El juego del dolor

El clima electoral hace aflorar lo peor de la miseria humana. En aquellas circunstancias donde todas las aristas de un hecho trágico nos hablan de los dolores profundos de Chile, hay quienes parecieran solazarse –como en un oscuro acto de venganza- con las complicaciones para determinar la verdad en nuestro país. Me refiero, por supuesto, a la historia de Bernarda Vera, la posible “desaparecida aparecida”.

Desde las huestes de la derecha, han pretendido hacernos creer que se trata de un caso de corrupción y aprovechamiento del fisco, porque se han entregado beneficios a la familia de una persona, Bernarda Vera, que el Informe Rettig catalogó como desaparecida y que podría no ser tal. Los focos del relato se han puesto en dos momentos: uno, el informe Rettig; y dos, el mes de abril de 2024, cuando en el contexto de los trabajos asociados al Plan de búsqueda, aparecieron indicios de que era posible que hubiese habido sobrevivientes en la masacre de Liquiñe, en la zona de Panguipulli. A raíz de esto, como estamos en plena campaña presidencial y hay que darles duro a los adversarios para que se pueda hacer totalmente creíble que Chile está en una emergencia de todo tipo y es algo así como el peor país del mundo, se insinúa que el gobierno intentó “ocultar” los antecedentes y actuó de forma negligente.

Entonces un diputado pide un informe a la Contraloría de la República y otro presenta una querella contra algún ministro de estado. Y en este proceso, la verdad, la historia, las terribles tragedias vividas por Chile y los chilenos, no tienen relevancia, sino que, todo lo contrario, hay que aprovechar este episodio para poner en interdicción o suspenso las difíciles verdades que se han podido establecer acerca de la brutalidad de la dictadura militar que sostuvo la derecha política de nuestro país.

Vamos a los hechos. ¿Cuándo empezó esta historia? ¿En abril del 2024, cuando aparecieron los primeros indicios de algo anómalo en el informe Rettig? ¿O en 2025, cuando las autoridades lograron obtener registros oficiales que hacían sustentable la tesis de la “aparición” y pusieron los antecedentes en poder de la justicia? ¿O, definitivamente, cuando se produjo el golpe de estado y se inició una política de exterminio de las dirigencias de izquierda en Chile, que incluía políticos, sindicalistas, estudiantes y pobladores?

El tema que discutimos es parte de la tragedia que se pone en movimiento con el golpe de estado y sus políticas represivas. ¿Por qué digo esto? Lo que sabemos hasta ahora es que Bernarda Vera era una profesora básica, al parecer hija de una familia más bien de derecha, que militaba en el Movimiento Campesino Revolucionario, organización vinculada al MIR y que en esa época actuaba en la zona del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli. Según el informe Rettig, a mediados de octubre de 1973, fueron ejecutados 15 trabajadores de dicho Complejo. Los detenidos fueron sacados de sus domicilios por una patrulla militar y trasladados hacia Villarrica, donde fueron fusilados y arrojados al río Toltén, utilizando una metodología muy similar a la de los asesinatos masivos de campesinos en lugares como Lonquén o Paine. Según el mismo informe, Bernarda habría sido detenida el 10 de octubre, entre las 21:00 y 23:00 horas en el sector de Liquiñe. A partir de esa fecha, al parecer se pierde su rastro, razón por la que fue considerada formalmente detenida/desaparecida, según el mismo Informe.

En ese momento, tal vez, este caso debería haberse investigado a fondo y no 18 años después. La realidad fue que la Junta Militar impidió cualquier investigación seria y la Justicia de la época era completamente obsecuente con el régimen. Fueron miles los recursos de amparo denegados por las Cortes de apelaciones y la Corte Suprema de Chile. Más aún, quienes pretendían indagar en la realidad de estos casos, quedaron expuestos a persecución, cárcel o exilio. ¿A la UDI se le habrá olvidado esta parte de la historia? El informe Rettig, 18 años después, sin la colaboración de las principales instituciones responsables de estos crímenes, constató la desaparición y ejecución de estas 15 personas. Pero además su trabajo permitió determinar la existencia de 2.279 víctimas de la violencia política, ya sea detenidos desaparecidos o ejecutados. ¿Sabrán los diputados demandantes cuánto representa el caso de Bernarda Vera en el universo de casos validados? No es difícil de calcular: un 0,0004387% de los casos. ¡Menos de una milésima! Esta realidad probablemente no habría sido así de haber podido investigar con oportunidad y con respeto a las normas básicas del derecho. De allí arranca esta tragedia.

Podríamos especular respecto a qué hizo Bernarda Vera después de los asesinatos de sus compañeros. Supongamos que quedó viva y fue puesta en libertad. Podemos imaginar su miedo, su necesidad de escapar a sus captores, de salvar su vida. Ella era una militante y debía resguardar su seguridad y la de su organización. Tal vez salió de Chile clandestina, quizás con otra identidad. Posiblemente siguió vinculada a su organización o se conectó con organizaciones argentinas hermanas, como el ERP o los Montoneros, y continuó su vida clandestina. Es posible que no encontrara la forma de avisar a sus padres que, a lo mejor, en ese momento celebraban el golpe de estado. O simplemente quería desaparecer y rehacer su vida. Seguramente, en ese tiempo sus decisiones nada tenían que ver con acceder a beneficios reparatorios del estado. A la fecha, ella tenía algo más de 20 años y una hija muy pequeña. Cuando ya no se supo más de ella, durante 50 años esa familia creyó que Bernarda estaba desaparecida. Los padres vivieron con la imagen de la hija muerta y la niña prácticamente no conoció a su madre. Cuando recuperamos la democracia, formalizó sus denuncias y les fueron asignados los beneficios contemplados en las leyes de reparación. No hay indicios hasta ahora de que los padres (que ya están muertos) hubiesen tramado o confabulado con su hija para acceder a los beneficios. Mucho menos la niña, que además tiene una discapacidad del 60%. Toda esta situación es una derivación del daño provocado por la dictadura y no compromete en nada el esfuerzo gigantesco que Chile ha hecho por reconocer a sus víctimas y reparar tanto dolor. De hecho, de no mediar el Plan de búsqueda, a lo mejor nunca nos hubiésemos enterado de esta historia.

Una potencial falla en el sistema de reparación que no llega a representar una milésima de los casos, no permite poner en interdicción una verdad que ha sido dramática, que está muy documentada, de la cual hay testimonios de las más diversas naturalezas. Los diputados de marras han pretendido lanzar un manto de dudas sobre la probidad de los procesos de reparación de las víctimas de los derechos humanos durante la dictadura. A veces creo que les duele reconocer la verdad. O les da vergüenza y preferirían que eso no hubiese pasado o que de eso no se hablara. O, a lo mejor, se trata de lo que la señora Matthei decía: las muertes eran inevitables. Quizás por eso juegan con el dolor de una familia: el de Bernarda, que debe haber tenido duras razones para no volver más a Chile; el de sus padres, que vivieron una vida entera esperándola; y la de su hija, que creció cincuenta años con la certeza de que su madre estaba muerta. Ahora, si la “aparición” se comprueba, tendrá que mirarse retrospectivamente como una hija abandonada. 

¿A quién quiere castigar la derecha a través de sus diputados querellantes? Al gobierno, para acusarlo de cómplice de malversación y ocultamiento, y a todas las víctimas de la violación sistemática de sus derechos. Parece un exceso, ¿no es cierto? Alguien debiera decirles a estas personas que es feo jugar con el dolor humano. Y mucho peor, para sacar una pingüe ventaja política en una elección.