nadie.
La justicia como set paralelo
Mientras tanto, en los pasillos judiciales, la tragicomedia adopta otro libreto. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a tres operadores de casinos por colusión en licitaciones de permisos. El caso es fundado y afecta recursos públicos, revela la fragilidad de los procesos licitatorios y pone bajo la lupa a empresarios que aparentemente supieron cómo moverse en la penumbra.
Pero el detalle que escandaliza —o debería escandalizar— ocurre en otra rama de este campo judicial. En causa penal por máquinas de juego y destreza, denunciadas como ilegales, el traslado y la custodia de las pruebas se ha financiado por más de un año con dinero de la Asociación de Casinos de Juego (la misma investigada por colusión), quien en este caso es la parte querellante. Es decir, quien tiene interés directo en que se condene a los acusados está pagando por resguardar la evidencia que supuestamente lo demuestra, a la espera de peritajes técnicos que demuestren que está en lo cierto. El absurdo es tan evidente que uno se pregunta cómo alguien pudo firmar ese arreglo sin reírse de sí mismo, cómo el fiscal nacional, Ángel Valencia autorizó la aprobación de este reglamento interno que entraría en conflicto con otros poderes del Estado como el Judicial y la Contraloría.
Lo que debiera provocar renuncias solo genera silencio. Lo que en otros países sería un escándalo nacional aquí se convierte en trámite administrativo. Se discute si la externalización fue eficiente, no si fue indecente. Se revisa si el procedimiento cumplió con el formulario, no si violó la imparcialidad más básica. La justicia chilena se maquilla de técnica para esconder su desnudez ética.
Al igual que en el set de televisión, el problema no es la ausencia de reglas. Es la costumbre de administrar lo intolerable. El formulario de cadena de custodia se llena con pulcritud y el papel puede estar impecable. El problema es que la prueba pasó por manos interesadas. La objetividad no se documenta con firmas. Se demuestra con independencia.
En una república sana, un solo rumor de esa práctica espuria habría encendido todas las alarmas. Aquí se discute si el arreglo es eficiente. El Ministerio Público a través de la Fiscalía regional de Concepción –que reglamentó este procedimiento como lícito-, está obligado por ley a actuar con objetividad. No persigue personas o banderas, sino hechos con imparcialidad.
El Código Procesal Penal exige que la prueba sea obtenida y resguardada con garantías que permitan su control. Existen formularios únicos de cadena de custodia y sellos que estandarizan la trazabilidad. Y la Contraloría General de la República custodia la probidad y los conflictos de interés de la administración.
Ergo, la pregunta no es retórica. ¿Qué parte de este triángulo admite que un querellante financie la custodia de la prueba que pretende sostener su acusación? La respuesta no cabe en una nota al pie, porque lo que está en juego no es un detalle administrativo, sino la credibilidad del sistema.
Cuando la custodia se privatiza sin fundamento normativo claro, sin contrato público sometido a vigilancia y sin garantías plenas de independencia, el proceso Penal se contamina de un germen que lo corroe desde adentro. La apariencia de imparcialidad se evapora y tal como informó Radio Bío-Bío hace unos días, la defensa puede alegar exclusión probatoria por quiebre de cadena. El tribunal deberá ponderar que la evidencia fue mantenida en manos interesadas.
Un sistema judicial que tolera esa solución pragmática por razones económicas o de urgencia abre la puerta a un mundo donde cada cual podría traer su custodio si el Ministerio Público admite falta de recursos. No por malicia, no por costumbre. Este es el punto más delicado. La normalización. La idea de que lo intolerable puede administrarse con un reglamento. La tentación de convertir la excepción en estándar cuando hay quien paga.
El país de los manuales y los atajos
En los dos escenarios —el televisivo y el judicial— aparece la misma patología. Un país que produce leyes, protocolos y códigos con la solemnidad de un seminario académico, pero que en la práctica transa con el atajo más inmediato. El CNTV dicta sanciones que se convierten en impuesto al escándalo. La Fiscalía publica manuales de objetividad que consagran custodias privatizadas. La Contraloría insiste en la probidad mientras mira cómo la administración terceriza lo indelegable.
Chile se convirtió en el país de los manuales y de los atajos. El lugar donde se redactan protocolos con entusiasmo y se los ignora con eficacia. El territorio donde se ratifica el Convenio 190 de la OIT y se aplaude en conferencias internacionales, pero se permite que una periodista sea tratada como carne para el rating en el mismo canal que forjó su trayectoria profesional y que por diez años fue su empleador. La república que llena bibliotecas con códigos de ética mientras la cadena de custodia se privatiza con dinero de los acusadores.
La ironía es que los chilenos se acostumbraron a este doble estándar con una mezcla de resignación y cinismo. Lo que ayer habría provocado protestas hoy provoca comentarios en redes. Lo que ayer habría tumbado autoridades hoy se discute en clave de eficiencia. El país no está anestesiado, está entrenado en la normalización.
La dignidad como moneda corriente
Lo que une a los dos casos es el extravío de la dignidad. En televisión se sacrifica la dignidad individual de una mujer que merece respeto profesional y personal. En tribunales se sacrifica la dignidad colectiva de un país que necesita confiar en la imparcialidad de la justicia. Son dos caras de la misma moneda.
La periodista convertida en objeto de burla y la evidencia custodiada por un interesado ilustran la misma crisis. La dignidad dejó de ser un límite infranqueable. Ahora es una variable transable. En un caso se cambia por puntos de audiencia. En el otro se permuta por conveniencia logística.
Chile exhibe con orgullo sus avances normativos. Pero la dignidad no se protege con bibliotecas de leyes; se resguarda con prácticas coherentes. Y en este terreno, la brecha entre la norma y la realidad es un abismo.
La ironía de un país agotado en su rutina
Como afirmé en una columna anterior recordando a Albert Camus, las sociedades no se suicidan, se cansan. Chile parece encarnar esa frase con una perfección inquietante. No es que el país haya renunciado explícitamente a su dignidad. Es que la administra como un recurso escaso. La dosifica. La sacrifica cuando conviene y la negocia cuando estorba. Y en ese ejercicio cotidiano de transacción termina agotado, cada vez con menores niveles de confianza institucional y social, incapaz de indignarse de verdad y frenar estas arbitrariedades.
El resultado es un país que se reconoce en un espejo deformado. En la televisión ve la caricatura de sí mismo, celebrando la humillación de una periodista a manos de un panel concertado. En los tribunales ve la comedia de la imparcialidad, administrada con planillas Excel para mantener a casi una veintena de personas privadas de libertad o con medidas cautelares por más de un año ya, por el hecho de ser pequeños empresarios de recintos de entretención y juegos de destreza. Y en ambos casos reacciona con la misma mezcla de ironía y resignación. Nada es tan grave. Todo puede arreglarse. Todo tiene explicación.
Quien quiera observar en estos dos casos solo una anécdota o desmadre puntual volverá a confundirse. Lo que nos enseñan es que Chile se acostumbra rápido a lo que no debe tolerar; que la humillación televisiva con sello de farándula y la privatización práctica de la cadena de custodia con sello de eficiencia comparten ADN. Este año 2025 se ha vuelto un laboratorio de la decadencia normalizada. Un país que produce leyes admirables y las transforma en un decorado paupérrimo. Que defiende la dignidad en discursos y la sacrifica en la práctica. Que exige probidad a sus funcionarios y tolera que la cadena de custodia se financie con intereses privados directamente interesados en obtener un fallo condenatorio. Que celebra la libertad de expresión y la confunde con la licencia para humillar.
Quizá un día no muy lejano, cuando busquemos escenas para representar esta década, elegiremos justamente alguna de estas dos o ambas. Un estudio televisivo donde una periodista que resistió con dignidad una conversación y entrevista por parte de un panel insultante en el que los supuestos y las frases vulgares corrían como un hilo de cloaca. Unas bodegas donde las evidencias reposan acompañadas de formularios correctamente escritos, pero con un dueño impropio que corrió con todos los gastos para culpar a la contraparte. Dos imágenes y un país, más una pregunta que no admite evasivas: ¿Cuántas veces más aceptaremos que lo intolerable se presente como normal?
La respuesta empieza cuando dejamos de aplaudir y pedimos cuentas; cuando aplicamos con sensatez las leyes y procedimientos que escribimos. Cuando entendemos que la dignidad y la imparcialidad no son accesorios. Son el corazón de lo poco civilizado que va quedando. Y que, sin ellas, por muy modernos, globalizados y correctos que nos creamos, en el fondo todo el resto es solo un triste simulacro.
