El 5 de octubre se cumplían 37 años del triunfo del NO en el plebiscito. Un aniversario que, pese a su trascendencia, pasó prácticamente inadvertido para la inmensa mayoría del país. Quienes vivimos esa jornada memorable, reconocemos que fue uno de los momentos más trascendentales, que cambió el rumbo de la historia en nuestro país. Luego de 17 años de cruenta dictadura, Augusto Pinochet pretendía permanecer en el poder por otros ocho años. Y la derecha apoyó sin reservas esa pretensión. Su gran error fue someter esa pretensión al veredicto de la ciudadanía, que por una muy amplia mayoría votó por su rechazo.
Se han escrito muchas crónicas respecto de la tensa noche del 5 de octubre de 1988. Partiendo por el primer escrutinio que daba como ganadora a la opción por el SI. El rápido recuento de votos que demostraba que el NO triunfaba ampliamente, como lo reconociera el integrante de la junta militar, comandante en jefe de la FACH Fernando Matthei. La tensa reunión de Pinochet derrotado en la Moneda con los demás participantes de aquella junta y los intentos por desconocer el resultado. El despliegue de la población en las calles para celebrar el triunfo. Los demócratas habían logrado algo que parecía imposible. Derrotar a una dictadura a través de un plebiscito.
Se afirma que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y bien pudiera ser que estemos en riesgo de aquello. Por cierto, no de la misma manera (nunca la historia se repite de igual forma) pero con efectos similares. Las nuevas generaciones no tuvieron la experiencia de vivir en una dictadura, ni vivieron la épica del plebiscito de 1988. Son hijos de la democracia recuperada que, tal como sus padres o abuelos, han asumido como un dato inamovible, sin asumir la necesidad de cuidarla, preservarla y profundizarla.
Hoy la democracia reconquistada está en riesgo. Un eventual triunfo de José Antonio Kast amenaza las bases mismas del sistema democrático. Incluidas aquellas conquistas sociales laboriosamente alcanzadas tras largos años de lucha. Los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales, de los trabajadores, de los pueblos originarios, de los inmigrantes y la tercera edad.
En verdad, José Antonio Kast no tiene un equipo programático sólido (como ha insistido Evelyn Matthei) ni menos un programa de gobierno consistente, sino consignas que no puede cumplir. Como la de recortar seis mil millones de dólares del presupuesto fiscal (sin nunca precisar sus fuentes), expulsar a los cientos de miles de inmigrantes ilegales, terminar con el auto préstamo para financiar la reforma previsional, o desplegar a las FF.AA. en el combate al crimen organizado.
La derecha denominada tradicional parece haber sucumbido a la ofensiva del candidato republicano. Las propias declaraciones del timonel de la UDI parecen confirmarlo. A poco más de un mes de la elección, afirma que apoyarán al candidato de derecha que pase a segunda vuelta, pese a que Matthei ha evitado todo pronunciamiento al respecto. Con todo, es más que evidente que, al igual de lo que sucediera en la anterior elección presidencial, la derecha apoyará a Kast en segunda vuelta (con malos resultados), pero bien pudiera haber esperado el desenlace de la primera ronda. Salvo que busque evitar fugas mayores de sus militantes a las que ya se han producido y las que se anuncian para las próximas semanas apostando a privilegiar la elección parlamentaria.
El escenario de segunda vuelta
A estas alturas, el escenario de segunda vuelta pareciera configurado. Según todas las encuestas, Jeannette Jara tendría asegurado su paso a segunda ronda, muy probablemente en la primera posición, en tanto que José Antonio Kast aún marca considerable distancia sobre la candidata de Chile Vamos. Una ventaja que podría ser irremontable en los escasos treinta y cinco días que restan para la elección. El aspirante republicano juega a eludir nuevos errores, que le han pasado alguna cuenta, evitando mayor exposición durante los últimos días.
Pese a lo que digan las encuestas (que la mayoría de las veces se han equivocado), el resultado de la segunda vuelta no está predeterminado. Es una nueva elección, que no la decidirán los partidos o coaliciones que apoyan a un u otro candidato (a). Ni aquellos que han optado por Matthei como “el mal menor”. La decidirán los más de 15 millones de ciudadanos que, obligatoriamente, deberán optar por un candidato de ultraderecha, que propone jibarizar al estado, recortar el gasto fiscal, expulsar los inmigrantes ilegales y mano dura en contra de la delincuencia, o una candidata de las fuerzas progresistas, que propone seguir la senda de las transformaciones que han logrado avanzar hacia un estado democrático de derechos. Con una razonable paz social, crecimiento económico y mayor justicia social.
El próximo 19 de octubre se cumple un nuevo aniversario del estallido social que impactó con inusual fuerza a nuestro país. Algunos de sus detractores lo condenan insistiendo en que detrás de ese movimiento, que movilizó a millones de chilenos con muy diversas motivaciones, existió un intento de derrocar al gobierno de Sebastián Piñera. Muy probablemente, algunos sectores pudieron pensarlo, pero, la verdad, es que no fueron los actores principales o protagonistas. El estallido social, acompañado de condenables hechos de violencia, fue la expresión de un extendido, diverso y difuso malestar social. Contra las desigualdades, en la salud y la educación, las AFPs, la constitución de 1980 (y sus múltiples modificaciones), el gobierno de Piñera, los partidos políticos, la corrupción, la colusión, los abusos y un montón de etcéteras. Y no está de más recordar que la mayoría de esas demandas siguen pendientes y que la salida institucional, materializada en sucesivos procesos constituyentes, terminaron en sendos fracasos.
No es un chantaje a una amenaza afirmar que no se puede descartar nuevos estallidos sociales si se coartan libertades públicas o se cercenan derechos sociales, se despiden masivamente a funcionarios públicos o se recortan recursos públicos. Apenas es una advertencia acerca de los riesgos que corre nuestro sistema democrático a partir de una mayor polarización social y política.
La derecha ha buscado demonizar el estallido social y a sus presuntos responsables con el mote del “octubrismo”, que equivaldría a radicalidad y violencia, pero, la verdad, es que fueron sectores muy minoritarios los que protagonizaron los lamentables hechos de violencia que fueran repudiados por un amplio espectro político. La inmensa mayoría se manifestó en forma pacífica. Nadie quiere un nuevo estallido, pero todos deben asumir la responsabilidad de prevenirlo.
El programa de gobierno de Jeannette Jara
Finalmente, el comando de Jeannette Jara ha entregado los anexos de su programa de gobierno. Es todo un logro que la más amplia coalición de centro izquierda que va desde la DC hasta el PC, que respalda su postulación, haya logrado un consenso en materia programática. Subsisten algunas diferencias en materias valóricas, como el aborto o la eutanasia, en donde algunos sectores han expresado sus reservas, pero, en lo fundamental se trata de un programa serio, que asume las prioridades ciudadanas en áreas tan relevantes como la seguridad ciudadana, un desarrollo sustentable e inclusivo, y avances en la protección social.
A partir del retorno de la democracia, los sectores progresistas han demostrado capacidad de gobernar al país, garantizar la paz y cohesión social, impulsar el crecimiento económico y avanzar en verdad, justicia y reparación en materia de derechos humanos. Los desesperados esfuerzos de la derecha por proyectar la imagen de un país que se cae a pedazos se estrellan con los datos duros de la realidad. En materia de seguridad ciudadana, se ha avanzado en aprobar una robusta agenda legislativa, crear el nuevo ministerio de seguridad pública y reforzar los servicios policiales tras una severa crisis acentuada por el período de pandemia. El país ha logrado ajustar la economía, con un bajo costo social y ha retomado la senda del crecimiento, proyectando una tasa de 2,6 % para el presente año. La reforma previsional aprobada durante este gobierno ha permitido elevar sustantivamente las pensiones actuales y futuras, se ha elevado el salario mínimo y el programa de Jeannette Jara propone elevar esos ingresos gradualmente hasta los $ 750.000.
Sin lugar a duda existen importantes desafíos pendientes, como la necesidad de dinamizar el crecimiento, resolver las listas de espera en salud, mejorar la educación pública y reforzar el combate en contra de la delincuencia y el narcotráfico.
La única manera de enfrentar estos desafíos es con mayor diálogo y espíritu de cooperación, que permitan construir los acuerdos necesarios para seguir avanzando. A lo largo de su trayectoria política y su desempeño como ministra del Trabajo, Jeannette Jara ha demostrado esa capacidad de diálogo y construcción de acuerdos que posibilitara la aprobación de la referida reforma previsional.
Es de esperar que, en la derecha, al menos en su sector democrático, exista esa misma disposición. Evelyn Matthei y diversos sectores de Chile Vamos se han pronunciado a favor del diálogo y la búsqueda de acuerdos, lo que le ha valido el calificativo de “una derecha cobarde” por parte de la ultraderecha, que aparentemente es partidaria de las trincheras o simplemente gobernar en base a las potestades presidenciales, saltándose el parlamento.
