Extracto del libro «Ocho presidentes y un dictador» de Sergio Bitar.
¿Cuáles, a mi entender, fueron las causas de la derrota del proyecto de la Unidad Popular? Aun cuando varias de ellas las he enunciado antes, una síntesis puede entregar lecciones para las nuevas generaciones. Si bien es cierto los procesos y acontecimientos no se repiten, pueden darse consonancias, similitudes o características cuyo conocimiento ilumina y enseña cómo evitar errores del pasado.
Nota: Para este tema, ver mi libro El gobierno de Allende. Chile 1970-1973, editorial Pehuén, Santiago, cuarta edición, 2017. También disponible en la Biblioteca Nacional Digital.
LA AUSENCIA DE ALIANZAS DE MAYORÍA
Un primer factor determinante fue la ausencia de una política de alianzas que hubiera configurado una mayoría parlamentaria a favor de los cambios. Esta era una condición sine qua non para viabilizar el ambicioso programa de gobierno. Y no se logró.
Seguían vigentes los famosos tres tercios y los tres estaban en una pugna irreconciliable. Lograr una mayoría para llevar adelante los cambios era fundamental. A la inversa: dejar que se articulara un entendimiento de los otros dos tercios en contra del gobierno podía crear un panorama especialmente complejo.
La Unidad Popular no consideró prioritario buscar una mayoría parlamentaria. Sus miembros estimaban que la consolidación de los proyectos dependería de la fuerza de los sectores populares organizados y movilizados en las calles, en los gremios, en los sindicatos y en las organizaciones de base. Existía la convicción de que ello proporcionaría la sustentabilidad necesaria para ejecutar el programa. Para algunos militantes de la UP era dable suponer que, así como la Democracia Cristiana pudo sostenerse sola en sus seis años de gobierno, la izquierda también podría crecer y resistir sin alianzas.
Tampoco la UP era una alianza cohesionada. A medida que avanzaba el gobierno y se acentuaba la pugna política, sectores del Partido Socialista bregaban por una radicalización. Y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desde posiciones extremas ajenas a la UP, incitaba a acelerar el paso y proponía la vía armada como salida política.
El importante acuerdo de la UP con la Democracia Cristiana para aprobar las reformas constitucionales sobre garantías democráticas solicitadas por ese partido, pudo ser un precedente para otros pactos similares, como promulgar la Reforma Constitucional presentada por los senadores Juan Hamilton y Renán Fuentealba en octubre de 1971, donde se definían las áreas de propiedad social, mixta y privada. Esa reforma fue aprobada en el Congreso y, en febrero de 1972, el Presidente vetó algunas de sus disposiciones por desacuerdos en el seno de la Unidad Popular. Si se hubiera aceptado el proyecto aprobado por el Parlamento en ese momento, en vez de esperar hasta septiembre de 1973, cuando el Presidente decidió llamar a un plebiscito, las cosas pudieron haber sido distintas. Ahí ya era muy tarde para evitar el golpe. Conseguir gobernabilidad implicaba construir una mayoría política y respetar los límites acordados en el programa, por el gobierno y sus partidos, lo que no ocurrió.
EL INCOHERENTE MANEJO ECONÓMICO
Un segundo factor que entrabó el proyecto fue un programa económico mal concebido. Se pensaba que lo importante era el aumento de la producción, del empleo, del consumo y de la inversión, y se consideraban menos relevantes los aspectos financieros y monetarios. Algunos economistas de gobierno concibieron una política económica indiferente al aumento del déficit fiscal derivado de la atención a las enormes demandas sociales y, por tanto, surgieron desequilibrios macroeconómicos desestabilizadores.
A fines de 1971, recuerdo haber asistido a reuniones donde los aspectos fiscales y monetarios estaban casi ausentes del análisis. Y llegado 1972, el desajuste y la inflación se fueron tornando inmanejables. Cuesta explicar esta carencia de una visión integradora entre la «economía real» y la «economía financiera» que, si hubiera existido, habría amortiguado la crisis. A pesar de las advertencias, no se pudo contener el enorme déficit presupuestario, donde los gastos públicos superaban a los ingresos recaudados por impuestos. A ese gasto se agregaba la carga inesperada de financiar a empresas expropiadas que empezaban a acumular pérdidas.
El desabastecimiento provocó desconcierto y descontento. La especulación y el mercado negro se extendían generando indignación en las familias de clase media y populares, inicialmente neutras o proclives al gobierno. Allí, la derecha vio una oportunidad de acrecentar la inquietud y angustia de la gente, instigando campañas de desestabilización. Esta experiencia arrojó otra importante lección: cuando los cambios son acelerados, una desviación de la trayectoria al comienzo es muy difícil de enderezar después, con daño a la gobernabilidad.
No existió una estrategia que previera el impacto simultáneo de los cambios en la estructura de la propiedad y de los efectos de una política redistributiva expansiva. La abrupta elevación del gasto fiscal y del consumo, a la par con la contracción de la producción derivada de los cambios de la propiedad, generaron desequilibrios y la consiguiente incertidumbre. La aceleración de la Reforma Agraria afectó la producción de alimentos. Si bien la producción de cobre creció entre 1970 y 1973, superando los obstáculos iniciales derivados de la nacionalización, el ataque de las empresas norteamericanas afectadas se tradujo en intentos de embargo de nuestros envíos al exterior y se contrajo el financiamiento de organismos internacionales. La expansión del consumo popular excedió la disponibilidad de divisas necesarias para satisfacer la demanda interna.
TOMAS INESPERADAS DE EMPRESAS Y DE TIERRAS
Un tercer elemento fue la pérdida de control por parte de partidos y del gobierno de iniciativas espontáneas de grupos de trabajadores al interior de sus empresas, o incluso de activistas ajenos a la coalición. El gobierno no pudo contener una dinámica que traspasó el marco programático inicial. La toma de tierras y de industrias iban produciendo inquietud y temor en propietarios, empleados y trabajadores de empresas menores y de sectores medios. A medida que esta acción —a veces espontánea y sin un control central— se aceleraba, daba pie para que la oposición acusara al gobierno de actuar con la intención oculta de un control económico total para luego adquirir el poder político total.
Muchos políticos de izquierda animaron estas acciones y luego se desentendieron. Con frecuencia, las movilizaciones sociales eran indispensables para remover las barreras que interponían las fuerzas conservadoras o sacudir la complacencia de élites negligentes. Sin embargo, era responsabilidad de los partidos encauzar esa fuerza social sin ser desbordados.
En una sociedad democrática, las funciones y objetivos que los ciudadanos persiguen a través de la movilización social son distintos de las tareas que competen a los partidos políticos. Muchas movilizaciones expresan un descontento auténtico, fruto de la desigualdad, de la discriminación o el mal gobierno, y son a veces espontáneas y habitualmente pasajeras. A veces no tienen conducción ni propuestas claras y no garantizan cohesión y gobernabilidad. Son los partidos los responsables de recoger esas aspiraciones y canalizarlas.
Durante los años de la Unidad Popular, el gobierno contó con movilizaciones masivas a su favor. Sin embargo, algunos grupos radicalizados comenzaron a poner en riesgo la estabilidad del mismo gobierno. Cuando dirigentes políticos apelaban a los trabajadores para no tomar una fábrica y estos igualmente lo hacían, se debilitaba la confianza en la capacidad de conducir y se entregaban argumentos a la oposición para dar otra interpretación a estos hechos.
De ese período quedaron lecciones inestimables para el progresismo y la buena administración. En sociedades complejas, con élites poderosas y una cultura conservadora enraizada, el desgobierno y el vacío de poder despiertan temor, generan inestabilidad y entonces numerosos ciudadanos se sienten atraídos por los discursos autoritarios.
Las fuerzas reformistas deben preservar su cohesión y disciplina para cumplir lo comprometido, aunque cumplan parcialmente. Su gran desafío es conducir la energía social y las protestas, e impedir que ellas se perciban como amenaza por sectores medios y populares. Los partidos políticos de izquierda no pueden ser meras correas de transmisión de intereses de grupos particulares. Su función es representar los intereses del conjunto y tener una visión integral de los problemas nacionales.
SUBESTIMACIÓN DE LA AGRESIVA POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS
Un cuarto elemento determinante en el desenlace del gobierno de la Unidad Popular fue la decisión de la administración de Richard Nixon de impedir que Allende asumiera la presidencia y, después, propiciar su derrocamiento. Las iniciativas de ese presidente y de su Secretario de Estado, Henry Kissinger, implementadas por la CIA, tuvieron un grave efecto desestabilizador. La agencia norteamericana de inteligencia tuvo participación en los asesinatos del comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, y del ministro del Interior de Frei, Edmundo Pérez Zujovic, al comienzo del gobierno, en 1970.
Poco de ello se sospechaba entonces, pero las evidencias surgidas en los años posteriores dan cuenta de un intervencionismo superior al imaginable entonces. Las operaciones de la CIA fueron reveladas en el informe del Church Committee del Congreso norteamericano, y en muchos otros archivos desclasificados posteriormente. Allí se registra que desde un comienzo hubo una activa coordinación de grupos de la extrema derecha chilena con militares golpistas, apoyados por los norteamericanos. También fue patente el involucramiento del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, y de sus diarios, que apoyaron la idea de un golpe desde un comienzo.
El sistema político estadounidense entregaba y entrega un poder excesivo, con mínimo contrapeso, al Presidente de la República en la definición de las relaciones y acciones internacionales. Los mecanismos institucionales de control entre poderes o checks and balances, que resguardan el funcionamiento de la democracia interna norteamericana, no funcionan igual para la política internacional. Esa política externa está fuertemente influenciada por las grandes corporaciones y, particularmente en esos años, por las grandes empresas explotadoras de recursos naturales. Además, las consideraciones de «seguridad» se imponían, desmintiendo las prédicas a favor de la democracia.
En 1971, el Parlamento chileno resolvió por unanimidad la nacionalización del cobre y el Ejecutivo decidió dar una compensación cero a las empresas extranjeras nacionalizadas, descontando las llamadas utilidades excesivas del valor de los activos. Las compañías y el gobierno de EE. UU. desataron una campaña y movilizaron su poder financiero internacional contra la administración de Allende. Las cupríferas extranjeras consiguieron que algunos tribunales ordenaran el embargo de los envíos de cobre chileno cuando arribaran a puertos foráneos, con el propósito de resarcirse de lo que esas empresas consideraban una «expropiación sin pago». Y así cortaron el flujo de recursos provenientes de organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano.
La decisión chilena de descontar las utilidades excesivas tenía justificación, aunque era predecible que esta medida tendría una fuerte repercusión, pues las empresas temieron que esa práctica pudiera extenderse a otras empresas norteamericanas que operaban en todo el globo. Podía preverse que harían todo, de la mano de su gobierno, para impedir que el caso chileno se transformara en un precedente. Los sectores políticos chilenos de izquierda carecían de un buen conocimiento de los sistemas de decisión y de los grupos de poder que dominan la política exterior de Estados Unidos.
DESCONOCIMIENTO DEL PODER MUNDIAL EN LA GUERRA FRÍA
La Guerra Fría condicionaba enormemente las reacciones internacionales de EE. UU. En ese país numerosos dirigentes asimilaban a los partidos políticos de izquierda y a las movilizaciones sociales en América Latina como inclinadas a favor de la URSS. Ciertos políticos de izquierda, en particular del PC, presumían que la URSS y China respaldarían financieramente al gobierno de la Unidad Popular en los momentos críticos. Sin embargo, esos países, como se confirmaría fehacientemente, no creían viable el proceso chileno de transformación en democracia, con plenas libertades, ni tampoco ellos tenían recursos financieros. Para los soviéticos nuestra experiencia era insostenible y China se encontraba sacudida por la Revolución Cultural de Mao.
Después de su vibrante intervención en las Naciones Unidas en 1972, el Presidente Allende viajó a Moscú para conseguir algún financiamiento que aliviara la estrechez de divisas. Su gestión fue infructuosa. La URSS expresó estar muy exigida por su apoyo económico a Cuba. Entonces, Allende envió al canciller Almeyda a Beijing, a comienzos de 1973, quien sostuvo una entrevista con el ministro de relaciones de Mao, Chou Enlai. La conversación registrada, que me relató el embajador Fernando Reyes Matta —que acompañaba a Almeyda— reveló un cuadro igual de complejo que en la URSS. China no podría ayudar a la Unidad Popular, ya que tenía un enorme compromiso con Vietnam en su guerra contra EE. UU. Además, sus dirigentes no percibían que el gobierno chileno tuviera las fuerzas suficientes para resolver sus necesidades en un plazo breve. No se consiguieron recursos ni en la URSS ni en China.
EL SUPUESTO CONSTITUCIONALISMO DE LAS FUERZAS ARMADAS
La izquierda y gran parte del centro político —y los chilenos, en general— confiaban en el constitucionalismo de las Fuerzas Armadas. Se partía de la base de su estricto apego a la Constitución y en que jamás intervendrían para derrocar al gobierno. Estas convicciones fueron perdiendo vigencia a medida que se comprometía el orden público, crecía la polarización y se incrementaba la acción de grupos golpistas y anarquistas que convulsionaban la vida cotidiana.
Para poner fin al paro de los camioneros, que prácticamente paralizó al país en octubre de 1972, el Presidente Allende llamó a altos oficiales de las Fuerzas Armadas a integrar el gabinete, buscando restablecer el orden y aplacar la contienda ideológica. Era uno de los pocos recursos disponibles, porque no existían más fuerzas políticas para integrar al gobierno y se debía proteger la institucionalidad. Fue una iniciativa audaz y arriesgada que causó sorpresa. El general Carlos Prats asumió el Ministerio del Interior. Los comandantes en jefe de la Armada, almirante Raúl Montero, y el de la Fuerza Aérea, general César Ruiz, coincidieron en la necesidad de sostener la institucionalidad. Prats era un destacado oficial, de la misma tradición constitucionalista del asesinado general René Schneider.
Hubo quienes cuestionaron al Presidente por integrar a militares a su gabinete. Para una parte de la izquierda radical, ello constituía un freno al proceso de cambios. Para la derecha, en cambio, se trataba de un intento de izquierdización de los uniformados. Pero, en realidad, era una medida de emergencia. El general Prats declaró desde el inicio que él no pertenecía a ningún partido, diciendo: «Quiero que no se rompa la institucionalidad de Chile. Confío en el Presidente de la República, quien nos representa a todos, y que su propósito es sacar adelante al país».
Carlos Prats González no era un hombre de izquierda, como tergiversaron sus adversarios para atacarlo. En ese tiempo la izquierda estaba muy vinculada al pensamiento marxista y Prats no compartía esa concepción ideológica. La lealtad de Prats con Allende nacía de la responsabilidad constitucional de servir a la estabilidad institucional, no obedecía a una afinidad política. Era una persona con alta sensibilidad social, que pensaba que la defensa de la patria requería contar con el respaldo de la gran mayoría de los chilenos y el respeto a la voluntad del pueblo expresada en las autoridades elegidas.
Prats afirmaba que era necesario un Estado fuerte, que exigiera deberes junto a los derechos, y que el crecimiento económico debía lograrse con progreso social. Sobre la derecha decía que la cúpula militar y la oficialidad media y joven fueron presa de la campaña desatada por los elementos más reaccionarios del país. Y sobre la extrema izquierda afirmaba que su accionar resonante, más simbólico que concreto, contribuyó a la caída de Allende. Era un militar republicano con visión social. Su posición representaba institucionalmente a las Fuerzas Armadas, aunque muchos oficiales actuaban con fingida disciplina y no compartían la postura del alto mando.
En marzo de 1973, después de la elección parlamentaria, el gabinete con uniformados llegó a término, pero no consiguió proporcionar el suficiente sostén para garantizar confianza y orden público. El 29 de junio se produjo el alzamiento de un regimiento de blindados en Santiago, el llamado tanquetazo, que fue desbaratado por el propio Prats, acompañado del general Pinochet. Tampoco supimos leer esa nueva advertencia. Entonces, Allende decidió recurrir nuevamente a los militares y, a comienzos de agosto, constituyó otro gabinete de Seguridad Nacional con la presencia del comandante en Jefe del Ejército, general Prats, esta vez como ministro de Defensa.
La historia colocó a Prats en una encrucijada política dramática. Volvió a entrar al gabinete en julio para renunciar en agosto de 1973. Recayó sobre él una responsabilidad que no le correspondía: cuando la política y los políticos habían sido incapaces de resolver el dilema, era imposible que lo hiciera un militar.
A esas alturas, la disciplina en los cuarteles estaba quebrada y la tesis del respeto de las FF.AA. hacia la Constitución se había deshecho. En julio fue asesinado el capitán de Navío Arturo Araya, edecán del Presidente de la República, por un grupo de extrema derecha. Al cabo de un mes, Prats renunció al Ejército y al gobierno, afirmando que no quería ser pretexto para el golpe ni un factor de quiebre del Ejército. A esas alturas sabía que ya no contaba con un mando real.
Al día siguiente de su renuncia, el 22 de agosto, el Presidente le informó que finalmente llamaría a un plebiscito para despejar el tema de las áreas de propiedad social, con la esperanza de que la DC aceptara restablecer un diálogo y así disminuyeran las posibilidades de un golpe de Estado. En sus memorias, Prats recuerda que le hizo ver que ya no había tiempo, que la dinámica militar estaba desatada, que él mismo carecía de apoyo en la oficialidad. Allende, que siempre conservó una esperanza hasta el final, le replicó: «¿Entonces nadie del Ejército está dispuesto a defender la institucionalidad?». Efectivamente, con la renuncia de Prats y de los generales Mario Sepúlveda y Guillermo Pickering, nadie estaba dispuesto a defenderla.
A mi juicio, las Fuerzas Armadas ejecutaron el golpe, pero no fueron las que generaron las condiciones políticas, económicas, sociales que condujeron a la polarización y a la crisis institucional que lo precipitó. Lo que la política y los políticos de todos los sectores no pudieron resolver en democracia, mal podrían lograrlo los militares constitucionalistas.
No hubo clara comprensión del tema militar por parte de la mayoría de la izquierda y de la Democracia Cristiana, a pesar de los potentes indicios que afloraron con la insubordinación del regimiento Tacna que sacudió al gobierno saliente de Frei y que también constituyó una amenaza al de Allende. Tampoco hubo conciencia de la real fuerza de la derecha y de su influencia sobre los militares. La UP y la DC cayeron en la ilusión de que el rumbo futuro dependía de cuál de ellos se imponía al otro. No vislumbraron ni calcularon que, ante la eventualidad del colapso de la institucionalidad, el derrumbe podría aplastar a ambos.
Con la perspectiva de los años se puede comprobar que, al quebrarse las barreras que regulan y ordenan una sociedad, emergen fuerzas incontrolables, muchas veces perversas. Cuando se transgreden las leyes y se desmonta el estado de Derecho, surge lo más oscuro de las personas, se impone la brutalidad, como aconteció en Chile y en tantos otros países latinoamericanos y del mundo. La defensa de las normas democráticas y el estado de Derecho son la única forma civilizada de vivir, regulando los conflictos, resolviendo los problemas y respetando la dignidad de cada persona.
