Donaldo, el Litigioso.

por Jorge A. Bañales

Donald Trump, fuente casi inagotable de trabajo para abogados durante décadas, encara ahora investigaciones políticas y judiciales, algunas de las cuales podrían desembocar en procesamientos por crímenes. La lista de querellas es testimonio de la porfía del expresidente.

Demandante y demandado

Durante la campaña presidencial de 2016, el diario USA Today hizo un recuento de las querellas legales en las cuales, durante tres décadas y hasta entonces, habían estado enredados el candidato republicano Donald Trump y sus negocios en tribunales federales y estatales. Para entonces, el total daba 4.095 casos que incluían desde disputas con clientes en su casino de Altantic City a disputas por bienes raíces avaluados en millones de dólares, a demandas personales por difamación.

Al detalle, USA Today encontró 85 casos por marcas registradas en los cuales Trump fue el demandante y en 40 el demandado. Ya para entonces su campaña registraba 17 disputas legales, y en 16 de ellas Trump era el demandado. En 1.679 de los casos 1.863 relacionados con el casino, Trump y su empresa eran demandantes y en 139 demandados. El hombre ya acumulaba 208 disputas por contratos, siendo en 62 de ellas el demandante y en 146 el demandado. Con miles de empleados en su Organización Trump, el futuro presidente tenía 130 querellas legales por asuntos laborales, siendo en 116 de ellas el demandado.

La lista añadía 63 casos relacionados con los clubes Trump de golf, en los cuales el millonario  aparecía 37 veces como demandado, y 190 casos por impuestos y otros asuntos gubernamentales en los cuales Trump era 133 veces el demandante. Otras 14 disputas habían sido por difamación o encontronazos con los medios siendo Trump el demandado siete veces. Agréguense 696 demandas por lesiones personales sufridas por clientes o empleados de la Organización Trump, 469 veces demandado en casos por bienes raíces.

Como figura pública por décadas, Trump ha encarado tantos tipos diferentes de querellas legales que no todas pueden categorizarse fácilmente”, explicó USA Today en la lista de otros 206 casos. “Éstas involucran de todo, desde casos relacionados con su divorcio a disputas con sus exesposas, a decenas de demandas de presos y otros ciudadanos privados con la intención de sacarle dinero o de arrastrar a Trump al litigio”. En 184 de esos casos Trump fue el demandado.

Entrenamiento le sobra y pugnacidad no le falta cuando, seis años más tarde, encara investigaciones de sus actividades públicas y privadas, y varios de sus colaboradores más cercanos ya han ido a juicio, se preparan para ir a juicio, o sacan sus cuentas a ver cuánto les rebajan las sentencias si revelan secretos de Trump.

Tribulaciones por todos lados

El Comité de la Cámara de Representantes que investiga la asonada con la cual Trump intentó impedir la certificación de resultados de la elección presidencial de 2020 ha hecho una pausa veraniega y retornará a sus labores en las próximas semanas.

Hasta ahora, el llamado “Comité Especial del 6 de enero” ha presentado –y apoyado sólidamente con los testimonios de ex funcionarios en el gobierno de Trump- evidencias de la preparación y desarrollo de la insurrección en la cual miles de trumpistas asaltaron el Congreso.

Las revelaciones en las audiencias de ese comité han añadido ingredientes para un caso por incitación a la sedición e interferencia con el proceso constitucional

El Departamento de Justicia observa con atención las revelaciones en las audiencias del comité, y tiene su propia investigación sobre lo ocurrido el 6 de enero de 2021 y, aunque hasta ahora no se sabe si el comité recomendará al Departamento de Justicia la formulación de cargos criminales, tampoco se precisa que lo haga.

Lo que sí ya tenía en marcha el Departamento de Justicia era una investigación por el retiro de la Casa Blanca, al término del mandato de Trump, de archivos con documentos clasificados como secretos, secretísimos, ultrasecretos. De acuerdo con la ley, esa documentación debe entregarse a los Archivos Nacionales.

La semana pasada y en cumplimiento de una orden judicial el Buró de Investigaciones Federales (FBI) allanó la lujosa residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida, y los agentes se llevaron unas 15 cajas que, supuestamente, contienen los documentos que Trump se llevó sin permiso. Algunos de esos documentos estarían vinculados con armas nucleares.

La orden de allanamiento indicó que la investigación busca determinar si Trump violó la Ley de Espionaje. Si fuese condenado por tal delito, el expresidente podría recibir una sentencia de hasta 10 años de prisión, a los que podrían sumarse otros 20 si fuese hallado culpable de delitos como el intento de alterar o falsificar documentos oficiales. 

Varios miembros de la Policía del Congreso y de la Policía Metropolitana de Washington DC, han iniciado una querella en tribunales contra Trump alegando que sus palabras y acciones incitaron a la turba que tomó por asalto el Capitolio.

En el Condado Fulton, de Georgia, la fiscal general Fani Williams ha puesto en marcha una investigación acerca de los esfuerzos de Trump o sus asociados por cambiar el resultado de la elección de 2020. Entre esos esfuerzos de cuenta una llamada telefónica de Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para exigirle que “encontrara 11.780 votos”, lo suficiente para contrariar la victoria del demócrata Joe Biden en ese estado.

La semana pasada, también, Trump concurrió a declarar ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en la investigación de avaluaciones fraudulentas de activos de la Organización Trump destinadas a obtener beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones impositivas.

Durante horas el expresidente se amparó 440 veces en la Quinta Enmienda de la Constitución, según la cual una persona no tiene la obligación de responder cuando hacerlo puede incriminarla. En 2020 y en la misma investigación, Eric Trump, uno de los hijos del expresidente, se amparó más de 500 veces en la misma protección constitucional.

La Fiscalía de Manhattan, por su parte, tiene en marcha lenta una investigación sobre la exactitud de las declaraciones financieras de la Organización Trump en sus solicitudes de financiación.

Trump se halla trenzado en otra querella, ésta familiar, con su sobrina Mary quien ha demandado al expresidente, a su hermana Maryanne, y a ejecutor del testamento de su tío Robert Trump (padre de Donald) alegando que complotaron para privarle de fondos y engañarla sobre el valor de su parte en la herencia. Donald Trump ha demandado a su sobrina y al diario The New York Times en un tribunal del Estado de Nueva York por la divulgación de información sobre sus impuestos.

La escritora E. Jean Carroll ha alegado que Trump la violó en el vestuario de una tienda de ropas en Nueva York a mediados de la década de 1990, y que la difamó cuando negó el asalto y dijo que “ella no era su tipo”.

Michael Cohen, ex abogado de Trump, fue sentenciado a prisión por haber mentido al Congreso acerca de infracciones de las leyes de campaña electoral. En 2020, y debido a la pandemia, Cohen cumplía el resto de su sentencia en su casa y se preparaba para la promoción de su libro. Según la demanda de Cohen, lo enviaron de vuelta a prisión donde pasó 16 días en confinamiento solitario.

Sigue en el circuito de decisiones de tribunales y apelaciones la demanda de miembros del Congreso para tener acceso a las declaraciones de impuestos de Trump.

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