Esta semana se realizó la asamblea anual de SADEL, la sociedad de derechos de las letras chilena. Tiendo a creer que muy poca gente la conoce. Nació al alero de la SCD (agrupación de músicos) hace 25 años y hace lo mismo, es decir, gestiona colectivamente los derechos de autor de los artistas. Claro, en el caso de SADEL se trata de los y las escritoras chilenas, y las editoriales, lo que ciertamente es menos glamoroso que los músicos. Sin embargo, hay algo en que somos exactamente iguales: todos somos creadores y, en general, en el entorno cultural se tiende a pagarnos menos de lo que vale nuestro trabajo o, definitivamente, no pagarlo.
A veces pienso que los escritores somos como la clase media del país o el amarillismo en su quintaesencia. ¿Por qué lo digo? Porque siempre estamos en una posición intermedia. Nuestro trabajo es admirado, se le valora, pero cuando hablamos de un pago justo a los artistas que no están asociados a alguna industria o emprendimiento, surgen fuerzas de todos los sectores para evadir el pago. Dignatarios de instituciones universitarias que militan en alguna derecha, de esas que defienden a ultranza el derecho de propiedad, paradójicamente se resisten a pagar derechos de autor por el uso colectivo de los libros. Si se compra y se digitaliza, no es problema porque ya está pagado, dicen. No tendrían por qué volver a hacerlo. Ocurre con universidades, Centros de Estudios, Institutos profesionales, Colegios, o sea, en todos los niveles. Usan una gran cantidad de textos, los ponen a disposición de sus estudiantes, se suben a las redes, se reproducen, a veces en la proporción que indica la ley y en otras, no.
El ícono de la desvalorización ha sido el actual presidente de la República, que cree que hacer libros es un trabajo inútil que prácticamente no genera ningún empleo y solo sirve para ocupar lugar en una biblioteca.
También hay alguna izquierda que, desde una mirada medio romántica, cree que el fruto de la creación artística es patrimonio colectivo del pueblo y este debe acceder sin límites a sus frutos. Todo eso está bien pero no tiene nada que ver con remunerar de forma justa el trabajo de creación. Si los libros tienen un precio, habrá formas en que la sociedad se organice de modo que pueda pavimentar el acceso a estos bienes culturales. El problema es cuando se asume que parte del costo de dicho acceso deben pagarlo los propios creadores. Ícono de esta actitud es lo sucedido en la Convención constitucional que prácticamente quería eliminar el derecho de autor; o con el gobierno recién pasado que patrocinó un proyecto sobre la relación de la IA con la creación de libros muy similar a la que venía de contrabando en el megaproyecto del gobierno. Y en el mundo institucional universitario, una entidad que representa por antonomasia a la educación pública y laica, al igual que otra que se sitúa en la antípoda, o sea, es privadísima y de congregación, toman una postura equivalente: no pagar derechos de autor. Al medio, navegando entre esas aguas, estamos escritoras y escritores, luchando por tener un pago justo.
Más de alguien dice que no entienden la razón por la cual debieran hacerse pagos colectivos y que esto sería un pequeño negocillo para los gestores de estas organizaciones. El tema es mucho más simple: las instituciones que utilizan libros son centenares. La posibilidad de que un o una autora en forma individual logre detectar que en tal o cual lugar se están vulnerando sus derechos de autor es prácticamente imposible. Por ello las sociedades de gestión colectiva forman equipos especializados y ofrecen, además, una licencia para el uso de las obras que están asociadas al catálogo de la gestora. En el caso de SADELhablamos de los catálogos de más de 40 editoriales y los libros de más de 500 escritores chilenos. Y, además, como este tipo de sociedades no existen solo en Chile sino en muchos lugares del mundo, a través de ella se puede acceder a catálogos internacionales. La dificultad para pagar no es económica. Para una institución educacional el costo de la licencia de SADEL es mínimo, algo así como el sencillo para el vuelto. Apenas un porcentaje insignificante de la matrícula anual por cada estudiante. Puesto en pesos, un dos mil quinientos por alumno matriculado.
Si el tema no es económico, ¿cuál es? Me queda la sensación de que toda esta realidad es el fruto de un profundo cambio cultural que, por una parte, acusa recibo de la transformación de las formas de comunicación contemporáneas, donde la imagen y el espectáculo han ido desplazando como medio hegemónico de culturización, al texto y a la lectura. Así, el mundo de la literatura va quedando relegado al placer oculto de unos cuantos que no pueden pasar la vida sin leer o, simplemente, sin tener un libro a la mano. Nuestros mismos lectores que con justa razón se quejan del precio de los libros, son capaces de gastarse muchos miles de pesos comprando entradas para un concierto en algún gran estadio. A veces me siento como un bicho raro que todavía colecciona libros físicos y le duele el alma cuando se le pasa por la cabeza desprenderse de ellos, aunque en el fondo sepa que lo más probable es que no los vuelva a leer. Tengo el privilegio de poder comprar los libros. Pero conozco amigas y amigos que, aunque no tienen la misma disponibilidad, se las ingenian para acceder a los libros o encontrando su biblioteca preferida donde refugiarse. Me da la impresión de que pertenecemos a una secta clandestina que, como en la gran Fahrenheit 451, nos refugiamos en lugares secretos a leer.
Definitivamente, esto no es un tema económico sino de valores. Hace 25 años unos cuántos escritores y editores chilenos decidieron juntarse y formar SADEL. Durante décadas sus resultados fueron magros. Hubo que comenzar a negociar de manera ruda con las universidades. Al principio, la resistencia fue feroz. Se abrieron juicios, las sentencias favorables a los creadores fueron apeladas, hasta que poco a poco y gracias a la impronta de algunas instituciones universitarias que entendieron el tema, hoy se ha transformado en un sistema virtuoso: los autores y las editoriales, una vez al año, a través de un sistema transparente y escrutable, recibe la distribución de la recaudación anual de las licencias. Gracias a la comprensión de la mayoría de las universidades este proceso se está consolidando. En algo se compensa tanto derecho de autor vulnerado, escamoteado, burlado.
Ahora, el nuevo desafío viene desde la IA: ¿cuánto trabajo creativo y de investigación, de miles de hombres y mujeres chilenos que entregan su talento y su inteligencia proveyendo a la humanidad de nuevos conocimientos y perspectivas, estará alimentando de insumos a la gran industria de los datos y, de pasada, llenándole los bolsillos a los súper billonarios contemporáneos, sin recibir un peso por su trabajo? Ojalá nuestras autoridades –de un lado o del otro- no insistan en hacerle fácil a las mega industrias lo que, si habláramos en buen chileno, sería un mega despojo a los artistas, investigadores y creadores de nuestro país.
