La historia se repite 

Allá por marzo de 1974, cuando los estudiantes de Economía retomamos las clases en otra sede de la Universidad de Chile, nos encontramos con dos sorpresas: muchos amigos y compañeros ya no estaban; y los que tuvimos la suerte de no ser expulsados, al matricularnos fuimos informados de que aproximadamente el 90% de los cursos que ya habíamos aprobado había sido eliminado por marxistas. O sea, prácticamente volvíamos a fojas cero. Tanto así que, muchos de nosotros tuvimos que participar casi en calidad de mechones porros en la clase magistral que el profesor Álvaro Bardón dictaba para inaugurar el año académico. Seríamos unos 100 alumnos abarrotados en una de las salas del edificio de República 517. El tema de la charla fue la necesidad del choque económico para recuperar la economía del país. Mientras el profesor Bardón exponía la política económica de la dictadura. En un cierto momento, a un estudiante más agudo, y probablemente también más valiente, se le ocurrió insinuar la posibilidad de que las medidas que tan académicamente nos comentaba el profesor podrían generar mucha cesantía. “¿Y cuál es el problema?”, debe haber respondido el profesor, para concluir en forma desafiante que “alguien tiene que pagar la fiesta de la Unidad Popular”.

A solo semanas de la instalación del nuevo gobierno, pareciera que la historia se repite. Con más elegancia, con un cierto aire de obviedad económica y con un evidente entramado de afirmaciones que se enuncian como verdades absolutas y que todo lo justifican. Si el gobierno de Boric nos dejó un país sumido en una crisis nunca antes vista (una “emergencia”), hay que actuar sin debilidad, con carácter, mostrar la madera de la que están hechos nuestros actuales gobernantes. El problema que se planteaba el profesor Bardón es similar al que se han planteado los encargados de las políticas económicas del nuevo gobierno: muy simple, alguien debe pagar por esta crisis y, ciertamente, quién debe hacerlo es el conjunto de los trabajadores y, ciertamente, no deben hacerlo los grupos empresariales y, ni mucho menos, los más adinerados, a quienes hay que cuidar, apoyar y financiar. O algo así. Alguien me dirá que mi enfoque es sesgado.

Creo que tiene razón, porque la política anunciada por el señor Bardón allá por 1974 tuvo consecuencias dramáticas para el país y sobre todo para los sectores más vulnerables. Recordemos que hubo cifras de cesantía que bordearon el 15% y un empobrecimiento generalizado de la población. ¿Se acuerdan de los empleos de emergencia, mínimos tanto por el monto que se les pagaba a los trabajadores como por lo mínimo que hacían como aporte productivo? Todo ello se justificaba con las riquezas que los empresarios generarían para chorrear sus beneficios al resto de la población. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Cuando recuperamos la democracia (1990) había niveles de pobreza que bordeaban el 40% de la población. A eso habíamos llegado después de 17 años de gobierno dictatorial esperando que con tanto apoyo a las inversiones en algún momento empezara el chorreo.

Algo del actual discurso del gobierno me recuerda, casi punto por punto, las ideas que dominaban en tiempos de Pinochet.  Hoy, encabezado por el ministro Quiroz, el gobierno de Kast quiere convencernos de que, en la medida que la mayoría de los ciudadanos paguemos los desequilibrios de la economía (que, evidentemente, no está en quiebra, como quisieron insinuar y reiteraron durante la campaña electoral) el país va a recuperar la senda del crecimiento. Y que, si nos preocupamos de apoyar la inversión privada bajándoles los impuestos de todo tipo, volveremos a crecer y chorrear. ¿Cuándo? No hay certeza, pero a quién le importa. Sin embargo, se olvidan sistemáticamente de que los períodos de más alto crecimiento en el Chile contemporáneo ocurrieron bajo los gobiernos de la Concertación que incluyeron reformas tributarias progresivas, incrementando las tasas de impuestos para las empresas y los sectores más adinerados.

No quiero hacer de esto una reflexión económica. No tengo el conocimiento suficiente más allá del sentido común de alguien que le ha tocado vivir durante muchas décadas distintos momentos de la economía chilena. La discusión de fondo, dejémosela a los especialistas. Me llama la atención -y lo hago no como una reflexión de economía sino como una reflexión de carácter más político- es la lógica con que el actual gobierno tomas sus decisiones. Veamos el caso del alza del petróleo y sus consecuencias. Frente al alza inevitable, había dos posibilidades: amortiguar el impacto de las alzas en las economías domésticas o bien trasladar el costo de una sola vez a los consumidores de bencina, y de esta forma sincerar la economía y sus precios, independiente si eso representa un castigo a las mayorías menos adineradas. Parece que esta opción suena bien para una economía ortodoxa. Y fue la que este gobierno privilegió. A pesar de tener plena conciencia del daño que se hacía a millones de familia de los sectores medios y bajos. La desigualdad de base en esta opción es impactante: ¿cómo comparar el impacto de la medida en una familia media con un ingreso promedio, al de la misma alza en una familia cuyos ingresos son 5 o 10 veces mayores que los promedios de Chile?  Frente a esta pregunta, a lo mejor Bardón habría contestado: “¿Y qué?”. 

Podríamos pensar que esto fue un hecho aislado, quizás un error, que de verdad este gobierno está permanentemente pensando en toda esa gente que tiene más dificultades para pasar el mes, y que se equivocó. Pero pareciera ser que no hubo error. La lógica imperante es mucho más parecida a la que proclamaba Álvaro Bardón y que implementó de manera brutal el gobierno militar. Lo vemos en otro ejemplo indiscutible: la liberación del pago de las contribuciones a los mayores de 65 años. Hay personas que, producto de las malas pensiones otorgadas por las AFP´s, al momento de jubilarse bajan de manera significativa sus ingresos y las contribuciones por las propiedades que han sido el sueño de sus vidas se les vuelven muy onerosas. Pero sabemos que la gran mayoría de los chilenos no pagan contribuciones. Y que quienes lo hacen están en el segmento más minoritario de la población. Entonces, la solución de eliminar el pago de las contribuciones para los mayores de 65 años termina siendo una contribución a aquellos sectores más ricos de la población. Pero el efecto más serio es el deterioro del efecto redistributivo asociado a este impuesto a la propiedad, porque ese grupo minoritario de la población chilena que paga fuertes contribuciones en las comunas que más recaudan permite constituir un fondo solidario con el resto de las municipalidades más pobres del país. O sea, como diría Bardón, “¿Y qué?”.

Aparece evidente el elemento estructurante del pensamiento del actual gobierno. Tienen la convicción de que la única manera de que nuestro país crezca económicamente es facilitando y alivianando las exigencias económicas de los sectores más ricos de la población y castigando, a cuenta de una promesa de la cual no hay ninguna garantía de que se vaya a cumplir, a los sectores de ingresos medios y bajos de nuestro país. En la base de este pensamiento hay una concepción glorificada del valor de la actividad privada. Tal vez esto tendría sentido si la discusión todavía se diera entre este modelo y los sistemas de economías centralizadas instaladas en países comunistas (de los que casi no quedan en el mundo). Sin embargo, la glorificación de lo privado en la provisión de bienes sociales no pareciera ser muy eficiente. Los países que han resuelto bien este equilibrio lo han hecho con fuerte actividad privada y fuerte actividad pública. 

Entonces el tema de las mejores políticas públicas es mucho más de enfoque y de prioridades, es mucho más de objetivos y preocupaciones, porque si realmente lo que importara fuera la calidad de vida de la mayoría de las personas, en el país estaríamos probablemente buscando soluciones que de alguna forma pudiesen compatibilizar las virtudes de lo público y lo privado, de la colaboración y la solidaridad entre los chilenos Cuando a veces discutimos respecto a qué es ser de izquierda o de derecha, o qué es ser progresista o regresivo, estamos hablando de esto: si tenemos que optar porque los más pobres tengan que esperar varios años más para tener un hipotético beneficio porque el mundo privado necesita mucha libertad y mucho apoyo para poder hacer sus inversiones, como propone este gobierno, o si buscamos soluciones donde no todo el costo lo deban pagar los sectores medios y más desprovistos de Chile. Lo de ahora, parece una triste y trágica repetición.