Los empresarios aplaudieron al presidente en la mañana en su comparecencia a la ENADE y lo pifiaron en la noche por el anuncio de la política del Litio. El timonel de la UDI acotó que el mandatario había hablado como Lagos en la mañana y como Allende en la tarde. El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, el mismo que lo había aplaudido con entusiasmo en la mañana, fue un poco más lejos, sosteniendo que Boric no los había consultado (¿debiera?), no confiaba en los empresarios y, como corolario: que temía se viniera una ola de estatizaciones en el país.
Las acciones de SOQUIMICH se desplomaron. Las cartas a El Mercurio se sucedieron, cada una más tremebunda que la anterior, advirtiendo que ningún empresario estaba dispuesto a invertir capitales en empresas controladas por el estado. Que se estaba desperdiciando una gran oportunidad para generar riquezas en el país.
Estas críticas están marcadas por un extremo ideologismo y la defensa de intereses corporativos. Se afirma, con escaso fundamento, que el estado es ineficiente y que el sector privado es el único que sabe crear riquezas (en su provecho), sin hacerse cargo de las ineficiencias, abusos y aprovechamiento de posiciones dominantes de algunos sectores privados. Se dice que es mucho más eficiente arrendar los salares, que en el año pasado aportaron más de cinco mil millones de dólares al estado, sin mencionar las utilidades que obtuvieron los administradores privados y que el estado pudiera capturar en un porcentaje mayor que el actual.
Sin embargo y en contrapunto, diversos inversionistas internacionales saludaron los anuncios del gobierno, asumiéndolos como una gran oportunidad de asociación con el estado para explotar esta riqueza básica, propiedad de todos los chilenos, que no puede ser concesionada según la ley.
SOQIMICH, cuyo controlador sigue siendo Julio Ponce Lerou – el ex yerno de Pinochet – reaccionó con bastante más pragmatismo y mejores cálculos, asumiendo la nueva política como una oportunidad de extender la explotación, cuyo arrendamiento vence al año 2030, en otros términos, claramente ventajosos para la empresa. Y otro tanto hizo la empresa norteamericana que tiene el otro salar en explotación.
El gobierno fue más que claro porque no se puede estatizar lo que ya es estatal. El litio pertenece a todos los chilenos y chilenas. Y lo que se propone como política es una asociación público-privada, en donde el estado mantiene el control mayoritario, en aquellos emprendimientos de carácter estratégico, como lo precisara el ministro de Hacienda, sin descartar que en otros puedan implementarse diversas fórmulas (como un pacto de accionistas) que le garanticen al estado el control de la explotación.
Una política moderada y pragmática. En las antípodas del estatismo. Que asume las limitaciones del estado para realizar las inversiones y aportar la tecnología necesaria para la explotación en tiempos razonables y se abre a la inversión privada, manteniendo el control de esta riqueza básica no renovable.
Con el transcurso de los días, el tono de las críticas empresariales se ha venido morigerando Hoy se piden “precisiones”. Sin descartar que el parlamento, en donde el gobierno no tiene mayoría, logre modificar sustantivamente las condiciones de esta asociación público-privada.
Pero en esta materia, el gobierno tiene un sólido punto. Las riquezas básicas pertenecen a todos los chilenos y chilenas y el estado debe garantizar que su explotación beneficie al país, por sobre los intereses de los privados.
Salvador Allende nacionalizó el cobre con los votos de todos los sectores políticos, incluida la derecha, y le ha aportado al país ingentes recursos a lo largo de estas últimas décadas, sin que puedan prosperar los intentos de privatización que recurrentemente han levantado sectores minoritarios. La inmensa mayoría del país respalda la idea que el estado mantenga el control de sus riquezas básicas.
¿Y las dos almas en el oficialismo?
Mucho se habla de dos almas en la alianza de gobierno y es más que obvio que subsisten diferencias entre el llamado socialismo democrático y Apruebo Dignidad pero, en lo sustantivo, el gobierno ha impulsado políticas responsables, sensatas y moderadas, en materias económicas (incluido un duro ajuste), políticas y sociales, así como una decidida y vigorosa política en materia de seguridad ciudadana, que han contado con el apoyo del conjunto de los partidos oficialistas (con algún desorden, no demasiado distinto al de la derecha). Nada permite suponer que el gobierno prepare una ola de estatizaciones, como ha sugerido el presidente de la CPC.
Asumiendo que el gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria, el oficialismo busca construir consensos amplios que permitan impulsar las transformaciones contenidas en su programa, ante una oposición ciertamente poco disponible para generar estos acuerdos, como no sea en sus propios términos y, en muchos casos, en los decretados por el sector empresarial.
Los empresarios no pueden pretender intervenir en la determinación de la política del Litio. Eso le corresponde al gobierno y al parlamento. Legítimamente pueden tener una opinión, al igual que los sindicatos o las organizaciones sociales, pero no pueden constituirse en un poder fáctico para imponer sus puntos de vista.
Algo de este debate tiene que ver con la discusión acerca del famoso estado subsidiario, que defienden sectores de la derecha y que deberá dilucidar el consejo constituyente que se elegirá en pocos días más. Sería muy nocivo para el país que se consagrara a nivel constitucional que el estado no pueda participar en emprendimientos como el propuesto para el litio. Y aquel es un riesgo, si la derecha logra mayoría decisiva en este nuevo consejo. Esa es una de las muchas y relevantes cuestiones en juego en este nuevo proceso constituyente.
