A raíz de los graves hechos que tuvieron lugar en el Pedagógico de la UMCE con relación a la irrupción masiva de las Fuerzas Especiales de Carabineros a dicha Universidad, el pasado 24 de noviembre, en este artículo se abordan los alcances de esa flagrante intervención policial, así como los desafíos de una respuesta que trascienda esta coyuntura. Aquel allanamiento tuvo lugar con alrededor de doscientos efectivos fuertemente armados, en un operativo que significó la interrupción de la actividad académica, la exigencia de cédulas de identidad a todas las personas que se encontraban en el interior del recinto de Macul, con la detención de quienes no las portaban, así como la intromisión en las salas de clases, oficinas y espacios comunes por dichos uniformados, sin que mediara permiso alguno para ello por parte de la rectoría de ese plantel de educación superior. En suma, lo acontecido vino a ser una grave transgresión de la autonomía universitaria, y el derecho al buen trato y respeto a la dignidad de las y los estudiantes, autoridades y administrativos de la comunidad del Pedagógico UMCE.
El pretexto para este operativo a gran escala fue el ataque en la vía pública contra un coche policial, con un artefacto incendiario, que no causó lesionados o víctimas, por un grupo que ocultaba sus rostros con capuchas y que luego corrió hacia el interior del campus. La Rectora de la Universidad, Elisa Araya, advierte: “No justificaremos ni avalaremos ninguna acción de violencia; sin embargo, no podemos tolerar que se vulnere a una comunidad en su conjunto”. En una declaración emitida por la Cátedra Unesco-Madanjeet Singh de la UMCE se señala que “nuestra comunidad universitaria no apoya ni promueve una acción agresiva de este tipo, y menos que sirva para justificar la desmedida conducta de las Fuerzas Especiales, las que se excedieron gravemente de su deber en el orden público que les está confiado legalmente”.
En una misma línea de coherencia, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile señala que repudia enérgicamente toda manifestación que recurra a la violencia como medio de expresión, más “no podemos aceptar que con ello se pretenda avalar la violencia policial al interior de las universidades chilenas como respuesta a situaciones ocurridas en la vía pública, fuera de los recintos estudiantiles”. Y concluye enérgicamente: “No aceptaremos que las universidades públicas sean convertidas en campos de batalla o de ejercicios militares donde se vulneren sin consecuencias los derechos de las personas”.
La sobrerreacción de Carabineros, ante un incidente que por sus características se repite con frecuencia en las protestas callejeras –y que hasta ahora no había servido de pretexto para allanar recintos universitarios– ha sido cuestionado por las instituciones de educación superior, en solidaridad con la entidad afectada, por la falta extrema que representa al principio de proporcionalidad en la respuesta policial ante situaciones de esta naturaleza, ya que no puede aceptarse que toda la comunidad de un centro de enseñanza, esto es, todos los estudiantes, todos los académicos y todos los funcionarios, se vean vulnerados en sus derechos por un operativo de tal naturaleza. Y la verdad sea dicha: ninguna de las hoy autoridades del Gobierno de la República en su años como dirigentes estudiantiles habría dejado de protestar en contra de este accionar de Carabineros si una vulneración de esta naturaleza hubiese tenido lugar en el tiempo y lugar que cumplían con el rol de ser representantes del estudiantado en el gobierno universitario.
El principio de la autonomía universitaria exige el reconocimiento, respeto y salvaguarda por el Estado del autogobierno de las instituciones de educación superior, sean éstas públicas o privadas. Por cierto, este autogobierno universitario debe ser sostenible democráticamente, lo cual es exigible en una sociedad que se reconoce en los valores e instituciones de un orden constitucional democrático. Nuestra propia experiencia histórica nos enseña que cuando la democracia se pierde y se impone una dictadura la autonomía universitaria llega a su fin y cualquier intento de exigirla es reprimido.
Ello es lo que ocurrió a partir del Golpe de Estado en todo el país, y particularmente en el Pedagógico. Académicos, funcionarios y estudiantes que tenían un pensamiento político de izquierda fueron expulsados bajo la acusación de “atentar contra la normal convivencia universitaria”, y en nuestra memoria de esos años de terror están los nombres de quienes fueron encarcelados, torturados, detenidos y desaparecidos o ejecutados. Junto con ello, todas las instancias de representación estudiantil, y de las y los docentes y administrativos, fueron eliminadas.
A cincuenta años de la instalación de un régimen que persiguió los derechos y libertades propias de las instituciones de educación superior, ahora en democracia, la invasión policial al Pedagógico de la UMCE nos interpela sobre cómo nos cabe defender y profundizar la autonomía de los espacios de educación superior, así como los derechos y responsabilidades propios de la ciudadanía universitaria. Especialmente cabe subrayar aquí los valores de la tolerancia y la no-violencia activa, entendida la primera como un ejercicio plural de la libertad, desde la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad, y la segunda, como el compromiso de confrontar toda forma de violencia con la inteligencia de la acción y la palabra comprometida con una paz justa.
En distintas universidades de América Latina se están desarrollando en la actualidad iniciativas que buscan fortalecer el concepto de ciudadanía universitaria. Desde la UNAM de México nos dicen: “Nuestra Universidad otorga herramientas para ser libres, conscientes y responsables, y tener ciudadanía universitaria implica sentir pasión por ejercer la profesión y formar parte de una comunidad diversa y orgullosa.”
Una clave del concepto de ciudadanía universitaria es asociarla directamente con el fortalecimiento de los espacios de participación en los diferentes ámbitos relacionados con la formación académica, y en la toma de decisiones relevantes para el conjunto de la comunidad, siguiendo líneas de extensión que permitan vincular creativamente la Educación Superior con los desafíos transformadores de la sociedad.
Es con este espíritu –desde la autonomía universitaria crear ciudadanía universitaria– que la respuesta al evento represivo en el Peda puede tener una significación de trascendencia.
