El proyecto sobre seguridad ciudadana presentado por el gobierno se pasó varios pueblos y sorprendió, por igual, al oficialismo y la oposición. Con reformas que incluyen un nuevo estado de excepción constitucional por 120 días prorrogables, decretadas por la sola decisión del Presidente de la República, sin consultar al parlamento. No está muy claro quienes fueron los que redactaron el proyecto, pero ciertamente fue visado por el ministro Arrau y el propio J. A. Kast, quienes deben asumir la responsabilidad política por este nuevo traspié.
Las reacciones no se dejaron esperar. Muchos acusan que con este proyecto el gobierno ha mostrado su verdadera naturaleza autoritaria e iliberal. Incluso, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, debió anunciar que su partido no estaba en condiciones de aprobar el proyecto en dichos términos. Diversos parlamentarios oficialistas formularon duras críticas y la oposición postuló el retiro del texto.
Es más que evidente que el gobierno no tiene los votos para aprobarlo y deberá reformularlo, abandonando la idea de reformar la Constitución. Algo innecesario para reforzar la seguridad ciudadana, más aún con el intento de aquel nuevo estado de excepción sin control del parlamento, a diferencia de lo que viene ocurriendo en el caso de la Araucanía.
La gran interrogante es qué inspiró al Ejecutivo para presentar este proyecto que, a todas luces, no cumple con los mínimos estándares democráticos. No pocos advierten de la estrategia del tejo pasado, para luego negociarlo, primero con los partidos de las derechas y finalmente con aquellos de la oposición que estuvieran disponibles. Con todo, diversos exponentes del entorno oficialista lo han calificado como una agresión al sistema democrático, evidenciando contradicciones y falencias para abordar el flagelo del crimen organizado en sus nuevas manifestaciones delictivas. De paso advierten del riesgo latente para que un próximo gobierno de signo político distinto contara con aquellas discrecionales atribuciones.
Ya se instaló transversalmente el desafío de la seguridad ciudadana como una prioridad del país, tal como lo revelan las encuestas de opinión, resultando indispensable dotar al estado de nuevas herramientas y recursos para combatir al crimen organizado. Pero siempre en los marcos del estado de derecho, pleno respeto a la constitución y las leyes, así como control democrático de su accionar.
El país ha avanzado en una vigorosa agenda en esta candente materia. Así ocurrió durante el pasado gobierno. Con todo, aún están pendientes de aprobación numerosos proyectos legislativos en el parlamento (entre ellos la regulación del uso de la fuerza), que debieran tener prioridad. Sorprende que entre las medidas anunciadas no se incluya el tema de la inteligencia económica y el levantamiento del secreto bancario, que aparece como una herramienta indispensable para seguir la ruta del dinero del crimen organizado y el narcotráfico.
Ciertamente el desafío mayor no se resuelve sólo con más legislación, requiriéndose de mayores recursos para reforzar los organismos policiales (mejorando la relación proporcional de la dotación con la población involucrada, sus remuneraciones y tecnologías), el control efectivo de fronteras, puertos, aduanas, así como la eficacia del Servicio de Impuestos Internos y demás entes fiscalizadores.
El combate a la delincuencia y el crimen organizado incluye una dimensión de prevención social no asumida con plenitud en nuestro país. Todo demuestra que la delincuencia es un muy lucrativo negocio que atrae a crecientes sectores de toda la escala social, reclutando especialmente a jóvenes de sectores populares que no estudian ni trabajan, como “soldados” para extender su actividad delictiva en el territorio. En este ámbito continúa abierto el desafío de superar las brechas que acentúan los trabajos informales y mal pagados.
El tema de la seguridad ciudadana debe transformarse, al margen de ideologismos, en una política de estado que comprometa por igual a gobierno y oposición, en el plano legislativo y el rigor del poder judicial. Ello requiere de un amplio debate democrático y la construcción de amplios y sólidos consensos que unan al país en el mismo propósito de una razonable seguridad para todos sus habitantes.
La nueva doctrina Monroe
El gobierno de Donald Trump ha reeditado la vieja doctrina Monroe, que asume al hemisferio sur como su área exclusiva de influencia, en donde puede ejercer su hegemonía sin intromisiones de otras potencias. En base a esa doctrina, rebautizada como la doctrina Donroe, ha convertido a Venezuela en un verdadero protectorado y anuncia nuevas sanciones con las que pretende ahogar a Cuba, buscando su rendición incondicional. Sin más, ha anunciado un nuevo plan denominado “el escudo de las américas”, suscrito de manera inconsulta por el actual gobierno de Kast, que tendría como objetivo luchar en contra el terrorismo y el crimen organizado, siendo su verdadero propósito sacar a China de toda injerencia en el continente.
En base a esta doctrina, Trump ha impuesto un arancel de 12,5 % las exportaciones de varios países, entre ellos el nuestro, a EE. UU., pese al tratado de libre comercio vigente, con fútiles pretextos, de aceptar importaciones de productos con trabajos forzados o facilitar la evasión de impuestos de exportaciones chinas, que no pasarían de ser “chivas”, como sostuviera el locuaz ministro de Agricultura, que no resisten el menor análisis.
La Cancillería ha buscado bajar el tono de la confrontación, pese a las duras declaraciones del ministro de Defensa, que ha afirmado que nuestro país no es el patio trasero de nadie, optando por la vía de una muy difícil negociación. Pero el problema de fondo es que, más allá del daño que genera la medida a nuestras exportaciones, esta es una de sus primeras exigencias y la gran interrogante es que otras vendrán. Por de pronto que Chile, al igual que otros países de la región incrementen sus gastos en defensa (¿en contra de quién?) con la “sugerencia”, que compren a EE. UU.
Lejos de ser un aliado estratégico, como afirmara el ministro de Relaciones Exteriores, Estados Unidos es una potencia con afanes imperiales, que busca imponer un orden (o desorden) internacional que privilegie sus propios intereses. Chile es un país soberano, que conquistó su independencia hace más de 200 años y debe velar por sus propios intereses como nación. De manera soberana busca relacionarse con todos los países en un plano de igualdad, en base a principios consagrados en el derecho internacional, sin reconocer hegemonías o alineamientos. La salida de nuestro país de la Corte Penal Internacional, decretada por el actual gobierno representa un claro retroceso de esos principios y no se explican las razones de haber abandonado el grupo de países no alineados a los cuales Chile naturalmente pertenece.
Hasta ahora el gobierno ha desechado la insólita propuesta del ministro de Defensa de desahuciar el pacto 169 de la OIT, sosteniendo que representa un riesgo para nuestro país, pero no deja de ser preocupante que surjan estas propuestas de miembros del gabinete. Una vez más se revelan las contradicciones al interior del propio gobierno en materias tan sensibles como la política exterior y los compromisos asumidos por nuestro país.
A estas alturas, la política exterior aparece como uno de los temas más débiles y sensibles del gobierno. Nuestro país, al igual que la región enfrenta la amenaza de quedar atrapado en la disputa por la hegemonía entre las grandes potencias. Ello exige una política exterior soberana, basada en los principios que han guiado nuestra relación con el mundo, buscando la cooperación y el entendimiento entre iguales, sin reconocer supremacía de ninguna potencia extranjera. México y Brasil han dado una gran lección de autonomía a la que Chile debiera plegarse.
