Crónica desde el país de los buzos Yo -Yo

Juan Carlos Cárdenas es médico veterinario, tiene 73 años, 4 hijos, una nieta y una colección de amenazas de muerte, derivadas de la causa que lidera desde Ecoceanos, ONG que dirige, hoy abocada a denunciar la situación de los trabajadores de la industria salmonera en Chile.

A inicios de julio y junto a la abogada Carolina Rudnick, de Fundación Libera, optaron por acogerse a una convocatoria de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y presentar en Whashington antecedentes sobre el sector exportador nacional. Rudnick especificó los costos que imponen a los trabajadores agrícolas prácticas de trabajo forzado y desregulación laboral que se repiten en la industria salmonera nacional. Misma información que ambas ONG expusieron previamente y sin eco en Chile, ante la Cancillería y el Ministerio del Trabajo.

 Muchos atribuyen a esta denuncia el alza del 10% al 12,5% en los aranceles de algunos productos chilenos de exportación, impuesta por Estados Unidos. En redes sociales es posible rastrear reacciones virulentas de izquierda a derecha, incluidas exigencias de identificar las fuentes de financiamiento de “esas ONGs antipatriotas”. Esto pese a que la subsecretaria de la Cancillería, Paula Estévez, declaró que la resolución norteamericana: “No sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso, ni tampoco identifica productos chilenos específicos bajo esta condición”.

Cárdenas afirma: “El tema de los aranceles es un fracaso de la Cancillería. Nosotros fuimos para colocar en la agenda pública el tema del trabajo forzoso. Ahora, buscamos ampliar ese debate al país”.

Buzos Yo-Yo

El 11 de agosto un trabajador de la salmonera noruega Mowi murió, tras caer en un estanque con químicos. El accidente, ocurrido en la planta de la trasnacional situada en Huillinco (Chiloé), apenas convocó el interés de los medios masivos, pese a ser el caso número 12 con resultado fatal en las salmoneras este año. Con un promedio de 1,5 trabajadores fallecidos por mes durante 2026, la industria chilena que ocupa el segundo lugar en un mercado global liderado por Noruega. Respalda este éxito un vergonzante record mundial: De 2013 a la fecha, 94 trabajadores perecieron en sus faenas y cifras de la Biblioteca del Congreso registran 288 buzos accidentados entre 2004 y 2026.

El director de Ecoceanos explica: “Chile inventó el ‘buzo Yo-Yo’ para tareas de mantención en las salmoneras (limpieza de jaulas, recoger peces muertos, etc.). El 90% son mariscadores o pescadores artesanales, con licencia para inmersión hasta 20 metros. En realidad, trabajan hasta 30 metros. Suben y bajan, sin pausas ni respeto por tiempos de descompresión y descanso. Más allá del humor negro con que se denominan, eso es criminal, porque al ascender el cuerpo absorbe el nitrógeno disuelto en la sangre y los tejidos por la presión del agua, lo que puede generar burbujas, con consecuencias que van desde la muerte súbita a lesiones físicas o neurológicas que, a corto plazo, los imposibilitan”.

Desechables

 “La industria salmonera chilena es hija de la dictadura -reflexiona Cárdenas- nace con el experimento neoliberal que redefinió el deber del Estado de proteger derechos laborales y cautelar las obligaciones de las empresas al respecto”. 

“Por otro lado -apunta- históricamente Chile tiene algo así como dos sistemas de gobierno, pobremente conectados. Uno administra el territorio continental, que equivale a 1/3 del país y otro el ámbito marítimo, que ocupa 2/3 de nuestra superficie. En el mar, el control está en manos de la marina a través de Directemar y el empresariado pesquero y naviero, todos formalmente subordinados al Estado.  Pero, al ser sistemas complejos y geográficamente diversos, en los hechos operan bajo reglas propias”. 

Según este profesional: “Hace apenas15 años se empezó a masificar el interés y conocimiento sobre el mar, sus recursos, las comunidades que cobija y el impacto ambiental de la producción industrial ligada a sus riquezas. El 2013 la Ley de Pesca (‘Ley Longueira’) dispuso de esa parte del territorio, entre cohechos y evidente tráfico de influencias, con complicidades urdidas de izquierda a derecha. Así, y en plena democracia, entregaron indefinidamente a siete grupos empresariales familiares y un pequeño grupo de trasnacionales pesqueras, el derecho a explotar el mar chileno”. 

El director de Ecoceanos señala las actuales condiciones laborales en las salmoneras como una derivada más de esa Ley, pues afecta la pesca artesanal en beneficio de la gran industria. Además -dice- una legislación laxa y la carencia de recursos materiales y humanos para la fiscalización y control, obstaculizan el cumplimiento de la legislación laboral y la sanción a las malas prácticas empresariales. 

“La industria -afirma- controla sin contrapeso la oferta de empleo, con trabajadores subcontratados provenientes de una actividad artesanal que la voracidad de las pesqueras limita. Entonces, la salmonicultura los integra a sus faenas como material desechable, fácil de reemplazar y sin opción de exigir derechos o compensaciones”. 

Revelado el origen corrupto de la Ley de Pesca vigente, el Legislativo trabajó dos años un proyecto para su reemplazo. Al asumir José Antonio Kast, ese proyecto fue retirado. El Subsecretario de Pesca informó el propósito de incorporar “modificaciones focalizadas” a la legislación vigente, para “evitar improvisaciones que generen incertidumbre o afecten la competitividad de una actividad estratégica para Chile”.

Amigo peligroso

Sobre la incidencia de su denuncia en la inclusión de Chile entre los países cuyos aranceles incrementó Estados Unidos (Noruega entre ellos) sostiene:

“Ante la USTR la delegación chilena afirmó que el 55% de nuestros salmones los compra EE.UU., generando así puestos de trabajo en ese país. A su hora expusimos a las autoridades chilenas de este gobierno y los anteriores, la misma información que a la USTR. Y advertimos a los salmoneros: “EE.UU. es temible como enemigo y peligroso como amigo”. El Estado y los empresarios asumieron que el triunfo de Kast suponía trato preferencial, ignorando lo evidente: la prioridad regional para Trump es y será Argentina”.

Hoy, tras denunciar una campaña de amedrentamiento sostenida desde julio contra las ONG Ecoceanos y Libera, Cardenas responde a sus acusadores: “Trump no es un humanista comprometido con la justicia social. La intervención de la USTR es un artilugio a para eludir el fallo de la Corte Suprema norteamericana, que declaró inconstitucional su manejo arbitrario de aranceles.  Como ONGs vimos en su convocatoria un espacio para exponer abusos laborales, en última instancia porque esas prácticas contradicen supuestos básicos del libre mercado. No pedimos alza de aranceles.  Propusimos siete medidas para conciliar el trabajo digno con los intereses de la industria”.  

Su meta es poner límite al abuso sistemático derivado de un modelo productivo que reduce costos con cargo a la mano de obra. “Cuando hablamos de trabajo forzado -dice- no hay esclavos con cadenas sometidos a latigazos. Hay hombres y mujeres sin opciones de empleo, que abrazan el trabajo a su alcance, por precario que sea”.

 “Estamos ante un modelo estratégico que avanza global y localmente y hoy se radicaliza, porque puede. ¿Recuerdas eso de ‘¿Primero se llevaron a los comunistas y no me importó, porque yo no soy comunista? Es tiempo de que empiece a importar lo que les pasa a otros, porque eso cada vez se acerca y consolida más y para todos”.