En una sociedad democrática es el poder civil el que debe dictar la política de defensa, con el apoyo técnico de las fuerzas armadas. Es natural la resistencia al cambio en una política que ha sido manejada fundamentalmente por las fuerzas armadas y donde la civilidad se ha inhibido de intervenir.
Tres son las industrias de la defensa que contribuyen al desarrollo y a la seguridad del país: FAMAE, ASMAR y ENAER, que pertenecen al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea, respectivamente. Trabajan para mantener y mejorar las capacidades defensivas contribuyendo a reducir la fuerte dependencia externa, generando miles de empleos directos y muchos más indirectos gracias al aporte que hacen medianas y pequeñas empresas, junto a universidades y centros de investigación. Asimismo, en tiempos de crisis, como ocurrió en la pandemia, fabricaron respiradores mecánicos para aliviar el trabajo en los hospitales. Todas ellas producen un efecto multiplicador en la economía y favorecen la investigación científica en las universidades, estimulan la innovación y producen soluciones locales a temas complejos como se ha demostrado hasta ahora.
El presidente Gabriel Boric está comprometido con un “nuevo modelo de desarrollo productivo basado en la construcción de conocimiento y el uso de los recursos con los que cuenta el país”, como ha mencionado el ministro de economía Nicolás Grau. Las industrias de la defensa son un instrumento poderoso para el cumplimiento de este objetivo, pero requieren el apoyo del Estado y de la voluntad política para reformular su aporte al desarrollo a través de la adecuación progresiva de algunas normativas que las regulan y limitan.
Un segundo factor para lograr consolidar y robustecer estas industrias es la planificación a mediano y largo plazo de las necesidades de la defensa, tal como se ha hecho a partir del término de la ley del cobre y el inicio de los presupuestos plurianuales. Para proyectos grandes se deben garantizar políticas de Estado que vayan más allá de los ocho años y de los gobiernos de turno, tal como ha ocurrido con la Armada que cuenta con financiamiento hasta el 2032 para la construcción de un rompehielos de más de 10 mil toneladas, que entrará en funciones el presente año, y cuatro buques multipropósitos que iniciarán su construcción próximamente.
Lo mismo ocurre en ENAER con el Pillán II que, con alta tecnología incorporada, pasará de ser un avión de instrucción del más alto nivel, cuya construcción se puso en marcha en 2022 y que permitirá renovar la flota que cumplirá su vida útil en pocos años más. Del Pillán I se produjeron 139 unidades, muchas de los cuales fueron vendidas en América Latina y en España. Asimismo, el desarrollo de la industria espacial de ENAER, junto a universidades chilenas en la fabricación de satélites, es otra ventana más de desarrollo tecnológico e innovación que debe potenciarse y proyectarse para cubrir la creciente demanda de países de la región. FAMAE tiene proyectos de mediano plazo para generar nuevas capacidades defensivas que ahorrarán divisas al país, siempre y cuando cuente con el apoyo necesario para competir con sus productos en el mercado nacional y extranjero, así como que las ramas de las fuerzas armadas, carabineros y PDI, privilegien sus productos por sobre los importados de iguales condiciones técnicas.
Un tercer elemento es la necesidad de cambio de la estructura directiva y de propiedad de estas industrias, que es el punto central para un despliegue de las capacidades existentes en Chile. En la actualidad las tres empresas son 100% estatales, 100% controladas por las fuerzas armadas y 100% masculinizadas. El modelo de gestión ha cumplido un ciclo y es hora de abrirlos e incorporar una mirada civil que acompañe y proyecte a futuro este desarrollo. Asimismo, ha llegado el tiempo para que inversionistas chilenos puedan ser parte de proyectos de mediano y largo plazo aportando capital, experiencia e innovación, tal como sucede con las grandes industrias de la defensa en los países desarrollados, donde el Estado mantiene la llamada “acción de oro”, que es el arma que permite a los gobiernos orientar la producción y colocación de productos en el mercado exterior.
Un cuarto elemento debe ser la invitación al sector privado nacional para formar parte de nuevos proyectos aportando con insumos y líneas de producción que apunten en un sentido estratégico, en concordancia con la demanda de la defensa. CORFO puede ser un gran aliado agrupando al sector de las pequeñas y medianas empresas vinculadas a esta área apoyándolas a través de programas de estímulo a la innovación para desarrollar nuevas líneas y mejorar la productividad.
Probidad, género y mayor participación civil en la política de defensa es el compromiso del programa de gobierno del presidente Boric. Es natural la resistencia al cambio en una política de defensa que ha sido manejada fundamentalmente por las fuerzas armadas y donde la civilidad se ha auto-inhibido de intervenir. No ha sido responsabilidad de los militares que no se hayan producido cambios en la estructura de estas tres empresas, si no de quienes han gobernado desde el retorno de la democracia. En una sociedad democrática es el poder civil el que debe dictar la política de defensa, con el apoyo técnico de las fuerzas armadas. Hay una oportunidad única para el desarrollo de áreas estratégicas basada en el interés nacional para proponer un acuerdo político transversal que fortalezca un sector que reclama una visión conjunta para avanzar en el camino del desarrollo y verdadera independencia en un área altamente sensible. Las industrias nacionales podrán desplegar sus capacidades con el apoyo del Estado, las universidades y el sector privado para contribuir a generar empleos de calidad, investigación, innovación, mayor independencia y disminuir la dependencia de los grandes fabricantes extranjeros. El presidente Boric tiene la oportunidad de iniciar una política que abra espacio al sector civil y a los privados en una nueva forma de colaboración que contribuirá a maximizar las capacidades y fortalecer el sector industrial, lo que constituirá un legado concreto a un nuevo modelo de desarrollo de Chile.
