Por negligencia del Congreso, Estados Unidos carece de una política de inmigración. Y los presidentes, demócratas o republicanos, responden al influjo de migrantes con medidas efímeras y contradictorias.
Cifras escurridizas
Según las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y organizaciones que se ocupan de la migración hay en todo el mundo unos 280 millones de personas –el 3,6 % de la población del planeta- que han abandonado su patria por razones económicas, políticas o familiares, por catástrofes climáticas o guerras y que residen en otros países de manera legal o ilegal, con intenciones de quedarse o simplemente de paso hacia otras metas.
Y, con casi 50 millones de inmigrantes, Estados Unidos no solo tiene la cifra más alta de inmigrantes sino que es la meta preferida por las corrientes de migrantes que arrancan desde América del Sur a África, desde el Oriente Medio al sureste de Asia. Las rutas de la migración atraviesan junglas, montañas, desiertos, ríos, mares y océanos, y las más concurridas echan sus multitudes junto a la frontera sur estadounidense.
Europa y América Latina reciben migrantes, pero para muchos de ellos ésa es solo una etapa en la travesía que sueñan completa cuando lleguen a Estados Unidos.
Europa y América Latina reciben migrantes, pero para muchos de ellos ésa es solo una etapa en la travesía que sueñan completa cuando lleguen a Estados Unidos.
Según la plataforma www.populationpyramid.net la población mundial seguirá creciendo, aunque a ritmo un poco más lento, en lo que resta del siglo. Pero el crecimiento demográfico en Europa Occidental se ha estancado y en la próxima década la población en esa región empezará a disminuir. El único país de Europa donde se espera un crecimiento continuado de la población es el Reino Unido donde los inmigrantes son casi el 14 % de la población.
En Estados Unidos los inmigrantes son casi el 16 % de la población y son, también, los contribuyentes mayores en el crecimiento de esa población.
Desde que en 1986 el presidente Ronald Reagan promulgó una reforma integral de la ley de inmigración –que incluyó una amnistía y una senda hacia la ciudadanía para unos cinco millones de indocumentados—no ha habido un consenso nacional que respalde una nueva ley integral de inmigración. Por la Casa Blanca han pasado presidentes republicanos –George H.W. Bush, George W. Bush, Donald Trump- y demócratas –Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden— y las mayorías se han trastocado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
Y el país sigue sin ponerse de acuerdo sobre los beneficios o perjuicios de la inmigración y acerca de un marco legal para administrarla.
Y el país sigue sin ponerse de acuerdo sobre los beneficios o perjuicios de la inmigración y acerca de un marco legal para administrarla.
Los datos del último Censo en Estados Unidos muestran (en el gráfico) en azul el crecimiento de habitantes debido al aumento normal de la población, y en verde el aporte de la inmigración.
La opinión pública
Una encuesta de la cadena CBS News de televisión reflejó esta semana las percepciones contrarias de los estadounidenses acerca de la inmigración que sustentan la ausencia de una política coherente.
Por ejemplo, mientras que entre los votantes demócratas el 95 % cree que los migrantes cruzan la frontera desde México en busca de empleos, el 93 % de los republicanos opina que esos extranjeros vienen en busca de asistencia social y beneficios públicos.
El 49 % de los demócratas acepta la noción de que la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera lo hace para escapar de la violencia y el crimen, una idea con la cual está de acuerdo sólo el 16 % de los republicanos.
Quienes abogan por un control más estricto de la inmigración argumentan que estos migrantes quitan empleos a los trabajadores estadounidenses y deprimen los sueldos con su abundancia de mano de obra barata.
Los datos de la Oficina del Censo indican que la inmigración en Estados Unidos crecerá en las próximas cuatro décadas llevando a una población diversa y más joven. Pero la población ahora envejece y seguirá haciéndolo hasta 2060, y con una población más vieja el país necesitará más jóvenes que trabajen y sustenten el crecimiento económico.
Casi un tercio de los trabajadores en el sector de la construcción lo componen inmigrantes, muchos de los cuales son ya residentes legales o ciudadanos estadounidenses. Pero la pandemia de la Covid-19 y las restricciones impuestas por los gobiernos de Trump y de Biden a la inmigración han causado una escasez de mano de obra.
Los datos de la Oficina del Censo muestran que la cifra de trabajadores extranjeros ingresados en la industria de la construcción ha caído casi a la mitad. En 2016 hubo más de 67.000 nuevos obreros en la construcción comparados con 38.900 en 2020.
Los datos de la Oficina del Censo muestran que la cifra de trabajadores extranjeros ingresados en la industria de la construcción ha caído casi a la mitad. En 2016 hubo más de 67.000 nuevos obreros en la construcción comparados con 38.900 en 2020.
Improvisaciones
Privados de un claro respaldo legislativo los presidentes Donald Trump y Joe Biden han adoptado medidas de corto plazo y eficacia magra, que responden más a las preferencias de sus votantes que a una solución para millones de inmigrantes y para el país. La negligencia del Congreso muestra que en lo único que los estadounidenses parecen estar de acuerdo sobre la inmigración es que las cosas sigan como están.
Desde el momento mismo cuando lanzó su campaña presidencial en 2015, Trump empleó con fruición una retórica insultante y provocadora hacia los inmigrantes, calificando a los mexicanos de criminales. Trump prometió en su campaña presidencial de 2016 que construiría un muro a lo largo de la frontera, y su proyecto encalló en el Congreso que le negó los fondos para la obra. Luego vinieron sus vedas para la inmigración de ciudadanos de países con mayoría musulmana.
Desde el momento mismo cuando lanzó su campaña presidencial en 2015, Trump empleó con fruición una retórica insultante y provocadora hacia los inmigrantes, calificando a los mexicanos de criminales.
A fines de 2019, Trump instauró una política denominada Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, en inglés) por el cual los migrantes llegados a la frontera sur eran devueltos de manera expedita a México donde debían esperar que les llegara la fecha de una audiencia ante un tribunal de inmigración. En marzo de 2020 cuando se propagó la epidemia de la Covid-19, el gobierno de Trump recurrió a una medida del código sanitario conocida como Título 42 que autoriza la veda de extranjeros cuyo ingreso al país pueda representar una amenaza a la salud pública.
En medio de esas medidas estuvo un programa por el cual miles de migrantes menores de edad fueron separados con engaños y a la fuerza de sus padres llegados a la frontera, y enviados a diferentes sitios del país bajo custodia del gobierno. Algunos cientos de menores todavía siguen separados de sus familias.
Trump ordenó la cancelación de un programa, conocido como DACA, iniciado por el gobierno de su antecesor Barack Obama, y que postergaba la deportación de cientos de miles de migrantes traídos ilegalmente al país cuando eran menores de edad,
Cientos de miles de migrantes de todo el mundo, aunque principalmente de América Central, han languidecido por años en campamentos y albergues en México, expuestos a extorsiones, violencia e inseguridad, como resultado de las medidas del gobierno de Trump.
Aunque por dos años Trump contó con mayoría en ambas cámaras del Congreso, no logró un acuerdo para una legislación coherente en materia inmigratoria.
Durante su campaña presidencial de 2020 el demócrata Biden criticó la separación de familias, prometió que buscaría una solución legislativa para los beneficiarios de DACA y que pondría fin al uso del Título 42, y habló en términos esperanzadores sobre una “política inmigratoria humana y justa”.
Tal como le había ocurrido a Trump, Biden ha visto sus iniciativas enredadas en querellas judiciales y demandas a favor o en contra de cada paso propuesto que han llegado hasta el Tribunal Supremo de Justicia.
La decisión del gobierno de Biden de dar por terminada el 12 de mayo la emergencia nacional de salud declarada por la pandemia fue seguida por meses de vaticinios y advertencias sobre una situación catastrófica en la frontera donde, supuestamente, tras el fin del uso del Título 42 llegarían hordas de inmigrantes que abrumarían la capacidad de alojarlos y de expulsarlos.
El caos no ocurrió porque el gobierno de Biden encontró, una vez más, una voltereta en dos pasos que quitó presión en la frontera.
Por un lado, y contrariando todas sus promesas anteriores de respeto al sistema de asilo, el gobierno de Biden advirtió que todo migrante ingresado ilegalmente y deportado, quedará vedado de entrar a Estados Unidos por cinco años.
Y por el otro Estados Unidos dispuso de centros en México y otros países para que quienes quieran solicitar asilo lo hagan desde allá, mediante una app (CBP One) con la cual obtendrán fecha y lugar de una audiencia ante las autoridades de inmigración que decidirán si su caso amerita la protección del asilo.
La combinación funcionó: desde el fin del Título 42 ha disminuido sustancialmente la cifra de migrantes que cruzan la frontera para pedir asilo, y la presunción es que otros muchos han elegido la vía cibernética del trámite de asilo.
La situación en la frontera sur es grave, y ciudades como El Paso (Texas) han tenido que lidiar con la travesía de decenas de miles de migrantes.
En una situación paradójica los gobernadores republicanos de Texas, Greg Abbott, y de Florida, Ron DeSantis, han buscado ventajas políticas despachando a centenares de migrantes a otras ciudades de Estados Unidos donde hay gobiernos demócratas.
En una situación paradójica los gobernadores republicanos de Texas, Greg Abbott, y de Florida, Ron DeSantis, han buscado ventajas políticas despachando a centenares de migrantes a otras ciudades de Estados Unidos donde hay gobiernos demócratas. Y, aunque esos gobiernos ahora se quejan por la carga de migrantes y piden ayuda del gobierno federal, el resultado práctico es que los migrantes se están distribuyendo por todo el país y encontrarán ayuda económica y asesoramiento legal para integrarse a la sociedad.
