Desde el 2023 la industria salmonera chilena ha marcado una fuerte presencia en los medios comunicación nacionales. Todo inició en la última etapa de tramitación legislativa del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, hoy conocida como Ley SBAP (Ley N°21.600), cuando el gremio inició una campaña pública en oposición al Ministerio del Medio Ambiente para que según los salmoneros no establecieran mayores restricciones a la industria que opera dentro de áreas protegidas.
Según el gremio, la aprobación de dicha iniciativa les impediría el desarrollo de su actividad y dejaría cesante a muchos trabajadores. Esto motivó la movilización de la industria y su presentación ante la opinión pública de una forma un tanto agresiva, llegando al punto de sacar a los trabajadores a la calle, quienes estaban convencidos de que el proyecto presentado por el Ejecutivo los dejaría sin trabajo.
Sin embargo, esto nunca fue cierto, pues en la actualidad existe un total de 1.380 concesiones dedicadas al cultivo de salmones entre las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Algunas de las cuales fueron otorgadas a perpetuidad y otras a 25 años renovables, siempre y cuando cumplan con la legislación vigente. Del total de concesiones 408 de se emplazan al interior de Parques y Reservas Nacionales, lo cual -si lo pensamos- no tiene lógica alguna, ya que se entiende que las áreas protegidas fueron creadas justamente para proteger ecosistemas valiosos de actividades antrópicas que les puedan generar impactos significativos. Por tanto, y tal como lo señala la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), no deberían existir concesiones al interior de áreas protegidas, sin embargo, en Chile existen y operan.
La regulación a esta industria se basa principalmente en dos leyes, la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y la Ley General sobre Bases del Medio Ambiente (LGBMA). En 2022 Fundación Terram presentó una denuncia a la Subsecretaría para la Fuerzas Armadas (SSFFAA), entidad encargada de otorgar y caducar concesiones de acuerdo a lo establecido en la LGPA, por la posible existencia de más de 646 concesiones en causal de caducidad, es decir, que no estaban cumpliendo con la regulación. También se solicitó que la Contraloría General de la República (CGR) se pronunciara sobre 280 concesiones salmoneras en causal de caducidad al interior de áreas protegidas y sobre las cuales las autoridades competentes no habían tomado acciones. Desde entonces, nos preguntamos una y otra vez ¿es la salmonicultura una industria que cumple con la legislación vigente? Hasta hora la respuesta es negativa.
Recientemente la Contraloría emitió un informe de auditoría en el cual hace referencia a estas denuncias. La entidad señaló que tanto el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) como la SSFFAA, no cumplieron con el rol que les encomienda la ley, es decir, fiscalizar y sancionar concesiones salmoneras en causal de caducidad. Lo cual es grave, ya que la autoridad no está cumpliendo su función. Es más, días después de emitido este informe la subdirectora de Sernapesca declaró que “De esta forma, finalizamos el análisis de los 646 casos contenidos en la denuncia de Terram, obteniendo como resultado que 352 de éstos (el 54%) podrían incurrir en una eventual causal de caducidad por no operación de acuerdo a los antecedentes disponibles en Sernapesca”. Su frase nos dice que, por lo menos en una parte del Servicio existe la duda razonable de que la industria no esté cumpliendo con la regulación vigente. Entonces, ahora nos preguntamos ¿está la industria salmonera dispuesta a respetar la regulación vigente?
Ahora bien, si revisamos la regulación ambiental nos encontramos con algo similar. Desde la entrada en vigencia de la LGBMA las concesiones salmoneras deben someterse a evaluación de impacto ambiental, proceso donde se establece la producción total por centro de cultivo o concesión.
Revisando esta información obtenida, por Ley de Transparencia, desde Fundación Terram encontramos que existen al menos 95 casos de sobreproducción de salmones al interior de dos áreas protegidas, la Reserva Nacional Kawésqar y la Reserva Nacional Las Guaitecas. Esto quiere decir que, se produjo más de lo establecido en sus evaluaciones ambientales. En este caso la entidad encargada de fiscalizar y sancionar es la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), la cual ha abierto algunos procesos sancionatorios. Pero, con esta información de contexto, otra vez surge la pregunta ¿está la industria salmonera dispuesta a cumplir con la legislación vigente?
Y mientras más nos adentramos en recabar información, más entendemos como ha ocurrido el crecimiento de esta industria, la cual opera y ha operado sin respetar la regulación vigente. Sin embargo, la industria salmonera chilena se ha ocupado de impulsar una enorme campaña comunicacional, que le ha permitido posicionarse en los medios como un sector importante para el país, que no puede desarrollarse debido a la “permisología” y a la ideología de las organizaciones ambientales y otras ideas similares. Pero los hechos demuestran otra cosa, pues más allá de las reuniones coordinadas por Zalaquett o las menciones que pueda tener esta industria en el Caso Hermosilla, lo cierto es que intenta posicionarse a sí misma como una industria sostenible, pero los datos indican que no cumple y/o respeta la regulación vigente. Entonces, antes de seguir con estas campañas deberían responder si efectivamente están dispuestos a respetar la regulación vigente.
