El virus “libertario” y también el de la corrupción

La derecha chilena ha celebrado la victoria de Javier Milei en Argentina como propia. Como anticipo de lo que podría suceder en nuestras elecciones presidenciales de 2025. Las presiones sobre el presidente no se dejaron esperar. Su deber sería concurrir a los actos de transmisión de mando el próximo 10 de diciembre, dibujando, de pasada, el perfil del nuevo embajador a designar allende Los Andes: Un profesional de carrera, con experiencia diplomática, que mantenga las buenas relaciones entre ambos países.

“Yo sé lo que tengo que hacer”, afirmó de manera tajante el presidente, llamándolo personalmente para saludarlo por su triunfo y reiterar la voluntad de nuestro gobierno para mantener las buenas relaciones entre ambos países. Así lo demostró inmediatamente al designar como embajador a José Antonio Viera- Gallo. Y la vocera de La Moneda acaba de confirmar que el presidente sí estará presente en aquella trasmisión del mando. Todo ello pese a que Milei, invitado hace algunos meses a Chile por grupos de ultraderecha, lo acusara de empobrecer a nuestro país, manifestando su esperanza de retroexcavadoraa la experiencia progresista.

José Antonio Kast y Sebastián Piñera lo apoyaron entusiastamente en la reciente segunda vuelta trasandina y celebraron su rotundo éxito. Poco han reflexionado sobre los riesgos para las pretensiones de la derecha chilena, contagiada con el “virus libertario”. Menos respecto de la incertidumbre provocada por sus extravagantes promesas de campaña que pueden acentuar la crisis económica, política y social argentina, con efecto nefasto para las ambiciones presidenciales del republicano Kast a este lado de la cordillera.

Respecto de los dividendos inmediatos para los admiradores de Milei, jugados por el “a favor” en el próximo plebiscito constitucional, ellos parecieran esquivos según señalan todas las encuestas de opinión pública conocidas hasta hoy.

Y, con todas las interrogantes aún abiertas, pareciera un grueso error de apreciación sostener que el resultado del plebiscito no tendrá impacto en los próximos eventos electorales que se avecinan. Es más que evidente que un nuevo fracaso del proceso constituyente representaría un duro revés para José Antonio Kast y su partido Republicano, que obtuviera mayoría en el consejo constituyente, desechando la opción de un consenso mínimo (en base al anteproyecto acordado transversalmente por el comité de expertos) optando por pasar aplanadora, imponiendo una propuesta regresiva, incluso en relación a la actual Constitución.

Ya el proceso constituyente le ha pasado la cuenta al líder republicano, que ha caído más de 8 puntos en las encuestas, siendo desplazado por Evelyn Matthei como la figura mejor evaluada (pese a descender algunos puntos), seguida por Sebastián Piñera, ­Claudio Orrego. Mario Marcel y Carolina Tohá.

Los dirigentes de la campaña por el A favor están más que conscientes de sus riesgos. Por lo mismo apuntan a los mismos temas que les rindieron dividendos en el anterior proceso: seguridad ciudadana e inmigración ilegal, aunque no sean lo esencial de un orden constitucional. En esa línea se inscribe el mediático y demagógico ultimátum de RN a la ministra Carolina Tohá: expulsión inmediata de 12 mil inmigrantes ilegales antes de fin de año o acusación constitucional por notable abandono de deberes. La necesidad tiene cara de hereje y poco importa el rotundo fracaso del expresidente Piñera en la misma materia. 

Los bemoles de la seguridad ciudadana

Tal como lo muestran las encuestas, el tema de la seguridad constituye la principal preocupación de la ciudadanía, ante el incremento de crímenes violentos tales como secuestros, extorsiones y homicidios, que revelan la operación de carteles de la droga y el crimen organizado en nuestro país.

Sin pretender minimizar el fenómeno, parece imprescindible contextualizarlo. Es un fenómeno al menos de carácter regional, sino global, que afecta duramente a países como México, Ecuador Colombia, Perú, Bolivia o Argentina y que, naturalmente impacta a nuestro país que, pese a todo, sigue siendo uno de los menos inseguros de la región.

Con todo, mal de muchos, consuelo de tontos, y la tasa de homicidios en Chile se ha duplicado en los últimos años, así como los índices de violencia y la proliferación de armas en manos de privados. Muchos de ellos “soldados” del narcotráfico.

Esta preocupante situación obliga no tan sólo a las autoridades, sino al conjunto del país, a unir fuerzas tras el combate a la delincuencia y el crimen organizado. En los marcos del estado de derecho, con irrestricto respeto a la constitución y las leyes, evitando toda forma de populismo o aprovechamiento político de un tema que debe estar por encima de disputas políticas o ideológicas.

El fenómeno tiene aristas multidimensionales, que no se resuelven por la vía de suspender garantías ciudadanas, o decretar estados de excepción constitucional, de manera generalizada. Y menos recurriendo a las FF.AA. para cumplir funciones para las cuales no están preparadas, que además son abiertamente inconstitucionales.

Con toda propiedad, el gobierno puede argumentar que, durante el actual mandato, se ha dictado la mayor cantidad de leyes en materia de seguridad, reforzando los servicios policiales y desplegando a las FF.AA. para colaborar en la protección de nuestras fronteras, pese a que no siempre ha contado con el respaldo de todas las fuerzas políticas que integran la alianza oficialista.

Sin lugar a duda, es necesario seguir avanzando en este camino, asumiendo los grandes desafíos que supone enfrentar al crimen organizado que se despliega y extiende sus tentáculos en la región. No existe demasiado tiempo y esta administración del presidente Boric ha terminado asumiendo el desafío como una de sus principales prioridades. Ello no tan sólo debe traducirse en el presupuesto de la nación, sino también a nivel social y político, sin descartar el plano económico, en donde sabemos: también se cantan rancheras.

Reforzar y modernizar los servicios policiales, la inteligencia nacional, el servicio de aduanas, Impuestos internos, que han mostrado serias debilidades, como ha quedado en evidencia en el millonario escándalo de la grabación que compromete delictivamente a empresarios de la plaza, al abogado Luis Hermosilla y funcionarios ya cesados de esa última repartición, con coletazos en pleno desarrollo a nivel judicial. 

Con todo, es indispensable una visión integral en el marco de cooperación internacional para controlar el fenómeno migratorio, favoreciendo una debida regulación, siendo relevante el rol de las respectivas cancillerías.

 En esta línea la demagogia es tan mala consejera como la poca memoria. El expresidente Sebastián Piñera no puede eludir su responsabilidad por su desafortunado viaje a Cúcuta y su invitación a los venezolanos a venir a nuestro país, bajo la fórmula de una visa democrática, que muchos simplemente desecharon, optando por el ingreso ilegal.

El virus de la corrupción

Es tanto o más contagioso que el coronavirus y afecta por igual a empresarios, profesionales y funcionarios. Son los llamados delitos de cuello y corbata, que demasiado a menudo terminan sin sanción. O con penas ridículas. Multas y clases de ética, Pero que generan un grave daño a la fe pública y la confianza en las instituciones.

El ya mencionado audio, grabado por la abogada de Daniel Sauer y filtrado a un medio de comunicación, equivale a una confesión en forma de graves delitos, que comprometen por igual a los abogados participantes de la reunión- Luis Hermosilla, un reputado penalista, vinculado hace largos años a la UDI; y a su joven colega Leonarda Villalobos- como a su propio cliente, Daniel Sauer, que acumula nueve querellas  por aprobación indebida, administración desleal y estafa, en el caso de las empresas de factoring no bancario (la otra es PRIMUS, cuyo gerente es Eduardo Guerrero, asesor de José Antonio Kast) que incrementaban su negocio con facturas ideológicamente falsas, al igual que documentos bancarios que las respaldaban.

No deja de sorprender el tono y crudeza de los dichos del abogado Hermosilla, llamando a generar una caja negra para sobornar funcionarios del SII y la Comisión del Mercado Financiero, instituciones que deben velar por el correcto funcionamiento de ese mercado. El abogado que en su juventud militara en el partido comunista para luego convertirse en socio de Andrés Chadwick, abogado de la familia de Jaime Guzmán y colaborador del gobierno de Sebastián Piñera, ha sorprendido al entorno con sus indesmentibles dichos, poniendo una dura exigencia profesional a Juan Pablo, su hermano abogado.

Ciertamente lo que cualquier chileno puede escuchar es de extrema gravedad. No tan sólo porque reconoce que están cometiendo delitos, sino también porque sostienen que constituye una práctica corriente la corrupción de funcionarios públicos y que la única manera de enfrentar las acusaciones “es con una caja negra” para pagar sobornos, con tarifas conocidas por el mercado.

Tanto el SII como la CMF están en la obligación de investigar a fondo estos hechos y establecer sus responsables. En lo inmediato, el director del SII ha pedido la renuncia del subdirector de Grandes Contribuyentes, además de cuatro funcionarios de la institución. Pero la investigación sigue adelante y es de esperar que se identifique la supuesta red comprometido en los hechos. Otro tanto deberá hacer la CMF, además de esclarecer la reunión entre el exfiscal Montes y el abogado Luis Hermosilla.

Cuando aún no se terminan por investigar los hechos derivados de esta grabación, nuevamente aparece un alcalde, militante de la UDI, vinculado a hechos de corrupción, por más de mil millones de pesos, en el pequeño municipio de Algarrobo.

Mucho se habla del caso convenios, que compromete a algunas fundaciones privadas que recibían aportes estatales para financiar actividades de interés social. Y se han registrado serias irregularidades y delitos en algunas de ellas, vinculadas a dirigentes de RD, que no contaban con la experiencia ni capacidad técnica para desarrollar los proyectos, recibiendo estos fondos por el controvertido mecanismo de asignación directa.

A meses de conocidas las denuncias y tras una larga investigación, sería muy importante que el país conociera cuales son las fundaciones comprometidas, quienes son sus responsables, así como los montos del perjuicio fiscal que le han generado al país estos convenios.

Eso, contrastado con los montos de los casos de corrupción que afectan a algunos municipios como Vitacura, Las Condes, lo Barrenechea, a los que hoy se suma Algarrobo. Así como los casos de corrupción que involucran al sector privado y los intentos de corrupción de funcionarios públicas.

No buscando un empate, que no tiene ningún sentido. Al contrario, los casos de corrupción se suman. Pero es indispensable no tan sólo dimensionar el fenómeno, sino también reforzar los controles para prevenirlos, Y aplicar todo el rigor de la ley para los responsables.