Ciertamente el brutal asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete no puede ser disociado de la conflictiva situación que se vive en la macrozona sur. Por lo mismo las evidentes coincidencias de sucesos a ojos vista estimulan conjeturas más o menos razonables, como también especulaciones marcadas por el estado de ánimo que provoca la ansiedad por un pronto esclarecimiento de una acción criminal que supera los límites hasta hoy conocidos en la región. Que haya ocurrido en la víspera de la conmemoración del día del Carabinero, con el Director General Yáñez ad portas de su formalización judicial y a pocos días de dictarse sentencia contra el líder de la CAM, Héctor Lleitul, para el que la fiscalía de Temuco pide 25 años de presidio, son circunstancias que estimulan la anticipación sesgada de conclusiones respecto de los hechos investigados por un calificado equipo de fiscales que opera especialmente desde el primer día tras ocurrido el crimen.
Las circunstancias que rodearon la masacre de los hoy suboficiales mayores Carlos Cisternas, Sergio Arévalo y Misael Vidal, con alteración del sitio del suceso y manipulación de eventuales evidencias no solo complejizan las indagaciones en curso sino, además, suponen el accionar de criminales con oficio similar al puesto en práctica en otros hechos ocurridos recientemente en nuestro territorio y en países cercanos.
Estas consideraciones no hacen más que acentuar las exigencias de una investigación policial y judicial rigurosa, que eluda la infiltración del crimen organizado que, en la Araucanía, ha llegado a corromper, incluso, a funcionarios policiales y concluya con la captura y debido procesamiento de los hechores de la masacre que indigna y atemoriza a la propia población indígena en la hoy convulsionada región.
Evidentemente, la CAM no es tan sólo una coordinadora de comunidades indígenas que demandan derechos ancestrales, como su reconocimiento constitucional, la recuperación de tierras originarias o medidas de reparación al despojo que ha sufrido el pueblo mapuche. También es un movimiento insurreccional que ha optado por la lucha armada, adjudicándose numerosos hechos de violencia en la zona.
Sin embargo, no es el único grupo armado que opera en la macrozona sur. Tanto en el Bio Bío como en la Araucanía operan otros provistos con armas de guerra, financiadas con actividades delictivas, como el robo de madera y el narcotráfico, en abierta connivencia con el crimen organizado, que busca camuflarse con las reivindicaciones indígenas. Hoy representan una clara amenaza y un abierto desafío al estado de derecho en nuestro país.
Nada de lo anterior libra al Estado chileno de sus pendientes con la deuda histórica con nuestros pueblos originarios, en materia de pobreza y derechos conculcados a sus tierras ancestrales. Un desafío mayor que asume, con no pocas dificultades, la Comisión para la Paz y el Entendimiento, liderado por el exministro Alfredo Moreno y el senador Francisco Huenchumilla.
La liviandad sesgada, mala consejera para resguardar el Estado de Derecho
La respuesta de la derecha es predecible. Decretar el Estado de sitio y desplegar a las FF.AA. en terreno para combatir al terrorismo. Una fórmula tan simplista como impracticable. Algunos llegan a imaginar que poco demorarían las fuerzas armadas para entrar a sangre y fuego en las comunidades indígenas y, de paso, arrasar con reducidos grupos armados que operan en su interior, con un alto costo en vidas humanas (de culpables e inocentes), con un daño irreparable no tan sólo a la imagen internacional del país sino también a nuestro propio sistema democrático. Una idea que, por cierto, rechazan los propios mandos de las instituciones armadas, como consta en su percepción pública respecto de la limitada eficacia de los más extremos estados de excepción constitucional.
Buena parte del parlamento parece pensar que bastaría con un fast track legislativo para aprobar numerosos proyectos pendientes en materia de seguridad. Incluso, de manera express, hasta su total despacho. Ciertamente sería bien recibida por la ciudadanía que condena hechos criminales como los que nos inquietan y condicionaron sesiones legislativas urgentes postergando la semana distrital. Con todo, es indispensable considerar los enormes riesgos que implica legislar contra reloj en materias tan delicadas como la seguridad y el orden público. Las prisas pasan, las cagadas quedan, como titulaba su libro Felipe Lamarca, el exdirigente empresarial.
Es más que evidente que el alevoso crimen de los tres carabineros no puede quedar en la impunidad. Como tampoco es tolerable que sigan operando grupos armados que desafían el poder del estado, sembrando la violencia e inseguridad en la macrozona sur. Estos grupos deben ser enfrentados con el máximo rigor del estado de derecho, a través de las instituciones a las que la Constitución le entrega su resguardo. Estas son las policías. Con el apoyo de las FF.AA., como viene sucediendo de manera sostenida a lo largo del último año en que la zona ha vivido en estado de emergencia constitucional. Si este esfuerzo no es suficiente, es necesario reforzarlo, con mayor dotación policial, uso racional de la fuerza, nueva legislación como la que hoy se debate en el parlamento y facultades que la Constitución le entrega al gobierno en un estado democrático como el nuestro.
Resulta ineludible perseverar en este esfuerzo, que permita aislar y derrotar a los grupos violentistas para acordar las bases de la paz con aquellos sectores mayoritarios del pueblo mapuche que tan sólo aspiran a que se reconozcan sus derechos ancestrales.
La amenaza del crimen organizado
El país no tan solo enfrenta la amenaza de grupos armados en la macrozona sur. Al igual que la mayoría de los países de la región y buena parte del mundo, enfrentamos la amenaza del crimen organizado, que extiende sus tentáculos. El famoso Tren de Aragua no es la única organización criminal que opera en nuestro país, Son diversos los carteles de la droga y el crimen organizado que operan en nuestra región. No hace muy pocos días se desbarató una banda, de origen dominicano, los Trinitarios, que delinquían en nuestra capital. Se habla de mafias chinas, serbias o brasileñas, que diversifican sus operaciones criminales con la trata de personas, los secuestros extorsivos y la droga, acumulando un formidable poder económico y la proliferación de armas, importando nuevas modalidades delictuales poco conocidas en nuestro país.
Nuevamente, la solución no puede ser la dictación de un estado de sitio permanente y generalizado, con el despliegue de las FF.AA. en tareas para las cuales no están capacitados y que la constitución no les asigna. Menos intentar copiar modelos de muy dudosas credenciales democráticas, como el de Bukele, como ha propuesto José Antonio Kast tras visitar El Salvador y luego Hungría. La verdadera solución es invertir mayores recursos para enfrentar esta grave amenaza. Aumentar la dotación policial, mejorando la relación con el total de la población, modernizar sus procedimientos y equipamiento, reforzar las fronteras, aduanas y puertos, controlar los recintos carcelarios, mejorar la inteligencia financiera y avanzar así en la agenda de seguridad pública, Entre ellas la creación del ministerio de Seguridad, la nueva ley de inteligencia y la regulación del uso de la fuerza.
En los críticos momentos que observamos, parece del todo razonable postergar la formalización del director general de carabineros, como solicitó el fiscal Armendáriz, asumiendo la complejidad de que se mantenga en su cargo con aquel pendiente, que se haría efectivo antes de cumplir su periodo en el mes de noviembre. Le corresponderá al propio director Yáñez facilitar una sucesión poco traumática para su institución.
La resistencia del gran empresariado a mayores recursos fiscales.
Al contrario de lo que ha sostenido Ricardo Mewes, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, el país (no tan sólo el gobierno) requiere de mayores recursos para enfrentar una exigente agenda social, política y, ciertamente, de seguridad pública. Sus afirmaciones acerca de que el gobierno cuenta con los suficientes, no tan sólo es un insulto para los diversos sectores sociales que demandan mejores pensiones, mayor calidad en la educación y la salud, viviendas dignas que permitan erradicar los campamentos, sino también para el país, que clama por seguridad, infraestructura, nuevos incentivos a un desarrollo inclusivo y acortar la brecha de las desigualdades.
Todo el tema es de donde pueden salir estos nuevos recursos que, con una mirada muy cortoplacista, los empresarios y la derecha se niegan a incrementar.
El reciente encuentro en ENADE no tan sólo mostró una brecha entre el gobierno y los sectores empresariales, sino un diagnóstico tremendamente contradictorio. De manera concertada, los dueños y controladores de los más importantes grupos empresariales del país han proyectado la imagen de una economía estancada. Por su parte, el gobierno, con datos duros, ha mostrado la imagen de un país en recuperación, como lo muestran los índices de crecimiento de los últimos meses, el crecimiento de la inversión extranjera y la recuperación del empleo. Como afirmaba un economista norteamericano, se pueden tener diversos análisis, pero no intentar cambiar los hechos. Menos equivocar las prioridades y verdaderas necesidades que enfrenta el país.
