La gran reforma que ha propuesto el gobierno, donde le han metido de todo un poco, pareciera entrar en tierra derecha, aunque con la naturaleza del sistema político que tenemos y los personajes que lo habitan, todavía todo resulta bastante impredecible. El oficialismo –la derecha- acusa a la oposición de refugiarse en una sola idea con el fin de obstruir la tarea del gobierno. Esa idea no es poca cosa. Se trata ni más ni menos que del carácter regresivo del proyecto de ley, es decir, un proyecto que en lo inmediato transfiere una cantidad muy significativa de recursos desde el erario fiscal y los deja en las manos de grandes empresarios y personas de altísimos patrimonios. Eso es en la práctica la rebaja del impuesto de las empresas del 27% al 23%, sin compensaciones en el presupuesto fiscal; la eximición del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, afectando directamente al fondo municipal de las comunas más pobres; y el subsidio al empleo que no está asociado a la creación de nuevos trabajos. Entonces, la pregunta que surge es muy clara: ¿a quién favorecen estas medidas?
Hasta donde logro seguir la discusión económica en torno al proyecto, pareciera haber unanimidad entre los más destacados profesionales del sector en el sentido de que para crecer económicamente, es clave aumentar la inversión y que, las rebajas de impuestos representan un incentivo a la misma. Por ello el ministro de Haciendo repite una y otra vez que busca más crecimiento y que este, necesariamente, traerá más empleo, y que entonces mejorarán los salarios y en el mejor de los mundos no se necesitará más presencia del estado como forma de apoyo a las familias. Leí que en alguna entrevista había formulado una muy buena frase para defender su proyecto: “no hay mejor política social que el pleno empleo”. Eso dijo o algo similar. El horizonte de cumplimiento de esta ecuación milagrosa (alguien se quejaba de que la oposición chacreaba la idea del “chorreo” y desnaturalizaba el proyecto: ahora, que se parece harto al chorreo, se parece) es incierto y no se puede garantizar. En esto se cumple esa máxima pinochetista que, frente a la pregunta de hasta cuándo duraría la dictadura, el general respondía que “no importaban los plazos, sino las metas”. En el mundo imaginario del ministro, las metas se cumplirán algún día. El problema vuelve a ser el costo de cumplirlas.
Y eso nos lleva a un segundo aspecto de este megaproyecto. Aquí la pregunta es otra: ¿quién paga los recursos que se transferirán a los sectores más ricos de Chile? Antiguamente, me refiero a la época de los gobiernos de la derecha en democracia (léase: Piñera I y II), la respuesta era que para apoyar el crecimiento se haría más eficiente el estado, sin tocar beneficios sociales básicos que el estado ofrece a los chilenos. Por lo mismo, los recortes de impuestos o gasto fueron siempre limitados.
Hoy se pretende, siguiendo la receta Milei, una reducción radical que, en Chile, solo recuerda a la realizada por la dictadura. Si aceptáramos que en nuestro país el problema son los impuestos altos, y que quien los usa es el estado y que por eso no crecemos, el planteamiento del gobierno sería correcto, aunque reductivo. Porque entre el 60% y el 75% del presupuesto de Chile se distribuye en lo que se denomina gasto social, o sea, educación, salud, previsión, defensa, vivienda. Una lógica de sentido común nos dice que compensar las transferencias a los más ricos solo recortando programas sociales, es impracticable sin hacerle pagar a la ciudadanía un costo social enorme. ¿Cuánto habría que reducir, por ejemplo, el presupuesto del sistema de salud chileno que, bien o mal, atiende a más del 85% de la población, con un gasto promedio mensual por paciente, en un rango de 70 mil a 90 mil pesos, mientras que en el sistema de Isapres este mismo parámetro está en un rango de 130 mil a 210 mil? Cuesta imaginar que un recorte de este presupuesto no vaya a afectar el servicio ofrecido, tanto en calidad como cobertura. Algo similar podríamos decir de, al menos, la educación prescolar, básica y media; la vivienda, las pensiones, etc.
Una cierta ortodoxia liberal, llevada a su extremo, mira al estado con recelo porque interfiere en las decisiones de los actores económicos y en la libertad que estos tienen para realizar las inversiones y proyectos que quieren o les propone el mercado. También podría ocurrir que se tomaran la libertad para no hacer nada si, por ejemplo, no les gusta el gobierno de turno. Quienes miran desde esta perspectiva están obsesionados con un fantasma de base que son las experiencias híper centralizadas de las economías socialistas del siglo XX que, dicho sea de paso, ya prácticamente no existen excepto en un puñado de países que se pueden contar con los dedos de las manos y cuyo desempeño en relación a la condición de vida de sus ciudadanos es precario. Si pudiésemos liberarnos de los cerrojos ideológicos que todavía cruzan nuestra sociedad y que, de tarde en tarde, se agudizan (como ahora), debiéramos poder pensar la sociedad chilena como un espacio donde estado y mercado convivan positivamente, teniendo como horizonte exclusivo el bienestar de la gran mayoría de ciudadanos. Me pregunto si, realmente, la única manera de lograr más riqueza y que esta sea disfrutada por amplias mayorías, es que los ricos sean infinitamente más ricos.
Me resisto a esta lógica. Mucho de lo mejor de Chile en su historia ha venido de la mano de políticas públicas exitosas gestionadas por el estado. Y mucho de lo alcanzado también ha sido el fruto del esfuerzo y gestión de muchos y grandes empresarios, así como de trabajadores que han aportado sus talentos a las empresas, a veces con buenos sueldos y muchas con no tan buenos. Las razones para resistirnos al actual proyecto regresivo de la derecha están claras. ¿Es una reforma que favorece a los ricos? Sí. ¿Irá a favorecer el empleo a mediano y largo plazo? Dios los oiga. Mientras, espero que la inteligencia de quienes nos situamos desde una perspectiva progresista, junto a la ciudadanía, podamos levantar propuestas alternativas que den cuenta de nuestra sensibilidad social, nuestra preocupación humanista y, al mismo tiempo, ofrezcamos una visión moderna, laica respecto a ideologías, eficaz para mejorar la calidad de la vida en nuestro país.
