El gobierno, con el concurso de los principales medios de comunicación, han intentado presentar la aprobación del megaproyecto misceláneo como un gran triunfo, pero, en verdad, es uno esencialmente pírrico, donde el ejecutivo no logró sumar un solo voto de la oposición y tuvo que hacer concesiones menores al PDG para lograr su aprobación en la cámara de diputados. Las propias declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, evidencian la frustración del Ejecutivo ante tan magro resultado. Estuvieron a punto de sumar a unos pocos senadores de oposición a un acuerdo parcial, que se frustró por la torpeza del ministro Quiroz.
Desmintiendo lo que afirma el oficialismo, la oposición presentó propuestas alternativas al proyecto de reforma tributaria, pero el gobierno no estuvo dispuesto a dialogar respecto de los temas esenciales.
El gobierno y el oficialismo han asumido una inmensa responsabilidad en su empeño por aprobar una regresiva reforma tributaria, pese a las advertencias de diversos y reconocidos grupos técnicos que han advertido de los graves riesgos económicos que representa para el país. También el sector empresarial que apoyó entusiastamente una reforma que busca mayor competitividad en bajos impuestos y salarios y no en modernización y productividad.
Cuatro años pasan rápido y allí se verá si la riesgosa apuesta de bajar los impuestos a los sectores de mayores ingresos se compensa con mayor crecimiento económico. Una premisa que no ha sido validada en ningún país. El escepticismo y pesimismo ciudadano que se manifiesta en las encuestas respecto del futuro económico del país se sustenta en aquellas evidencias y señales a ojos vista.
En verdad, el sueño de dividir a la oposición entre buenos y malos, separar al llamado socialismo democrático del Frente Amplio y el PC, no pasa de ser una ilusión. Es más que evidente que no existe una sola oposición, sino diversas oposiciones con manifiestas diferencias entre sí, tal cual no existe una sola derecha sino varias derechas. Pero, al igual que a esas derechas las une la resistencia a la llamada “izquierda tóxica”, como la bautizó Marcela Cubillos, al progresismo lo une la batalla en contra de las derechas.
La agenda gubernamental no acaba de explicitarse y se debe asumir que está fuertemente tensionada por diversos sectores del oficialismo, entre los que se incluye al Partido Nacional Libertario, que se ufana de poner la música con que baila La Moneda. Ciertamente decisivo es el Partido Republicano (fundado por el presidente), que reconoce afinidad con los nacional libertarios, coincidiendo en la demanda explícita para privatizar CODELCO y presionando por indultar a condenados por delitos de lesa humanidad. Se suma el PDG, que condiciona su apoyo a medidas que le abran camino a Franco Parisi a una futura presidencia. Y Chile Vamos, que afanosamente busca sobrevivir a la arremetida de la ultraderecha.
En medio de estas presiones de diversos sectores de la derecha por marcar la agenda gubernamental, el ejecutivo registra hasta el momento la desvinculación de 36 autoridades designadas. Las más bulladas han sido las de la frustrada titular de Seguridad pública y la vocera de gobierno, Mara Sedini, que en recientes declaraciones acusó a autoridades de torpedear su gestión. Muchos la acusan de deslealtad, pero, la verdad, la culpa no es del chancho sino de quién le da el afrecho.
Es más que evidente que las diversas oposiciones se unirán férreamente en la defensa de CODELCO en manos del Estado. Como lo harán en defensa de los derechos y conquistas sociales y oponiéndose a los indultos para violadores de derechos humanos. Asímismo mismo defenderán la televisión pública, el Instituto de Derechos Humanos, las vapuleadas normas de protección medio ambiental y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y todo intento de restauración conservadora.
Así el escenario, el gobierno enfrenta enormes desafíos para impulsar una agenda que no busca consensos para avanzar, sino imponer temas que son resistidos por la ciudadanía y no cuentan con claras mayorías parlamentarias. Frente a la posibilidad de perder su mayoría en el Senado, Kast podría optar por impulsar esa controvertida agenda a través de decretos. Una vía más que riesgosa y que amenaza con judicializar la agenda gubernamental.
Esta polarización a ojos vista no tan sólo pone en riesgo un eventual éxito del actual gobierno, sino que amenaza con fracturar al país en dos bandos, con serios daños al presente y una gran incógnita a futuro. ¿Qué sucede si el gobierno fracasa? ¿se fortalece una opción populista o un retorno de un progresismo renovado? Depende de factores aún inciertos. Entre ellos, los cambios en el escenario internacional. Ante la compleja situación económica, y la lucha en contra del crimen organizado, que configuran principales preocupaciones y demandas ciudadanas, el gobierno de Kast, pese a sus ajustes ministeriales, continúa al debe, con grises pronósticos.
El “arancelazo” de Donald Trump
La arbitraria imposición de una sobre tasa arancelaria de un 12,5 % a las exportaciones nacionales a los EE. UU. no solamente echaron por tierra las recientes afirmaciones del Canciller Pérez Mackenna acerca de que se afianzaría la relación de nuestro país como “aliado estratégico” con Trump, sino que genera un duro golpe a los exportadores chilenos, dejando “bastante confusos”, tanto al gobierno como a los empresarios, que no dudaron en calificar la medida como injusta.
Sin embargo, más allá de los pretextos (Chile, junto a otros sesenta países a los que se ha aplicado igual medida, no estarían haciendo lo suficiente para combatir el trabajo forzado), la razón esta más que clara. La medida se enmarca en la disputa por la hegemonía con China y, de paso, financiar la onerosa guerra con Irán y el creciente déficit fiscal de EE. UU.
El gobierno ha reaccionado con excesiva prudencia, pese al hermetismo del mandatario y los matices entre diversos ministros, buscando la vía del diálogo y negociación con la administración Trump, intentando aminorar el impacto de la medida y con la esperanza de eximir a algunos de los productos más críticos de la sobre tasa, pero es muy improbable que lo consiga. Por más que sea inconstitucional, Donald Trump impone sobre tasas arancelarias a países amigos y no amigos sin mayor discriminación. Lo hace porque lo necesita y porque puede. Al igual que declarar unilateralmente la guerra a Irán, sin pasar por el Congreso, como mandata su constitución y las leyes que ha jurado respetar, secuestra a un mandatario en ejercicio de un país soberano y lo somete a la justicia estadounidense, endurece las sanciones a Cuba o insiste en la anexión de Groenlandia. Todo bajo la reedición de la llamada doctrina Monroe.
La delicada situación en que Donald Trump ha puesto al mundo con sus delirios imperiales exige de nuestro país una muy sofisticada política exterior que este gobierno está muy lejos de impulsar. Una política realista y pragmática, basada en principios y el respeto por el derecho internacional, que vele por el interés superior del país, sin ideologismos o alineamientos que limiten nuestra independencia y soberanía.
