La mañana de este miércoles 18 de enero, el Comité de Ministros, conformado por las carteras de Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Minería, Energía y Economía, rechazó en forma unánime el proyecto minero portuario Dominga.
Con esta acción se marca un nuevo hito en la larga historia de este controvertido proyecto, el cual ingresó a evaluación ambiental hace casi diez años atrás, en septiembre del año 2013. Desde entonces, ya sabíamos que era un pésimo proyecto debido a los impactos ambientales que podría generar en el archipiélago de Humboldt, algunos de los cuales están descritos en el resumen ejecutivo presentado por la propia empresa Andes Iron en su extracto[1], donde se señalan diversos grados de afectación sobre especies vegetacionales con problemas de conservación, como el guayacán y varias especies de cactus nativos y endémicos; así como también sobre fauna terrestre y marina, tales como el loro tricahue, guanaco, pingüino de Humboldt, chungungo y diversos cetáceos.
Estas y más afectaciones fueron posteriormente corroboradas por informes técnicos emanados de servicios públicos, los cuales señalaron que la línea de base estaba incompleta, esto quiere decir que al momento de presentar el proyecto el proponente contrató a consultoras que no recopilaron en forma adecuada cuál era el estado del arte de la zona en donde se pretendía emplazar el proyecto, lo cual derivó en un estudio de impacto ambiental deficiente. Es evidente que, si la información de línea de base es incompleta, el documento que se presente a evaluación ambiental tendrá problemas y no debería ser aprobado.
Pero lo que se juega con el proyecto Dominga comenzó mucho antes, cuando el año 2009 el expresidente Piñera, durante su campaña presidencial, se comprometió a que la Central Termoeléctrica Barrancones no se construiría en la zona. Desde entonces, los temas políticos y técnicos se han cruzado una y otra vez en torno a megaproyectos que se pretenden instalar en el sector, y no solo por la extracción de minerales, sino más bien por el lugar estratégico que ocupa como una posible salida de mercancías hacia el océano Pacífico, tal como ocurre con Cruz Grande, otro puerto que sí fue aprobado ambientalmente.
El hecho de que Dominga se haya acogido a trámite, y no haya sido devuelto de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 bis de la ley N° 19.300, solo devela la incapacidad de la autoridad ambiental de la época para detectar las falencias del estudio presentado por el titular, o bien, de las presiones políticas que le hicieron someter a evaluación un estudio incompleto, permitiendo así que durante todos estos años las comunidades locales vivieran en la incertidumbre de ver severamente afectado su modo de vida.
Lamentablemente, el rechazo de Dominga por parte del Comité de ministros puede no ser el fin de esta historia, ya que la empresa podría recurrir a tribunales ambientales y luego a la Corte Suprema. Sin embargo, esperamos que con este contundente rechazo Andes Iron decida seguir el ejemplo de otras empresas y desistir definitivamente de este proyecto, para que así tanto el gobierno como las organizaciones locales puedan concentrarse en avanzar en temas relevantes para la región de Coquimbo y a la vez conservar de mejor forma los ecosistemas naturales y especies nativas propias de esta zona, tanto en tierra como en mar. En este sentido, es importante que el gobierno junto a la comunidad organizada pueda generar en forma rápida acciones para mejorar la protección del archipiélago de Humboldt, así como también en la elaboración de los estudios que permitan materializar la creación del Parque Nacional Desierto Florido, anunciado por el presidente Boric en el mes de septiembre.
Con el merecido rechazo del proyecto minero-portuario Dominga se ha detenido una amenaza, pero sigue latente Puerto Cruz Grande. Ahora toca avanzar en la conservación del patrimonio natural de estas comunas.
[1] https://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=2128565777
Por Flavia Liberona
Directora ejecutiva de Fundación Terram.
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