Pese a las duras críticas de la UDI, que la acusaba de ingenua por intentar sumar a senadores de oposición a la aprobación del llamado proyecto de reconstrucción nacional, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, se anotaba una muy relevante victoria política al sumar a cuatro senadores del PPD (en rigor, en su mayoría independientes) a cambio de algunas concesiones en materia de invariabilidad tributaria. Un gran logro para el gobierno y toda una derrota para la oposición. Sin embargo, todo se vino abajo por la torpe maniobra del ministro de Hacienda que, a último minuto, quiso pasarse de listo, introduciendo una indicación que rebajaba aún más el impuesto a las empresas del 23 % propuesto inicialmente, al 22 %.
Con toda razón los senadores del PPD que, en contra de la opinión de su dirección partidaria, decidieron arribar a ese acuerdo, se sintieron engañados. No tan sólo habían desafiado a las autoridades de su partido sino habían quebrado la unidad de la oposición para pactar un acuerdo del todo insuficiente, que el resto del sector no dudaba en calificar como pésimo. La decisión del ministro Quiroz de modificar unilateralmente el acuerdo los dejaba sin piso.
Las alarmas sonaron en La Moneda. El ministro del Interior llamó a Quiroz para que retirara la indicación, comunicándose con los senadores de oposición que habían suscrito el acuerdo para comunicarles la decisión, buscando mantenerlo. Pero fue demasiado tarde. El conjunto de la oposición ya había anunciado la decisión de concurrir al Tribunal Constitucional y los senadores de la discordia habían reculado.
Las críticas al interior del oficialismo se acentuaron. Aunque algunos nunca pensaron en la virtud de un eventual acuerdo, lo evidente fue que ese pan se había quemado en la puerta del horno, el gobierno se había dado un tiro en los pies y existía un solo responsable. Quiroz, el ministro peor evaluado en las encuestas, que intentó minimizar sus responsabilidades, atribuyéndolas a un error de interpretación.
El penoso incidente ofrece varias lecciones. Sin duda, la más relevante y evidente es la falla de conducción del gobierno. No resulta muy verosímil que el titular de Hacienda haya tomado la decisión de modificar el acuerdo sin consultar con el presidente Kast. Y si no lo hizo, la situación es aún más grave. Desde luego deja en un muy mal pie al comité político, que obviamente no fue consultado y ratifica que, lejos de ser un equipo afiatado, en el gabinete conviven diversas sensibilidades, con claras diferencias en su interior.
El gobierno ha puesto presión para aprobar su proyecto emblemático en el menor tiempo posible. La razón no es sólo porque lo considera indispensable para impulsar el crecimiento sino también porque podría perder su estrecha mayoría en el senado, de prosperar el desafuero de tres representantes oficialistas (Miguel Ángel Calisto, Camila Flores, Alejandro Kusanovic) investigados por delitos de fraude fiscal.
De la misma manera muestra las diferencias, debilidades y falencias de los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición. La decisión de la presidenta del Senado de buscar un acuerdo al menos con una parte de la oposición para aprobar un megaproyecto que, en lo esencial, es una reforma tributaria que favorece al 1 % más rico de la población, era lo más racional desde ese punto de vista político.
Sin embargo ha recibido fuego cruzado desde el propio oficialismo, que no ha dudado en calificarlo como una pérdida de tiempo, argumentado que da lo mismo aprobarlo por un voto, como ciertamente sucedería.
Es más que evidente que en el llamado oficialismo conviven dificultosamente diversas sensibilidades que el gobierno ha intentado vanamente ordenar bajo el liderazgo presidencial. El partido republicano ha reconocido mayor proximidad con el partido libertario, que no forma parte del ejecutivo. Chile Vamos está cruzado por profundas diferencias en su interior y no existen condiciones para transformar al oficialismo en una verdadera coalición gobernante. Una situación inquietante a más de cuatro meses de gobierno, cuando suben los indicadores de desaprobación, el ejecutivo aún no acaba por desplegar su agenda y recibe presiones de todo tipo para cumplir sus promesas de campaña. Entre otras, el indulto a condenados por delitos de lesa humanidad.
Y cómo andamos por casa…
En la oposición la situación pareciera peor aún. Existe un amplio consenso en la centroizquierda que se trata de un mal proyecto. No tan sólo porque favorece a los más ricos sino también porque implica una merma sustantiva de los ingresos fiscales. Con invariabilidad y rebajas tributarias al gran empresariado no compensadas, una riesgosa apuesta advertida desde el Consejo fiscal autónomo y numerosos economistas que Quiroz ignora refugiándose en la imaginaria compensación de mayor crecimiento hacia finales de la década.
Pese a lo anterior, aquellos cuatro senadores de oposición, sin consultar a su partido, decidieron negociar con el gobierno un acuerdo del todo insuficiente y sin siquiera garantías de que pase el control de constitucionalidad.
La oposición ha mostrado desorden y falta de unidad para enfrentar la agenda oficialista. Qué duda cabe. Parlamentarios que actúan por su cuenta, sin consultar con sus partidos. Acusaciones de colusión entre sectores de la oposición y el gobierno. Polémicas públicas y escasa capacidad para una acción unitaria y menos para enfrentar la batalla cultural que propone la ultraderecha.
Claramente, hoy por hoy, la oposición no representa una opción de futuro. Ni tan siquiera alguna consistencia de eficacia convocante en lo inmediato. Al igual de lo que sucede con las derechas, no es posible hablar de una oposición, sino de varias, con manifiestas diferencias y serias dificultades para coordinarse entre sí. A la hora de pensar en la proyección futura, aparece el fantasma de Franco Parisi. O el de Johannes Kaiser. Por mucho que algunos piensen en el retorno de Boric, el liderazgo de Carolina Tohá o el carisma de Tomas Vodanovic, no existe consistencia en el sendero opositor actual.
Muchos se preguntan si la ola ultraconservadora que recorre el mundo, nuestra propia región y país, es un fenómeno pasajero o ha venido para quedarse. La señal más relevante para despejar aquella incógnita podría estar dada por el resultado de la elección de mitad de mandato en EE. UU., en donde todo indicaría que Donal Trump perderá su mayoría en la cámara baja y posiblemente en el senado. No deja de ser significativo el avance de los sectores más progresistas del partido demócrata, que podrían implicar un cambio en las tendencias políticas en ese país. De igual manera, es muy relevante lo que suceda en Brasil en las elecciones de fines de año en donde Lula aparece con la mayor opción a ser electo. Ello podría marcar algun punto de inflexión no tan sólo en la región sino también a nivel global.
La gran interrogante es si el progresismo, en su más amplia diversidad, tiene respuestas y propuestas viables ante los principales desafíos y demandas ciudadanas, para enfrentar el avance del crimen organizado, saldar las cuentas con el mercado y ofrecer propuestas viables para asegurar crecimiento sostenible y sustentable, empleos decentes y de calidad, una competitividad basada en la modernización tecnológica y la eficiencia, antes que en la baja de impuestos y de los salarios, con indispensable justicia tributaria y acortamiento de las desigualdades. En definitiva, una ruta que involucre profundización y perfeccionamiento de la democracia y la urgente modernización del estado.
Son todas exigencias que desafían a los sectores progresistas para asumir con realismo el nuevo escenario mundial, en donde parece predominar la fuerza antes que la razón o el derecho, el miedo antes que la esperanza y el individualismo por sobre el interés colectivo.
