La presión de Estados Unidos sobre América Latina quedó sellada cuando el gobierno de Donald Trump proclamó la Estrategia de Seguridad Nacional en su versión 2025. El texto establece que “Estados Unidos debe ser preeminente en el Hemisferio Occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos en la región con confianza dónde y cuándo lo necesitemos”.
El documento promueve una reinterpretación de la Doctrina Monroe, la vieja postura estadounidense del siglo XIX según la cual ninguna potencia extra-hemisférica debe intervenir en el continente americano, con el “corolario Trump” que busca que en el hemisferio no haya incursiones, influencias o control hostil extranjero y frenar la migración irregular, el narcotráfico y el crimen transnacional, vistos como amenazas directas a la seguridad interna de Estados Unidos. El documento prevé un mayor despliegue militar, reforzar la vigilancia contra la inmigración irregular y la entrada de droga y “establecer o expandir el acceso en puntos estratégicamente importantes”. También menciona “despliegues selectivos”, incluido, “donde sea necesario, el uso de fuerza letal”. Esto se combina con una “diplomacia comercial” para identificar recursos estratégicos, reforzar cadenas de suministro y fortalecer las economías locales, de modo que adquieran más productos estadounidenses y “se conviertan en mercados más atractivos para el comercio y la inversión de EE UU”.
La postura trumpista es que “los términos de nuestras alianzas, y los términos en los que suministremos cualquier tipo de ayuda, deben estar condicionados a reducir la influencia adversaria ajena, desde el control de puertos, instalaciones militares e infraestructura clave a la adquisición de activos estratégicos, entendidos desde una perspectiva amplia”. Washington debe utilizar su “capacidad de presión financiera y tecnológica para inducir a los países a rechazar esa asistencia” extranjera, en alusión a China: “negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”. Se agrega que “Estados Unidos también debe resistir y revertir medidas como los impuestos selectivos, la regulación injusta y la expropiación que perjudican a las empresas estadounidenses. Los términos de nuestros acuerdos, especialmente con los países que más dependen de nosotros y, por lo tanto, sobre los que tenemos mayor influencia, deben ser contratos de proveedor único para nuestras empresas. Al mismo tiempo, debemos hacer todo lo posible para expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructura en la región”.
Esto no fue solo retórico. En enero de 2026, el presidente de Venezuela fue secuestrado en Caracas por el ejército de Estados Unidos, con más de 50 muertos, y llevado a un tribunal en Nueva York acusado de narcotráfico, en un hecho de graves consecuencias. El pasado marzo, Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump, llegó a afirmar que los cárteles de la droga son “el ISIS y Al Qaeda del Hemisferio Occidental y deben ser tratados con la misma brutalidad y falta de piedad”.
En esa línea, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado en Ciudad de Panamá el 12 de agosto que el nuevo Gobierno de De la Espriella en Colombia ha autorizado realizar operativos militares conjuntos en suelo colombiano: “Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”. A su vez, el responsable del Pentágono, que legalmente se denomina Departamento de Defensa, y no de Guerra como lo llama Hegseth, ha señalado que Colombia se unirá al “Escudo de las Américas”, una coalición militar promovida por Trump que integran ahora 18 países. La incorporación de Colombia a esta alianza de perfiles brumosos fue una de las promesas del ultraderechista De la Espriella, que posee la nacionalidad estadounidense, durante la campaña presidencial que terminó ganando por una muy leve mayoría. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y Estados Unidos el mayor consumidor. En marzo, Ecuador ya había anunciado que lanzó operativos militares con Estados Unidos en su territorio contra organizaciones designadas como terroristas por la Casa Blanca. En junio, el Gobierno de Venezuela permitió una incursión aérea de Washington para matar al Niño Guerrero, líder de una banda criminal, mientras después de los terremotos hay centenares de soldados estadounidenses desplegados en su territorio.
Hegseth sostuvo que, a corto plazo, Estados Unidos espera desplegar junto a sus aliados una “capacidad operativa como la que vieron con los ataques a las lanchas de droga” en el Caribe y el Pacífico. Será “el mismo efecto en tierra, y por eso estamos trabajando con Ecuador, Colombia, con socios para llevar la lucha a los DTO (organizaciones designadas terroristas) en tierra”, con el fin de combatir a “narcoterroristas” y a “marxistas radicales”.
El gobierno de Trump lanzó en septiembre pasado una campaña de bombardeos aéreos en el Caribe y el océano Pacífico oriental, que ha dejado al menos 215 muertos. Hegseth defendió la letalidad de los ataques contra las supuestas narcolanchas, que según juristas y organizaciones de derechos humanos constituyen ejecuciones extrajudiciales: “no vamos a pasarlos por un proceso judicial donde sabemos que serán liberados. Vamos a destruir estas redes con todas las capacidades del gobierno estadounidense”
La iniciativa estadounidense contempla una fuerza de tarea vinculada al Comando Sur: “donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, (esas organizaciones) son un objetivo, igual que ISIS (acrónimo en inglés del grupo Estado Islámico) o Al Qaeda”, añadió el secretario vestido con camiseta verde oliva y rodeado de militares. Hegseth subrayó que su advertencia a los carteles va “en serio”, “desde aquí abajo, en el tráfico de cocaína, hasta el fentanilo en las plazas de México”, además de los remanentes de las guerrillas colombianas (los grupos armados irregulares aún reúnen a unas 20 mil personas), que definió como “objetivos legítimos”.
De paso, en Panamá Hegseth declaró que “todas las opciones, incluidas las militares, están sobre la mesa” al ser preguntado por los planes de la administración republicana respecto a Cuba. Ha recomendado a la isla que “preste atención” a la voluntad de Trump de “hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses”, las que son puramente unilaterales y arbitrarias y están fuera del ordenamiento internacional emergido después de la segunda guerra mundial. Recordemos que este impide teóricamente el uso de la fuerza contra otras naciones sin autorización del consejo de seguridad de la ONU.
Washington también está presionando a los países latinoamericanos para que salgan de la Corte Penal Internacional e incrementen su gasto militar (y de paso la compra de equipamiento en Estados Unidos). Hegseth advirtió que la administración de Donald Trump espera una inversión “sustancial” en capacidades defensivas y remató su mensaje señalando que “esto no es un juego”. El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, ya había calificado como “absurdo” que algunos países de la región destinen menos del 1% de su PIB a Defensa. Chile invierte un 1,5%.
Así, la doctrina neocolonial de Trump aplicable a América Latina se está desplegando entre presiones políticas, bombardeos aéreos en aguas internacionales y diseños estratégicos de intervención y represión militar bajo su mando contra civiles en territorios variados, de alcance y consecuencias desestabilizadoras imprevisibles para el continente. Todo esto tiene como trasfondo la pretensión injustificada de hacer de América Latina una suerte de zona económica exclusiva para Estados Unidos en su disputa geoestratégica con China -y con Europa-, subordinada a sus intereses.
Esto choca con el interés latinoamericano, que incluye avanzar, entre otros temas, en la transición energética, cuya vanguardia tecnológica Estados Unidos ha decidido abandonar. ¿Por qué habrían de renunciar los países del continente a la tecnología y suministros chinos para los sistemas eléctricos, los paneles solares, las baterías o los autos eléctricos? ¿Por qué habrían de renunciar a los mercados asiáticos para sus productos y al suministro de bienes industriales desde China, Japón e India, entre otros países? Los afanes imperiales de Estados Unidos se confrontan con las perspectivas de progreso en el continente, mientras el enorme consumo de drogas en ese país, abastecido en buena medida mediante la producción y el tráfico ilegal desde América Latina, corrompe a las instituciones y a las sociedades y crean y reproducen una violencia delictual de alto calibre.
Entretanto, sus dos mayores países, México y Brasil, permanecen como los principales factores de resistencia a Trump y de defensa de la autonomía latinoamericana. Seguirán siendo tratados con represalias variadas.
En Chile, la alineación ideológica y política de Kast con Trump y la afirmación de que Estados Unidos es un aliado estratégico hecha por el canciller Francisco Pérez Mackenna, contrasta con los intereses económicos vinculados a China. Pérez ha tenido que afirmar que China también es un aliado estratégico, pues el actual gobierno de Chile representa directamente a sectores empresariales que no pueden renunciar a los insumos y a los mercados chinos con los que han construido buena parte de su prosperidad.
Pérez ha terminado por no seguir la corriente ante la presión de Estados Unidos sobre la Corte Penal Internacional. El ministro de Defensa Fernando Barros ya se había mostrado crítico de los aranceles de 12,5% impuestos por Estados Unidos para buena parte de las exportaciones chilenas, junto al de Agricultura, lo que impugnó de manera agresiva y rústica el embajador de Estados Unidos, invitando a quedarse callados a los ministros chilenos distintos de Pérez, cuya subordinación al discurso de Estados Unidos es notorio. Esto quedó sin respuesta, mostrando la debilidad del gobierno, aunque autoridades retrucaron la más reciente acusación trumpista de que Chile sería parte de plataformas de triangulaciones con otros países para ingresar bienes al mercado del norte. Incluso Barros ha declarado que “desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país”, lo que augura una relación incómoda y azarosa con el trumpismo. Las definiciones de política exterior están resultando cada vez más inconsistentes al tener que arbitrar entre la alineación ideológica y política con Estados Unidos y los intereses empresariales vinculados a China.
Recordemos que ya han existido episodios notorios en Chile que se sitúan en esa disputa geoestratégica. La idea de un cable transpacífico que conectara a Chile con Asia (para diversificar la conectividad digital, que hoy pasa mayoritariamente por Estados Unidos) fue propuesta bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet e involucraba a empresas estatales chinas. Bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la tramitación se interrumpió, luego de la visita a Chile del entonces secretario de Estado en el primer gobierno de Trump, Mike Pompeo, quien “hizo ver” a las autoridades chilenas los “inconvenientes” que el cable representaba desde la perspectiva de seguridad de Washington. El proyecto quedó frenado y en un limbo durante varios años. Resucitó bajo el gobierno de Gabriel Boric, con un cable de 19.900 km entre Concón y Hong Kong, con una inversión estimada de US$500 millones. El nombre fue “Chile-China Express” (CCE), impulsado por la empresa Inchcape Shipping Services en un consorcio con China Mobile International, HMN Technologies y Huawei, la gran empresa tecnológica china. El 27 de enero de 2026 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aprobó la concesión del proyecto, pero sin embargo dos días después la resolución fue anulada, oficialmente por “un error técnico de tipeo”. La anulación fue fruto de una fuerte presión de Estados Unidos, que llegó a sancionar con restricciones de visa a tres funcionarios chilenos (incluido el entonces ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz), acusándolos de comprometer “infraestructura crítica de telecomunicaciones” y erosionar la “seguridad regional”.
En la actualidad, existen diversas inversiones chinas relevantes en Chile. En el sistema de transmisión eléctrica, China Southern Power Grid, un gigante estatal chino, posee 27,79% de Transelec desde 2018, cuando adquirió esa participación a un operador canadiense, bajo Sebastián Piñera. El origen de esta situación se sitúa en 1987-89, cuando se privatizó la estatal ENDESA -creada en 1944 bajo el alero de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) para desarrollar la electrificación del país- que incluía entonces activos de generación y transmisión. La red que luego formaría Transelec pasó a distintos controladores, proceso en el que los activos estatales chilenos terminaron en manos de una empresa estatal… china, y de fondos de pensiones… canadienses. Dicho sea de paso: ¿sería tan absurdo que cualquier cambio de la combinación actual incluyera una participación estatal chilena y de fondos de pensiones chilenos, y no de Estados Unidos, como quiere el gobierno de Trump? Transelec posee hoy 10.743 km de líneas de transmisión y 80 subestaciones, y su infraestructura abastece al sistema de distribución que alcanza al 98% de la población. El resto es propiedad de los fondos canadienses de pensiones Canadian Pension Plan Investment Board, British Columbia Investment Management Corp y Public Sector Pension Investment Board como inversores. Además, China Southern Power Grid es dueña del tercio de la sociedad que desarrolla la nueva línea de transmisión HVDC Kimal–Lo Aguirre, junto con ISA y Transelec. El proyecto Kimal-Lo Aguirre es la primera línea de transmisión eléctrica de corriente continua en Chile, con una inversión de unos US$1.500 millones y 1.346 km de extensión. Esta infraestructura unirá las regiones de Antofagasta y Metropolitana para transportar hasta 3.000 MW de energía renovable hacia la zona central, con operación prevista hacia 2029.
En la distribución eléctrica en distintas partes del país, las empresas estatales chinas han ido aumentando su participación. State Grid Corporation of China, otra empresa estatal china, adquirió en 2020 Chilquinta por unos US$2.230 millones y posteriormente CGE por alrededor de US$3.000 millones, también bajo Sebastián Piñera. CGE es la mayor distribuidora eléctrica de Chile, operando en 14 de las 16 regiones del país, desde Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, comunas periféricas y rurales como San Bernardo, Puente Alto, Pirque y Talagante, pasando por O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío y finalmente La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. State Grid Posee participaciones o propiedad total en empresas secundarias integradas como Tecnored, Luz Linares y Transemel. Al concretarse estas operaciones, InvestChile estimó que State Grid pasaba a abastecer un 57% de los clientes de distribución eléctrica del país.
En la generación eléctrica, que es un mercado competitivo -contrariamente a los monopolios naturales de transmisión y distribución- la también empresa estatal china State Power Investment Corporation (SPIC) compró Pacific Hydro en 2016, que dispone de 719 MW de generación hidroeléctrica y eólica y tiene más de 1.200 MW en proyectos en desarrollo. Opera en la región de O’Higgins en las centrales de pasada Chacayes, Coya y Pangal, además de las centrales La Higuera y La Confluencia. En la región de Coquimbo opera su activo de energía eólica, el Parque Eólico Punta Sierra, y en la región de Atacama cuenta con activos y proyecta el desarrollo de parques de energía solar. Por su parte, China Three Gorges es propietaria de la central hidroeléctrica Rucalhue, actualmente en construcción en Biobío, que contempla alrededor de 90 MW y US$240 millones de inversión.
Así, China está presente simultáneamente en generación, transmisión y distribución eléctrica mediante distintas empresas estatales, en un mercado en el que las tarifas al consumidor están por encima del promedio estadounidense y se ubican entre los precios más altos de Sudamérica junto a Uruguay, Colombia y Panamá.
En la minería, China es crucial para el cobre chileno como país comprador del 44% de las exportaciones del mineral (el 13% va además a Japón y el 7% a Corea del Sur), pero no como propietario. China concentra un 40% de la capacidad mundial de fundición de cobre (frente a solo 7% de Chile), lo que la hace dependiente de concentrados importados para su procesamiento. La demanda china se ha visto reforzada desde 2024 por la ampliación de capacidad de sus fundiciones. Estados Unidos tiene activos relevantes en minería repartidos solo en dos compañías: Freeport-McMoRan, dueña del 51% de El Abra (cobre) y Albemarle, con dos faenas de litio bajo contratos de extracción. La participación de Estados Unidos en la producción chilena de cobre podría crecer desde su bajo nivel actual (2%), aunque seguiría lejos de los grandes actores mineros en Chile. Hasta la nacionalización en 1971 (y la chilenización parcial en 1967), sus empresas eran el principal actor en el cobre.
En el litio, la presencia china tiene dos caras. En la extracción, la estatal Tianqi mantiene un 22% de SQM, pero ha reducido su posición y enfrenta un nuevo esquema donde el Estado (vía Codelco) ganará peso relativo, lo que ha resistido mediante acciones legales infructuosas. En los planes de industrialización del litio (baterías y cátodos), los dos proyectos insignia (BYD y Tsingshan) incluidos en los contratos de extracción fueron cancelados en 2025-2026, lo que representa un revés para la Estrategia Nacional del Litio de Chile, que buscaba agregar valor localmente en vez de solo exportar materia prima.
En infraestructuras, las empresas constructoras estatales chinas han avanzado progresivamente. China Railway Construction Corporation (CRCC) obtuvo la concesión de la Ruta 5 Talca–Chillán, con un contrato que puede extenderse hasta 2053. En agosto de 2026, China Harbour Engineering Company presentó una oferta por la segunda concesión de la Ruta 57 Santiago–Colina–Los Andes. También hay presencia china en infraestructura sanitaria: CRCC obtuvo la concesión de los hospitales de Rengo y Pichilemu y China Road and Bridge Corporation integra el consorcio que desarrolla los hospitales de Cauquenes, Constitución y Parral.
Si se quiere medir la “dependencia estratégica” de Chile respecto de China, cabe mencionar cuatro situaciones distintas: (1) en electricidad, en que la propiedad china es alta; (2) en cobre y litio, en que la participación china es alta por demanda y moderada por propiedad; (3) en infraestructura, con presencia china moderada pero creciente; y (4) en puertos y telecomunicaciones, con presencia china limitada.
China mantiene una participación visible en algunos activos estratégicos, especialmente en electricidad, pero Europa (con el 30% del stock de inversión extranjera directa), Canadá (14%) y Estados Unidos (10%) ostentan un peso externo en los activos productivos en la economía chilena que es de mucho mayor envergadura.
