La agencia privada de calificación de riesgos Fitch Ratings, una de las tres importantes en el mundo, mantiene dudas respecto a que las rebajas tributarias recientemente aprobadas puedan financiarse mediante un mayor crecimiento económico. Todd Martínez, codirector de calificaciones soberanas de Fitch para América, señala que “eso rara vez sucede y diría que dudamos que ocurra en Chile”. La clasificadora estima que la megarreforma tiene un costo fiscal directo cercano a 0,5% del PIB. Su comentario es que el país probablemente necesitará aumentar gradualmente su carga tributaria para estabilizar la deuda y responder a sus necesidades sociales, dado el envejecimiento de la población y la demanda por un Estado de bienestar más amplio que seguirán presionando el gasto público. Pese al deterioro de las cuentas fiscales de Chile, Martínez sostuvo que sus indicadores fiscales y su marco macroeconómico continúan siendo más sólidos que los de Brasil, Colombia y Argentina y que, en una mirada retrospectiva, las cifras de inversión no permiten concluir con claridad que la reforma tributaria de 2014 haya provocado una pérdida significativa de competitividad.
Cabe señalar que este tipo de afirmaciones contrasta con las posturas del gobierno de Kast, que atribuye a la reforma tributaria de Bachelet II un menor ritmo de crecimiento que tiene causas estructurales y acaba de reducir los impuestos a las grandes empresas y a los ingresos personales más elevados a través de la reintegración tributaria y el impuesto territorial. A esa rebaja se suma la previa disminución de los ingresos tributarios distintos del cobre de Codelco y el litio en los últimos tres años, con una merma de 3,4% del PIB en 2025 respecto a 2022, mientras el déficit fiscal alcanzó el año pasado un 2,7% del PIB, y un 3,6% del PIB en el balance estructural, pues los ingresos fiscales fueron superiores a los estimados para el largo plazo, básicamente por los buenos precios del cobre. El nuevo gobierno no buscará obtener nuevos ingresos estructurales, sino que se propone compensar la merma tendencial de ingresos y las nuevas rebajas de impuestos corporativos y a los altos ingresos con caídas permanentes del gasto público.
La agencia señala que la atención estará puesta en las propuestas presupuestarias para 2027 que el Ejecutivo deberá presentar al Congreso en septiembre: “si el potencial de crecimiento actual ronda el 2,2% en términos reales, el aumento real del gasto probablemente tendrá que ser una cifra muy inferior a esa”. Estima que la relación entre deuda y PIB se ubicará entre 42% y 43% y que podría llegar al 45% en 2029. Si bien superar este nivel no implicaría automáticamente una rebaja de la calificación, Todd Martínez advirtió que constituiría una señal preocupante, considerando que la deuda chilena se ha duplicado durante la última década. Chile ya ha sufrido dos rebajas de calificación por parte de Fitch en los últimos diez años, principalmente debido al incremento gradual de sus pasivos: “Chile tiene margen fiscal, pero tiene menos margen fiscal para que la deuda siga aumentando antes de que eso tenga repercusiones en nuestra calificación…Si la deuda/PIB sigue subiendo por encima de 45% y no hay un plan concreto para estabilizarla, podría poner en riesgo la calificación actual”. Fitch mantiene a Chile en “A-”, con perspectiva estable, la mejor clasificación soberana de América Latina.
Fitch también advierte que reducir el gasto público será una tarea difícil, luego de años de controles presupuestarios: “no hay muchos candidatos obvios en lo que respecta al presupuesto para lograr grandes ahorros”. La dificultad aumenta debido a que áreas como salud, educación y seguridad han sido protegidas de los recortes durante las últimas negociaciones presupuestarias, e incluso han recibido solicitudes de recursos adicionales. Además, Martínez señaló que una parte importante de los recortes efectuados por el Gobierno durante el segundo trimestre provino de una menor inversión pública y que continuar reduciéndola no sería sostenible si el objetivo es acelerar el crecimiento económico.
Las proyecciones de crecimiento de mediano plazo de Fitch para Chile se mantienen entre 2% y 2,5%, una cifra considerablemente inferior al objetivo del Gobierno de Kast, que apunta a tasas de 4%. Para 2026, anticipa una posible revisión a la baja de su proyección de crecimiento, desde el 1,6% actual hasta cerca de 1%.
Fitch concluye que el país puede recuperar su condición de referente “si logra elevar la inversión y el crecimiento sin desatender las demandas sociales”. Cabe señalar que ninguna de las dos cosas tiene una probabilidad alta de emerger en el horizonte inmediato, dadas las actuales políticas macroeconómicas contractivas con tasas de interés de política monetaria persistentemente altas y una restricción del gasto fiscal marcado por una inversión pública que cayó en un 14% real en el primer semestre del año.
Chile necesita medidas de alivio de las finanzas públicas con reformas tributarias que no afecten la actividad, aumenten la recaudación, mejoren la asignación de recursos y desconcentren la economía. Se debe empezar por eliminar el tope a las regalías mineras establecido por presión de las empresas en la ley de 2023, que establece que la carga global máxima que puede pagar una gran minera (regalía + impuesto corporativo + impuestos finales de sus dueños) no puede superar el 45,5% o 46,5% de su rentabilidad operacional, según su tamaño, lo que no tiene ningún sentido cuando aumentan sustancialmente los precios del cobre. Eliminar el límite descrito se debe acompañar del aumento a 90% de la tasa aplicable al margen de utilidades operacionales en situaciones de precios muy altos del cobre, lo que no pone en peligro la inversión pues la rentabilidad minera permanecería suficientemente alta.
A su vez, se debe separar el impuesto a las utilidades de las empresas y el impuesto a la renta de las personas, y no descontar el primero del segundo como ha establecido el gobierno de Kast, mientras hasta ahora lo era solo parcialmente. También se debe aumentar la cobertura y magnitud de los impuestos específicos al consumo de bienes dañinos para la salud y el ambiente, incluyendo igualar el impuesto específico a las gasolinas y al diésel, sin perjuicio de exenciones sociales puntuales. Asimismo, se debe establecer sobretasas de aplicación rápida en el impuesto a las utilidades de las empresas que se benefician indebidamente de posiciones monopólicas. A su vez, el impuesto ya existente de 2% sobre el valor de aviones, helicópteros, yates y vehículos de alto valor, que se paga como tributo patrimonial anual, debe extenderse al conjunto de muy altos patrimonios (incluyendo las primeras viviendas de mayores de 65 años), así como aplicarse un mayor impuesto a las ganancias de capital, incluyendo no solo cuandose realiza mediante la venta sino en el aumento anual no realizado del valor del patrimonio. Se debe, asimismo, aumentar sustancialmente el impuesto a las grandes herencias. Los impuestos al patrimonio debieran poder tributarse opcionalmente en participaciones de capital.
Este tipo de enfoque de política fiscal es alternativo al del actual gobierno, que solo se propone bajar los impuestos a los grupos de altos ingresos y disminuir los gastos públicos de interés general, pues postula equivocadamente que el Estado mínimo y el aumento de la concentración económica incrementarían el crecimiento en beneficio de todos. Antes bien, fortalecer las finanzas públicas para aumentar el bienestar colectivo requiere ampliar equitativamente la base tributaria antes que debilitarla y hacerla más injusta.
