Si el curso del actual proceso constituyente provoca resistencia en la ciudadanía – las encuestas evidencian un creciente ánimo de rechazo antes de conocerse su versión definitiva – Evelyn Matthei se ocupó de ponerle una lápida desde el seno de la derecha. Consciente del lugar privilegiado que marca en las encuestas escogió el momento preciso para marcar distancia con un texto que crecientemente se asemeja más bien a un programa de gobierno de los republicanos liderados por José Antonio Kast. “No existe el ánimo de hacer el esfuerzo para tener una constitución que sea aceptable para todos los sectores” afirmó la actual alcaldesa de Providencia y aspirante presidencial, sin ocultar su simpatía con una eventual propuesta a semejanza de lo consensuado anteriormente por el Comité de Expertos.
Sus difundidos dichos involucran también un desafío a los propios consejeros de Chile Vamos que, con la vana ilusión de morigerar las propuestas más extremas de la ocasional mayoría republicana, terminan avalando un articulado bastante más regresivo que el de la actual constitución. Así la alcaldesa instala un debate hasta hoy eludido e incómodo para la dirigencia partidaria y parlamentarios de su coalición.
Evelyn Matthei no solo se manifiesta por una abierta competencia con el liderazgo desplegado por republicanos dentro de la derecha, además intenta un abierto diálogo con la disidencia del centro político que incluye a Amarillos y Demócratas.
Más allá del evidente impacto de sus dichos en el conjunto del espectro político, no son pocos los militantes, parlamentarios y dirigentes, tanto de la UDI como de Renovación Nacional, que siguen considerando a los republicanos como sus aliados naturales y no descartan alcanzar la unidad para enfrentar las próximas elecciones municipales del año próximo y las parlamentarias y presidenciales de 2025.
Los dirigentes del partido republicano han explotado muy hábilmente estas contradicciones al interior de Chile Vamos, exigiendo lealtad y apoyo a sus propuestas más extremas que, en su mayoría, son compartidas por buena parte de la derecha. José Antonio Kast, consciente de una disidencia más extrema en sus propias huestes republicanas que se ha resistido a cualquier cambio constitucional desde un principio, y asumiendo que lo prioritario que está en juego es su liderazgo para la próxima contienda presidencial, ha monitoreado muy de cerca el proceso, no dudando en presionar a los consejeros constituyentes de Chile Vamos para aprobar sus propuestas, insistiendo que el nuevo texto constitucional “será mejor si se aprueban las enmiendas republicanas”.
Quién asume el costo de un nuevo fracaso del proceso constituyente
Siempre se dijo que la principal responsabilidad por el éxito o fracaso del nuevo proceso constituyente recaía en los republicanos, como la primera fuerza política representada en el consejo constituyente (22 consejeros) y que implicaría una verdadera prueba acerca de su capacidad para garantizar la gobernabilidad futura del país.
Ciertamente los republicanos no parecen entenderlo así. Su disposición para acuerdos que trasciendan sus férreas convicciones es mínima y sólo en aspectos considerados marginales, bajo el condicionamiento de optar por el rechazo en caso de que sus propuestas fundantes no sean acogidas. Así, por momentos, el haber obtenido tan decisiva mayoría de convencionales, ha operado como una piedra en el zapato. Más aún cuando sus sectores más radicalizados y el lumpen del denominado Team Patriota, liderado por “Pancho Malo” llaman a votar en contra de la propuesta constitucional, cualquiera sea su contenido.
Idealmente esperarían que fuera el oficialismo, en especial el PC y el Frente Amplio, quienes se desmarcaran del proceso, llamando a votar rechazo, como ocurrirá si finalmente se materializa una propuesta ultraconservadora, como la que hasta hoy se va perfilando, con evidentes retrocesos democráticos.
En el actual contexto cobra sentido la revisión de responsabilidades compartidas entre los diversos sectores políticos por el fracaso del anterior proceso constituyente. Las posturas extremas que ahora asumen los republicanos ya significan costos, entre ellos el crecimiento de la adhesión a Evelyn Mathhei que reflejan las encuestas a costo de una sensible baja de simpatías por José Antonio Kast. Y bien pudiera ser que ese fenómeno se profundice ante el eventual rechazo del nuevo proceso.
Sin embargo, la soterrada disputa por le hegemonía y el liderazgo futuro al interior de la derecha no está zanjada y todo apunta a una agudización del enfrentamiento de cara a la próxima elección municipal y la posterior contienda parlamentaria y presidencial de 2025, pareciendo improbable una realización de primarias, lo que llevaría a dirimir una eventual competencia en primera vuelta, sin garantía que ambos postulantes puedan llegar a segunda ronda.
Por su parte, tanto las directivas de los partidos oficialistas, como sus propios representantes en el consejo constituyente, han llamado a culminar el proceso, con pocas esperanzas que, en su etapa final, el grupo de expertos pueda jugar un rol moderador que culmine exitosamente.
El empresariado, que jugara un rol tan protagónico en el proceso anterior, con fuertes críticas a sus avances, han guardado un celoso silencio respecto del nuevo proceso, limitándose a sostener que sería muy bueno para el país (y sus propios intereses) que arribara a buen puerto, permitiendo poner fin a la incertidumbre en materia institucional.
Sin embargo, de no mediar sorpresas de última hora, la suerte de este nuevo proceso constituyente pareciera sellada, como lo indican las encuestas de opinión. Tan sólo restaría esperar que sea el parlamento, en uso de sus potestades constituyentes, el que permita avanzar en reformas sustantivas, tomando como base la propuesta de la comisión de expertos, que la mayoría de la derecha se ha esmerado por pulverizar, con innovaciones ultraconservadoras y populistas. Como ocurre con la eliminación de contribuciones de la vivienda principal, que favorece al 27 % de las personas con mayores ingresos del país, la declaración de bienes públicos concesionables y claros retrocesos en derechos fundamentales, como el aborto por las tres causales, el derecho a huelga o la constitucionalización de las AFP y las ISAPRES.
No es para nada descartable que los republicanos estén buscando un pretexto para bajarse de un proceso que nunca apoyaron. A pesar de todo les acomoda la actual constitución que, pese a sus sucesivas reformas, forma parte del “legado” del aún admirado régimen militar.
