En Chile, la jornada semanal legal pasó de las 48 horas establecidas por primera vez en 1924 a 45 horas a partir de 2005, modificación promovida por el gobierno de Ricardo Lagos. El gobierno de Gabriel Boric promovió una reforma legal para llegar a 40 horas en 2028, con 44 horas en 2024 y 42 horas en 2026. La jornada habitual de tiempo completo en la OCDE es de 40,3 horas semanales, con países como Francia en que la jornada legal de referencia es de 35 horas.
El gobierno de Kast ha presentado un proyecto de ley que permitirá que la jornada laboral legal semanal pueda promediarse más ampliamente en el tiempo, es decir en 16 semanas en vez de 4 semanas en la actualidad. A la jornada de 40 horas se le podrán agregar las 2 horas extraordinarias que actualmente permite la ley, llegando a semanas con 52 horas trabajadas. Finalizados los períodos de mayor actividad, el trabajador tendrá, en principio, semanas posteriores con una carga horaria inferior para que el promedio anual continúe siendo la jornada ordinaria legal.
Por otro lado, el proyecto de ley del gobierno de Kast prevé aumentar de 8 a 12 el máximo de domingos consecutivos que pueden trabajarse mediante pacto anual para los trabajadores comprendidos en el régimen especial del Código del Trabajo. A su vez, en el sistema de compensación de horas extraordinarias mediante descanso se aumentará de 5 a 10 los días hábiles de descanso compensatorio que pueden pactarse al año. Para el sector turismo y sus actividades conexas, el proyecto de ley de Kast incluye un régimen especial que permitirá distribuir la jornada ordinaria en un ciclo de hasta 52 semanas. Dentro de ese período, la jornada ordinaria podrá alcanzar hasta 45 horas semanales.
El ministerio del Trabajo señala que el nuevo mecanismo, una vez aprobado, no podrá ser aplicado unilateralmente por el empleador, pues “se requiere un acuerdo escrito entre las partes, la fijación previa de un calendario de distribución de la jornada que otorgue certeza al trabajador respecto de sus horarios y, tratándose de trabajadores sindicalizados, también el acuerdo de la organización sindical. El objetivo es que la distribución de la jornada sea conocida y planificada con anticipación, evitando modificaciones arbitrarias durante el desarrollo del ciclo”. Bien sabemos que esto en la práctica es con frecuencia letra muerta.
Que se aumente la negociación colectiva en la empresa mediante pactos entre las partes de la relación laboral con mecanismos de acuerdo y mutuo beneficio, puede ayudar al buen desempeño de las empresas ante circunstancias cambiantes, como una demanda adicional que convenga aprovechar o ante fluctuaciones estacionales, y no perjudicar necesariamente al trabajador. Pero estos mecanismos deben ser pactados y tener el acuerdo de los trabajadores, con compensaciones suficientes y que efectivamente se cumplan.
La cultura laboral en Chile va por otro lado, dadas las situaciones de subordinación sin contrapesos de los asalariados frente a los empleadores en la gran mayoría de las empresas. De no mediar reglas laborales públicas por ley o reglamento, y suficientemente fiscalizadas, las “necesidades de la empresa” tienden a hacer difícil un equilibrio básico entre el trabajo y la vida personal o familiar.
En el caso de la nueva legislación propuesta, se verá trabado el avance que significa disminuir la jornada laboral de 45 a 40 horas con mantención del salario, que es gradual para que el aumento del costo laboral (si todo lo demás permanece constante es de cerca de 5% en régimen) se pueda absorber mediante aumentos de productividad por hora trabajada. Se busca ahora una posibilidad de ajuste de las empresas aumentando el rango de intensificación de jornadas, teóricamente con compensación para llegar al promedio legal, lo que contrasta con horarios de vida familiar y personal que tienen otras continuidades. Se abandona así la idea según la cual una menor carga horaria termina por aumentar la productividad del trabajo, un enfoque muy distinto al de la relación laboral coercitiva que mantiene la mayor parte del mundo empresarial chileno. Y que defienden sus economistas, varios de los cuales están hoy directamente en el gobierno.
Lo contraproducente es que este tipo de relación laboral termina por crear una relación laboral conflictiva y frágil, con alta rotación y poca capacitación especializada acumulativa, lo que redunda finalmente en una menor productividad del trabajo. El balance termina siendo, paradojalmente, uno de menores utilidades para los propietarios de la empresa cuando sus trabajadores no tienen mayores razones para implicarse en los resultados. Y en una menor productividad media de la economía.
Otro enfoque es el de un “mercado de trabajo” en el que las empresas pagan salarios mayores y ofrecen horarios que mejoran el equilibrio trabajo-vida personal y de ese modo pueden reclutar una gama mejor calificada de trabajadores, lograr mejores desempeños y reducir la rotación laboral. Este contrasta con el recurso meramente coercitivo a la amenaza de despido, que proviene ancestralmente de la cultura de subordinación heredada de la hacienda. El problema es que en el mundo moderno esto desarraiga a los asalariados del resultado de la empresa. La hipótesis de que a través de mejores salarios y condiciones horarias se puede obtener una fuerza de trabajo de mejor calidad, más motivada y productiva y que rota menos en el empleo, es conocida como la teoría de los “salarios de eficiencia” (Shapiro & Stiglitz, 1984). A su vez, está demostrado que es errónea la afirmación convencional según la cual los salarios mínimos legales aumentan el desempleo (Dube, 2019). Salarios mínimos más altos que los de equilibrio de mercado (que pueden por lo demás situarse para las personas con baja calificación por debajo del nivel de subsistencia) llevan a una mayor productividad y a la permanencia en la empresa, haciendo más rentable la formación de los recursos humanos. Se supera así los costos salariales adicionales, como ha argumentado el premio Nobel de 2021 David Card.
El problema de fondo en Chile es la cultura de dominio empresarial sin contrapesos que existe entre los grandes empleadores, que básicamente son los que hoy gobiernan. Esa miopía se traduce con demasiada frecuencia en la voluntad de aumentar la asimetría generalizada en las relaciones laborales en Chile en favor de los empresarios, agravadas por la actual falta de creación suficiente de empleo.
En esta orientación van las modulaciones horarias empujadas por el gobierno de Kast, que permitirán concentrar una gran cantidad de semanas continuas con el máximo de horas (52 semanales) que terminarán en muchos casos siendo impuestas por el empleador. Dada la actual composición del parlamento, las nuevas normas se aprobarán. Constituirán, sin embargo, un retroceso para las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y se sumarán a la perspectiva previsible de baja creación de empleo y poco avance de las remuneraciones.
