Seguridad pública, crecimiento económico y empleo (además la promesa de expulsión de inmigrantes ilegales), fueron los principales ejes de la campaña presidencial de José Antonio Kast. Y hasta el momento, cumplido los cinco primeros meses de gestión, ninguna de estas promesas parece tener una concreción muy clara. La aprobación de la megarreforma, con los votos del oficialismo, genera grandes dudas entre los economistas y organismos especializados, ante el temor que genere mayor déficit fiscal, no sea compensado con mayor crecimiento y termine afectando conquistas sociales.
En materia de seguridad ciudadana, consigna esencial para la victoria de Kast en segunda ronda, el gobierno aún está al debe, luego de una partida en falso con el desempeño de María Trinidad Steinert como ministra de la cartera y su inevitable remoción. Pese a sus promesas de campaña el flamante mandatario carecía de un plan, tal como quedara en evidencia con la comparecencia de Steiner en el parlamento.
Con la designación de Martín Arrau como titular de la seguridad, se inicia una nueva etapa. El flamante ministro partió por reconocer que la política del gobierno en la materia sería de continuidad con la de la administración Boric. En su primera comparecencia al parlamento, Arrau esbozó los ejes dominantes de lo que sería su muy mediática gestión, seguida por anuncios que proponen reformas constitucionales que generan más dudas que certezas no tan sólo en la oposición sino en el propio oficialismo. Entre ellas, elevar a rango constitucional la obligación del estado para garantizar la seguridad ciudadana, que no pocos estiman como redundante, toda vez que se encuentra ya establecida en la carta fundamental, además de crear un nuevo estado de excepción constitucional, territorialmente acotado, en zonas o comunas, que permitiría la participación de las FF.AA. para colaborar con las policías en tareas de seguridad pública, sin precisar rigurosamente la forma como esto podría operar.
Son las propias FF.AA. las que, oficial y extraoficialmente, han sostenido que no tienen la formación adecuada para participar en estas tareas. Y son más que evidentes los riesgos de involucrarlas en funciones que escapan a lo que establece la Constitución. Aún no se conocen en detalle los proyectos anunciados por el ejecutivo, pero todo apunta a un complejo debate a nivel parlamentario. Varias de estas iniciativas se encuentran ya en el parlamento, entre otras la regulación del uso de la fuerza (RAU), que ha sido objeto de un intenso debate. Con todo, tal como ha sostenido la oposición, el paquete de iniciativas anunciadas por el ejecutivo, no ha tenido un trabajo prelegislativo y recién los parlamentarios conocerán sus contenidos al momento que ingresen al parlamento. Una verdadera agenda de seguridad necesariamente debe incluir la eludida inteligencia financiera que permita seguir la ruta del dinero del crimen organizado, para lo cual el levantamiento del secreto bancario resulta esencial, algo a ojos vista incómodo para el actual oficialismo.
Así el gobierno ha perdido la gran oportunidad de asumir el tema de la seguridad como una política de estado, recogiendo las propuestas de expertos, alcaldes y parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición. Partiendo por su propia coalición, en cuyo interior se aprecian dudas y reservas sobre la necesidad de reformas constitucionales y la participación de las FF.AA. en temas de seguridad interior.
Sin embargo, es difícil imaginar que se reproduzcan mecánicamente los mismos alineamientos que marcaron distancias con la megarreforma impuesta en el parlamento. Esencialmente porque existe en diagnóstico bastante compartido respecto de la amenaza que representa el narcotráfico y el crimen organizado con nuevas aristas en los últimos años. Fue el gobierno de Gabriel Boric el que debió asumirlo como una de sus primeras prioridades, impulsando una robusta agenda en materia de seguridad pública. Bien pudiera ser que se generen diferencias en la oposición teniendo a la vista la propuesta del PC de derogar parte de la ley Nain Retamal que busca proteger la función policial, y las naturales aprehensiones de la oposición para incluir a las FF.AA. en tareas de orden interno, pero existe un amplio consenso en la necesidad de profundizar la agenda en materias de seguridad, entregando nuevas y mejores herramientas para combatir la acción del hoy poderoso crimen organizado.
Sin embargo, no hay fórmulas mágicas ni una bala de plata para combatir este flagelo que con mayor o menor intensidad amenaza a nuestra región. Se llega a sostener que una mayoría ciudadana está dispuesta a sacrificar grados de libertad por mayor seguridad, pero es necesario un profundo debate democrático para determinar los grados de libertad y garantías de una seguridad que respete los derechos esenciales de las personas.
Tanto o más importante que las medidas legislativas para enfrentarlo es la gestión en materia de seguridad, que no se agota en la acción policial (que es esencial), sino cubre la prevención del delito, el fortalecimiento de las instituciones, la inteligencia policial (en donde es perfectamente posible que colaboren las FF.AA.) y, por cierto, el control democrático de las policías.
El sensible tema del empleo y las “flexibilidades” que busca el gobierno
El 9,4 % de desempleados (más del 10 % en el caso de mujeres), así como la pérdida de empleos formales y el incremento de la informalidad son temas que no tan sólo preocupan al oficialismo y la oposición. Tanto la CUT como la ANEF han manifestado su alarma por los intentos del gobierno para flexibilizar las normas que reducen la jornada de trabajo a 40 horas (que podrían llegar a 52 de introducirse las modificaciones que ha anunciado el ministro del Trabajo).
Igualmente preocupa a las organizaciones de trabajadores el déficit fiscal que se generará por la megarreforma y su impacto en el empleo. Como, asimismo, la revisión de la legislación laboral que impulsa el gobierno, que incluye la indemnización por despidos, la revisión del estatuto administrativo del sector público y otras normas que tienden a precarizar las condiciones laborales.
Respondiendo a la consigna gubernamental del modo empleo, las organizaciones empresariales han anunciado una iniciativa que apunta a crear 20.000 nuevos empleos en lo que resta del año. Una cifra modesta que no alcanza a compensar la disminución de empleados públicos que ha anunciado el ministro Quiroz.
Con la fe del carbonero, el titular de Hacienda difunfe su certeza de que, tras la aprobación de la megarreforma, el país retomará la senda de un crecimiento impetuoso para alcanzar el 4 % anual. Una confianza que no es compartida ni por los organismos especializados ni por el sector empresarial, que proyectan un crecimiento cercano al 1,5 % para el presente año y poco más de 2,5 % en lo que resta de mandato. En verdad, un escenario más que preocupante no tan sólo para el sector laboral sino para el conjunto del país, que avala el pesimismo que reflejan las encuestas sobre el futuro inmediato.
Política exterior. Un alineamiento no correspondido
Así ha definido la política exterior del actual gobierno el exsenador Carlos Ominami luego que el Canciller Perez Mackenna, tras su reunión con el vicesecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau (ciertamente más interesado en los Minerales Críticos y Tierras Raras en nuestro territorio) declarara a Estados Unidos como el principal socio estratégico de nuestro país. No pasaron meses para que el gobierno de Trump impusiera un arancel de 12,5 % a las exportaciones chilenas a EE. UU, bajo el burdo pretexto (malentendido evidente referido a las relaciones comerciales de nuestro país con China) de que Chile no hacia lo necesario para impedir la importación de productos con trabajo forzado.
En la actualidad, nuestro principal socio comercial es China, que concentra el 40 % de las exportaciones, en tanto que EE. UU. tan sólo el 16 %. Ello condiciona a nuestro país para mantener una política de no alineamiento con las grandes potencias, velando por el interés nacional. Una política de no alineamiento activo que la Cancillería no puede implementar. Por el contrario, parece decidida a alinearse con los EE. UU. pese a los riesgos que ello implica. Sin dudarlo participó en el encuentro organizado por el gobierno de Trump denominado “escudo de las Américas”, cuyo propósito declarado es luchar en contra del terrorismo y el narcotráfico, cuando en rigor apunta a liderarla en contra de los sectores progresistas de la región.
En el marco de la campaña presidencial en Brasil, el gobierno de Donald Trump no ha dudado en suspender la visa de la embajadora brasileña en EE.UU, con el pretexto de que el gobierno de Lula habría demorado en recibir las credenciales del nuevo embajador norteamericano. Por su parte, el mandatario Javier Milei ha optado por participar groseramente en la campaña de Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair, que se encuentra procesado. Todo aquello buscando impedir que Inacio Lula Da Silva logre la reelección, como predicen las encuestas.
La propia decisión de la cancillería chilena de abandonar la organización de países no alineados, sin demasiada relevancia en la actualidad, muestra los esfuerzos desesperados del gobierno de Kast por sí alienarse con el gobierno norteamericano, que enfrenta un duro desafío en las elecciones de mitad de mandato, previstas para el próximo mes de noviembre. Mucho se especula con la posibilidad que Trump acentúe sus maniobras para intervenir un resultado eminentemente adverso, sin tener las facultades para hacerlo, generando un grave conflicto institucional en Estados Unidos.
Si bien la Constitución establece que la conducción de la política exterior le corresponde al presidente de la República, no hay que olvidar que es una política de estado, cuyo principal objetivo es velar por los intereses superiores del país, sin alineamientos ideológicos (sobre todo si no son correspondidos). Pero el gobierno de José Antonio Kast hace parte de los gobiernos de ultraderecha que asolan la región y no duda en cerrar filas con el alicaído gobierno personal de Trump. Y existen pocas dudas que Lula logrará su reelección en Brasil. Los amores no correspondidos no generan más que quebrantos, pero las cuentas las paga el país.
