Por Osvaldo Rosales
El fracaso del progresismo en las elecciones presidenciales y parlamentarias de fines de 2025 está pasando la cuenta. Estamos ad – portas que se apruebe una propuesta refundacional que nos hace retroceder a los años de la dictadura, con una reforma tributaria que concentrará aún más el ingreso y que podría congelar la tributación de las grandes empresas por 25 años. El gobierno define esta iniciativa como una de “Reconstrucción”, apelando a los viejos conceptos de la dictadura. No es evidente aún que el gobierno consiga aprobar la mega-reforma en su totalidad, pero a las alturas de la primera semana de mayo todo indica que podría conseguir el grueso de sus objetivos.
El proyecto de ley, en verdad, es un conjunto de proyectos. Aborda 4 áreas, todas precedidas del concepto “Reconstrucción”: la física (por incendios en Ñuble y Biobio), económica, institucional y fiscal. En 120 páginas, se desglosan 33 artículos permanentes y 17 transitorios, a lo que habría que agregar el Informe Financiero de 45 páginas. El megaproyecto aprovecha comunicacionalmente la reconstrucción de las zonas dañadas por los incendios, pero el verdadero corazón del proyecto es una profunda reforma tributaria, de carácter regresivo y que, por ende, acentuará las ya elevadas desigualdades. Junto a esta reforma, se incluyen medidas tan variadas como un subsidio a la contratación, el fin de la franquicia de capacitación, apoyo a la salmonicultura, límites a la gratuidad universitaria, subsidio a la compra de viviendas, incentivos al retiro de funcionarios públicos, sanciones a funcionarios públicos por uso indebido de licencias médicas, autorización al SII para cruzar información sobre personas beneficiarias de programas sociales, modifica regulaciones en salmonicultura, normativas sobre evaluación ambiental y sobre la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales.
Un conjunto tan amplio y heterogéneo de temas merece ser discutido por partes y dedicándole el tiempo necesario para escuchar a especialistas. En rigor, más que un “proyecto de reconstrucción” se trata de una gran reforma tributaria encubierta. El gobierno insiste en una discusión única y apresurada de un proyecto que incluye muchos artículos y de variadas temáticas. Al vincular en un todo único la reforma tributaria con la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios, lo que el gobierno busca es que la legítima oposición a los recortes tributarios sea interpretada como indolencia frente al drama de quienes necesitan ver reconstruidas sus viviendas
La mirada económica del progresismo reconoce la importancia de acciones orientadas a dinamizar la inversión, el crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos. Considera fundamental mantener la responsabilidad fiscal en todas las iniciativas que se lleven a cabo, garantizando la sostenibilidad de las políticas públicas y la correcta gestión de los recursos del Estado. También comprende que es imperativo responder de manera inmediata a las necesidades de las zonas que han sido devastadas por los incendios en Ñuble y Bio Bio, asegurando que las comunidades afectadas reciban el auxilio y respaldo necesario para superar las dificultades ocasionadas por esta emergencia.
Un financiamiento regresivo. El financiamiento propuesto para esta reconstrucción es profundamente regresivo. Incluye un perdonazo tributario a quienes, de modo irregular, mantienen ingresos y activos en el exterior; reduce en 50% el impuesto a las herencias y donaciones, lo que, de nuevo, favorece a familias de mayores ingresos y elimina la franquicia SENCE que apoya actividades de capacitación. En el primer caso, se trata de un premio a la evasión y de un incentivo a seguir evadiendo hasta esperar el próximo perdonazo; en el segundo, de inducir una planificación tributaria agresiva que les anticipe una rebaja de impuestos; en el tercero, elimina un instrumento que, bien reformado, debiera jugar un rol clave en el readiestramiento de los trabajadores. Bastaría que el gobierno desistiese de los millonarios recortes tributarios a las personas de más altos ingresos para contar con recursos más que suficientes para abordar la urgente reconstrucción de las zonas afectadas por los mega-incendios.
Riesgos legislativos. Pretender una votación única en una batería de proyectos que cubre tantos temas no sólo es poco serio. También enfrenta problemas legislativos y políticos. Legislativos pues la técnica parlamentaria exige que cada proyecto presente una justificación precisa; políticos, pues una reforma tributaria que se apruebe en el parlamento con una tramitación express, no deja espacio a un consenso político que asegure acuerdos de mediano plazo y estabilidad para los inversionistas. Una tramitación bajo presión no despejará el riesgo de inconstitucionalidad en la eventual aprobación del proyecto.
El megaproyecto y el escenario macroeconómico Las proyecciones para 2026 sugieren un crecimiento inferior al 2% y una inflación cercana al 5%. En este escenario no es buena idea agregar recortes del gasto público que restarán dinamismo a la economía y a la generación de empleos. Peor aún, el paquete fiscal en su conjunto, resta recursos al fisco durante todo el período de gestión del actual gobierno, generando déficits fiscales y un aumento de la relación deuda pública sobre producto, incluso si se aceptasen los optimistas supuestos sobre mayor recaudación asociada al impacto de la inversión sobre el crecimiento.
La reforma tributaria que propone el gobierno se financiaría básicamente con recortes en el gasto público, los que no estarán presentes en la discusión legislativa, de modo que lo que discute en el parlamento es sólo la mitad del problema. En teoría, entre 2/3 y ¾ del financiamiento del megaproyecto provendría de optimistas proyecciones de crecimiento. En rigor, el grueso del financiamiento provendría de los recortes a programas sociales que tanto rechazo han causado en la opinión pública.
Cuando el gobierno plantea recortes en el gasto público por US$ 6.000 millones en 18 meses surgen al menos dos inquietudes. Una, considerar el uso alternativo que esos recursos podrían tener en salud, educación o vivienda. Dos, recordar que la macroeconomía básica indica que la reducción del gasto público reduce el crecimiento en la magnitud que muestre el multiplicador de ese gasto. Un menor crecimiento impactará los ingresos tributarios, aumentando la brecha fiscal a financiar. Con bajas proyecciones de crecimiento para 2026 y 2027, rebajar el gasto público acentuará el menor ritmo de crecimiento y la generación de empleos y eso es malo para la inversión y para la productividad.
Hay inconsistencia entonces entre una elevada ambición en converger al equilibrio estructural de las cuentas públicas durante el período de gobierno, al tiempo que se plantea una política económica que conduce a un mayor desequilibrio fiscal y a un mayor endeudamiento. De concretarse esto último, empeoraría nuestra calificación de riesgo, elevándose el spread en el financiamiento internacional, lo que se transmite a la economía nacional vía mayores tasas de interés, encareciendo el costo del crédito para inversiones y para el consumo financiado por las tarjetas de crédito.
Una concepción trasnochada del crecimiento
La ideología detrás de este proyecto concibe al crecimiento como resultado automático y directo de rebajas de impuestos y desregulaciones que estimularían la inversión privada. Esta visión no da cuenta del debate moderno sobre crecimiento que pone énfasis en los temas de innovación, productividad, cambio tecnológico y diversificación productiva, todos temas imposibles de abordar sin la presencia de una alianza público-privada relevante. Estos temas son claves en el crecimiento tendencial de la economía, que es lo que interesa para la convergencia estructural de las cuentas públicas. En términos prácticos, es el retorno a la añeja “política del chorreo” y de la consigna de Pinochet de “cuidar a los ricos”
Estímulo a la inversión. El principal instrumento para dinamizar la inversión es acelerar el reglamento de la Ley Marco sobre Permisos Sectoriales, tema sobre el que el gobierno aún no ha informado. La Comisión Marfán estimó que reducir en un tercio el tiempo promedio de tramitación de los proyectos de inversión tendría un efecto económico equivalente a bajar la tasa del impuesto corporativo en alrededor de 3,7 puntos porcentuales. Considerando el elevado monto que muestra la cartera de proyectos que consulta la CBK, proyectos que fueron avanzando pese a los largos trámites que esta ley reduce drásticamente, es razonable esperar una importante oleada en la concreción de proyectos, una vez se ponga en práctica el reglamento de la ley.
Inversión. No es cierto, como se pregona en ciertos medios de comunicación, que la centroizquierda se agota en la crítica, pero no tiene propuestas. Desde el progresismo, se propone implementar a la brevedad el reglamento para la ley Marco de Permisos Sectoriales, constituir una nueva oficina para agilizar los procesos de inversión en el Minecon, implementar ventanilla única, tanto en permisos sectoriales como ambientales, racionalizar el proceso de tramitación ambiental de los proyectos de inversión y racionalizar la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales, escuchando a los expertos en el tema.
Se sugiere también crear una Oficina Presidencial de proyectos estratégicos y articulación de la inversión privada y pública. Esta oficina debiera coordinar las inversiones públicas y privadas con mayor impacto productivo; coordinará también el seguimiento a proyectos de inversión pública que dependen de los ministerios de Minería, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, y Economía, Fomento y Turismo, Ministerio del Trabajo. Se propone también establecer mesas de trabajo público privado en cada región, de carácter tripartito, con participación del gobierno regional, identificando proyectos estratégicos (públicos y privados) que mejor impulsen el desarrollo productivo y el empleo en cada región.
Sobre la reforma tributaria Las medidas tributarias, que son el corazón del proyecto de ley, aportan poco o nada al crecimiento; empeorarán las cuentas fiscales y concentrarán aún más el ingreso pues prácticamente todas las medidas tributarias benefician al 1% más rico de la población.
La reforma tributaria, además de dañar las cuentas fiscales y de favorecer sólo marginalmente el crecimiento, es profundamente regresiva. No es casualidad que las organizaciones que agrupan a las grandes empresas aplaudan el proyecto, en tanto las pymes y, según las encuestas, la mayoría de la población, lo rechacen. Según cálculos de la DIPRES, el 79% de los beneficios de esta rebaja impositiva serían obtenidos por el 1% de personas de mayores ingresos, en tanto el 75% de los beneficios de la reintegración tributaría favorecerían al 1,6% más acaudalado.
Este impulso a la desigualdad opera sobre un contexto de ya elevada concentración. De acuerdo al International Tax Observatory, en Chile el 1% más rico concentra el 30% del ingreso que se genera cada año y el 53% de la riqueza. Sorprende que con tanta evidencia internacional acumulada se siga insistiendo en que la única forma de crecer más sea concentrando el ingreso y aumentando la desigualdad distributiva. Cálculos de la DIPRES también indican que por concepto de la rebaja en la tasa del Impuesto de Primera Categoría (IDPC), el que afecta a empresas grandes y medianas, la reintegración tributaria y el subsidio a la planilla de ocupados, cada una de las 1.500 personas más ricas del país recibirá anualmente un beneficio de 650 millones de pesos. Es fácil comprender el entusiasmo con que esta gente impulsa esta contra-reforma tributaria.
El proyecto de ley incluye una reducción gradual del IDPC para las grandes y medianas empresas del 27% al 23%, la eliminación del impuesto del 10% sobre las ganancias de capital en acciones con presencia en bolsa, un crédito fiscal sobre salarios estimado en US$ 1.400 millones anuales, una exención transitoria del IVA en la compra de viviendas nuevas durante doce meses, un período de repatriación de capitales con tipos impositivos entre el 7% y el 10%, un régimen de invariabilidad fiscal de 25 años para inversiones superiores a US$ 50 millones, la restauración de la plena integración en el impuesto sobre la renta, una reducción transitoria única del 50% del impuesto sobre donaciones y la exención del pago de contribuciones sobre la primera propiedad para las personas mayores de 65 años.
Del conjunto de las medidas citadas, la única que puede contribuir a elevar la inversión es la reducción del IDPC, con un costo para el fisco de US$ 1.800 millones en menores impuestos. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que todos los estudios internacionales al respecto, corroborados en nuestro país por la Comisión Marfán, indican que el impacto de esta rebaja sobre la inversión es modesto, demora varios años en concretarse y además no consigue compensar la rebaja tributaria inicial. En otras palabras, es posible en 3 a 4 años conseguir algunas décimas más de crecimiento del producto, sin embargo, ello sería a costa de elevar el déficit fiscal y consecuentemente, elevar también la deuda pública a niveles que pueden ser complejos.
Sobre la carga tributaria de las empresas grandes y medianas, los estudios académicos internacionales indican de modo palmario que las variables claves para la inversión son la estabilidad jurídica y regulatoria, la calidad de la infraestructura física y digital, de la fuerza de trabajo y recién entonces aparece la carga tributaria como variable a considerar. Dicho eso, es importante diferenciar entre la tasa nominal del IDPC y la tasa efectiva que pagan las empresas. En efecto, la tasa que efectivamente se paga es bastante inferior a la nominal del actual 27% pues a esa tasa hay que restarle el impacto de la depreciación acelerada, el uso ilimitado de pérdidas tributarias y otros beneficios. Cuando se incorporan estos ajustes, resulta que en 2023 la renta líquida imponible de estas grandes y medianas empresas afectó sólo al 38% de las utilidades financieras. En otras palabras, si bien la tasa del IDPC es 27%, en la práctica, la tasa promedio efectiva fue más bien cercana al 10%.
El proyecto alude a la denominada “competitividad tributaria” del país, concepto muy difundido por las organizaciones que albergan a las mayores empresas. Es un concepto que no tiene cabida en las finanzas públicas. De acuerdo a esta curiosa aseveración, habría que colegir que los países más competitivos son los que tienen impuestos corporativos más bajos, con independencia de la estabilidad jurídica, regulatoria, de la primacía del estado de derecho, de la seguridad urbana, de la calidad de la infraestructura y de las instituciones o de la calidad de la fuerza de trabajo. Con base en esta afiebrada concepción, Andorra, Bulgaria, Kosovo, Hungría, Hyrgyztan, Kosovo, Macedonia del Norte, Moldovia y Paraguay debieran encabezar los índices de competitividad, cuestión que obviamente está a años luz de concretarse. Si ordenamos ahora por presión tributaria total, es decir. impuestos directos e indirectos, los “países más competitivos”, es decir, aquellos con la menor carga tributaria, serían estados petroleros como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, junto a Afganistán, Angola, Bahréin, Bangladesh, Etiopía, Gabón, todos países con una presión tributaria inferior a 10% del PIB, zonas donde seguramente los CEO de grandes empresas optarían por vivir gustosos, en vez de hacerlo en Dinamarca, Francia y Bélgica, países con cargas fiscales superiores al 44–46 % del PIB.
Rebaja del IDPC, pero compensada. Para facilitar un acuerdo de largo plazo al respecto, es posible conversar sobre la rebaja del IDPC, pero con compensaciones, las que deben ser tributariamente progresivas, tal como se estableció en el proyecto presentado por el ministro Marcel. La eventualidad de un acuerdo sobre la rebaja al IDPC supondría eliminar la invariabilidad tributaria, la plena integración tributaria, el perdonazo por la repatriación de capitales, la reducción en el impuesto a las donaciones y la exención en el pago de las contribuciones.
Hay varios candidatos para elegir entre diversas modalidades de compensación. Por ejemplo, eliminar exenciones y regímenes especiales; elevar las tasas marginales de los tramos de mayor ingreso en el global complementario, igualar el impuesto al diésel con el impuesto a la gasolina; combatir la elevada evasión del IVA, particularmente en el comercio informal y combatir la elusión.
Eliminar la renta presunta es un buen candidato. Surgió en l974, con mecanismos presuntivos que luego se consolidaron, aplicables a pequeñas empresas en actividades agrícolas, transporte y pequeña minería.La renta mínima presunta se instauró para resolver la falta de información contable en sectores rurales y de difícil fiscalización. Medio siglo después es evidente que el acceso a normas contables modernas está al acceso de cualquier iniciativa empresarial, por una parte, y por otra, resulta escandaloso comprobar que cerca del 80% de los contribuyentes que la utilizan pertenecen al 3% de mayores ingresos, según informa el destacado economista Claudio Agostini, especializado en política tributaria.
La integración tributaria plena afecta la recaudación, la progresividad fiscal y abre espacio a mayor elusión. No es trivial el hecho que 30 de las 37 economías de la OCDE tengan un sistema desintegrado. Con un sistema de plena integración, se requeriría reforzar los controles anti-elusión, a los gastos personales que se asignan a la empresa y sobre las sociedades de inversión. Sin mayor flexibilidad en el secreto bancario esto no será posible y se transformará en una fuente adicional de elusión. Por último, integrar el sistema sin elevar el global complementario no asegura mayor inversión, empeora el saldo fiscal e incrementa la desigualdad.
El megaproyecto establece la invariabilidad tributaria por 25 años para toda inversión superior a los US$ 50 millones. Destacados académicos han subrayado que la invariabilidad tributaria poco aportaría a elevar los niveles de inversión. Inversionistas nacionales e internacionales entienden muy bien que una invariabilidad tributaria de 25 años tendrá poca vigencia pues atenta contra la necesaria flexibilidad de la política fiscal en un contexto global como el que enfrentamos.
La alusión al DL 600 olvida que ello ocurrió en 1974, en plena dictadura, cuando el país se transformaba en un paria internacional y este decreto apuntó a atraer inversión extranjera, renuente a invertir en ese escenario político. La situación actual es muy distinta: i) nuestro riesgo-país es de los más bajos de la región, más bajo incluso que varias economías desarrolladas; ii) la inversión extranjera ha alcanzado niveles record en 2024 y 2025; iii) la CBK detecta US$ 63.867 millones en proyectos de inversión para el lapso 2024-2028, tres cuartas partes de ello inversión extranjera y básicamente radicada en energía y minería, iv) más del 50% de esos proyectos ya cuentan con aprobación ambiental y la mayoría ya se encuentra en etapa de construcción e ingeniería de detalle.
Ninguno de estos proyectos, nacionales ni extranjeros, han requerido invariabilidad tributaria para concretarse. Inversionistas sofisticados entienden además que pretender invariabilidad tributaria cuando no se necesita y hacerlo además por un cuarto de siglo, atravesando 6 gobiernos, es una quimera.
La suspensión temporal del IVA por 12 meses a la compra de viviendas nuevas introduce una excepción al IVA por dificultades que fácilmente se pueden replicar en otros sectores. El argumento es que esta medida estimularía la venta de viviendas que aún no se venden y, por esa vía, estimularía el empleo con la construcción de nuevas viviendas. No es lo más eficiente para estimular el empleo en la construcción, ya que un subsidio al empleo o un subsidio directo al comprador serían más eficaces. En rigor, aquí se trata de otra rebaja tributaria, esta vez a las grandes empresas constructoras e inmobiliarias. En una economía que se presume de mercado cuesta entender que ante un eventual sobre-stock de viviendas que cuesta vender no se proceda a reducir los precios de venta, como acontecería en cualquier mercado competitivo. Este premio a las grandes empresas del sector se constituye en una forma velada de política industrial que favorece a un sector por la vía tributaria.
Por otra parte, los especialistas del sector indican que el efecto final en el valor de las viviendas no superaría un 4-5% de caída en el precio de venta. Surge entonces la duda respecto del impacto efectivo de una medida de alto costo (US$ 2.500 millones) que impactaría marginalmente el precio de la vivienda y que además se establece en un momento de incremento en la inflación y en la UF, lo que mermará significativamente el alcance de la medida.
Sobre el subsidio al empleo y la eliminación de la franquicia SENCE
El crédito tributario a la planilla de remuneraciones no genera empleo formal adicional, reduce la a carga tributaria de las empresas, sin exigir requisitos de contratación ni beneficia el salario de los rabajadores. Además, parte significativa del beneficio (1/3) iría a las grandes empresas. Tendría más sentido un subsidio a la contratación, enfocado en pymes y que colabore a mejorar las remuneraciones.
La evidencia internacional indica que los subsidios al empleo, en líneas generales, no aseguran la creación efectiva de nuevos puestos de trabajo. En el caso particular de este proyecto, la implementación de dicha medida resulta especialmente costosa y, a su vez, tampoco garantiza un aumento en las contrataciones. Esta limitación ha sido reconocida incluso por el propio ministro de Hacienda. En un contexto económico de bajo crecimiento y de creciente inflación, por ende, con debilidad de la demanda agregada, el subsidio a la contratación es aún menos eficiente.
En la práctica, el subsidio funciona principalmente como una rebaja tributaria dirigida a los empleadores, sin que ello se traduzca necesariamente en un impacto directo sobre la generación de empleo. Además, el costo fiscal asociado a esta política es considerable, ya que se estima en aproximadamente US$ 1.500 millones anuales, por impuestos que se dejan de percibir.
Además, el proyecto misceláneo contempla la eliminación de la Franquicia Tributaria de Capacitación, decisión que consideramos muy desacertada. Esta franquicia puede constituirse en instrumento relevante para el financiamiento de la capacitación laboral y el estímulo a la productividad, tal como lo han planteado el Hogar de Cristo y otras instituciones humanitarias. Desde la gestión de E. Matthei en el ministerio del Trabajo existe un acuerdo transversal respecto de las modificaciones que necesita este instrumento. Ese es el camino: reformular y no eliminar. Su supresión afectará negativamente los procesos de formación y certificación de los trabajadores, así como la vinculación con las necesidades cambiantes del mercado laboral. No basta con decir que se estudiará un nuevo proyecto al respecto, dado que la concreción de una eventual nueva política podría demorar años. En el intertanto, en un contexto económico caracterizado por las transiciones digital y energética, por el avance de la IA y la creciente automatización de actividades, restarle espacios de capacitación a los trabajadores es marginarlos de opciones de progreso y dejarlos fuera de las posibilidades que abren las nuevas tecnologías. De nuevo surge aquí el precepto liberal extremo: que cada trabajador se las arregle por su propia cuenta.
En empleo y capacitación, el progresismo propone:
1. Subsidio al empleo. Con las siguientes características: i) adicionalidad, es decir, que se otorgue a la generación de empleo adicional; ii) que beneficie a los trabajadores, tal que sean ellos los portadores del beneficio; iii) que se focalice en las pymes.
2. Promoción activa del uso del Subsidio Unificado al Empleo recientemente promulgado. El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) para la protección del empleo de mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad recientemente promulgado entrega subsidios a la contratación de integrantes de estos grupos, dándoles prioridad debido a que sufren mayores tasas de desempleo y mayores obstáculos para participar en el mercado laboral que el promedio de la población.
El SUE unificó y armonizó los antiguos Subsidio al Empleo Joven, Bono Empleo a la Mujer, y Subsidio Previsional a las y los Trabajadores Jóvenes. El SUE debe promocionarse y utilizarse para incentivar la generación de nuevos contratos laborales y la incorporación y mantención de vínculos formales que entregan acceso a la protección social.
3. Modificar el artículo 203 sobre sala cuna para hijos e hijas de madres trabajadoras en empresas con más de 20 mujeres. Es una importante reforma con efectos de mediano y largo plazo sobre empleo y salarios femeninos. Se requiere dar urgencia a la modificación del artículo 203 del Código del Trabajo para eliminar la restricción que limita el Derecho a Sala Cuna únicamente a empresas con 20 o más trabajadoras.
Es un tema largamente discutido y de amplio consenso: ampliar el acceso al beneficio de sala cuna para todas las madres y padres trabajadores con hijos o hijas menores de 2 años, haciéndolo universal y asegurando su financiamiento a través de un fondo constituido con aportes de las empresas y del Estado. Facilitar la incorporación al mercado laboral de las mujeres que hoy no pueden hacerlo por falta de alternativas de cuidado para sus hijos e hijas posibilitará elevar la participación laboral femenina en el mediano plazo, elevar la actividad económica, junto con reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y promover la corresponsabilidad del cuidado entre padres y madres.
4. Una Agencia Nacional de Empleo, unificando y modernizando la red de capacitación, certificación e intermediación. Unificar SENCE, ChileValora, Bolsa Nacional de Empleo y Oficinas Municipales de Intermediación Laboral. El sistema se financia hoy con recursos fiscales y con la Franquicia Tributaria de Capacitación. Esta Agencia podría utilizar estos mismos recursos para desarrollar una sólida plataforma digital, con estrecho vínculo con los gobiernos regionales, coordinación tripartita, implementando una Política Nacional de Empleo adaptada a cada región.
- Objetivo: Fortalecer los procesos de intermediación laboral; promover su acceso y uso; ampliar la cobertura de las certificaciones a más ocupaciones y elevar efectividad de las capacitaciones, creando habilidades pertinentes para el trabajo contemporáneo, facilitando que trabajadores capacitados puedan acceder a mejores empleos y salarios.
- Esto requiere introducir reformas a la Franquicia Tributaria (pero no eliminarla).
El desafío es orientar los incentivos para que más Pymes puedan usar este beneficio: prioridad a cursos con mayor impacto/ más demandados por empresas privadas; con mayor control en el uso eficaz de los recursos; articulación con educación técnico-profesional; capacitación en nuevas tecnologías y, fundamentalmente, reforzando el vínculo con el sector productivo, de modo que la capacitación sea pertinente y adecuada a las demandas que van surgiendo.
¿Y las exportaciones, qué?
Llama la atención que el megaproyecto orientado a estimular el crecimiento ignore las exportaciones. Para una economía pequeña y abierta como la nuestra, que depende tan críticamente de las exportaciones y además en un escenario global donde empieza a cundir el proteccionismo, parece evidente que una mirada de mediano plazo sobre el crecimiento debe otorgarle un espacio central al dinamismo de las exportaciones.
Urgencia de un Reimpulso Exportador. Fortaleciendo la coordinación entre ministerios y agencias que participan en el comercio exterior y la inversión, asegurando que los temas de internacionalización ocupen un lugar prioritario en la agenda pública y se eviten duplicidades o contradicciones entre diferentes actores del sector público.
Una agenda de competitividad que expanda nuestra capacidad exportadora
-reforzando los vínculos institucionales y de contenido entre política comercial, promoción de exportaciones, atracción de IED, internacionalización de empresas, innovación tecnológica, apoyo a pymes y formación de recursos humanos;
– diversificando mercados, productos y empresas exportadoras, con apoyo productivo y tecnológico a las pymes, mejorando su capacidad exportadora con actividades de capacitación, promoción internacional, asistencia técnica y giras tecnológicas;
– apoyando las exportaciones de servicios, con énfasis en servicios tecnológicos, creativos y profesionales;
-integrando a pymes y startups en la cadena exportadora, facilitando su acceso a mercados globales mediante asesoría, financiamiento y promoción,
-promoviendo un diálogo más estrecho entre Corfo y Prochile, así como con los fondos Scale-Up Chile y Scale X, ampliando la escala del apoyo a exportaciones emergentes y competitivas que enfrenten limitaciones de financiamiento para su internacionalización.
Responsabilidad fiscal. El Informe Financiero del proyecto, basado en proyecciones optimistas sobre el crecimiento y sobre el impacto de la inversión sobre la recaudación, señala que el impacto positivo en las cuentas públicas se vería recién en 2035. Vale decir, los impuestos bajarían en el cortísimo plazo, pero el crecimiento tardaría y la mejora fiscal llegaría después de casi diez años. Es una apuesta arriesgada, como advierte el FMI, pues podría aumentar significativamente la relación deuda pública/PIB, comprometiendo nuestra posición regional e internacional, la que nos mantiene no sólo a la cabeza de la región, sino que en mejor posición que la mayoría de las economías industrializadas.
Enfrentamos efectivamente en una situación de estrechez fiscal, porque tenemos presiones de gasto crecientes, derivadas tanto del propio aumento en el ingreso por habitante como del envejecimiento de la población (salud, PGU y políticas de cuidados). En los últimos dos años esto se vio agravado por ingresos que rindieron menos que en el pasado, razón que resta por averiguar y que debería preocupar al actual gobierno.
La derecha y ahora junto con la ultraderecha se han opuesto rotundamente a cualquier opción de elevar los ingresos tributarios, tal cual ha acontecido en todas las experiencias relevantes de desarrollo económico, las que muestran inequívocamente que la carga tributaria va creciendo gradualmente, a medida que va creciendo el ingreso por habitante. La demanda creciente de bienes públicos por parte de los sectores medios y más recientemente las presiones demográficas, ambientales y las asociadas al cambio climático van exigiendo mayor presencia del gasto público. En el caso chileno, contrariando esa tendencia, la presión tributaria como porcentaje del PIB se ha mantenido prácticamente constante en los últimos 35 años.
Compartimos que es indispensable racionalizar todo lo posible el gasto público y revisar permanentemente su eficiencia. Sin embargo, la racionalización servirá para acomodar otras presiones de gasto, en ningún caso para reducirlo drásticamente. De hecho, en este debate ni siquiera se mencionan las necesidades de infraestructura física y digital, los desafíos de innovación e I&D, de medio ambiente y de mitigación y adaptación al cambio climático. Todos estos cruciales desafíos demandan recursos públicos y privados. Pretender abordarlos con un estado mínimo y congelando los impuestos corporativos por un cuarto de siglo no resiste el menor análisis. Lo menos que puede decirse es que se trata de una mirada poco responsable para abordar las finanzas públicas en un período de compleja transición digital y energética y de una economía mundial sometida a importantes shocks comerciales y financieros.
