El gobierno obtuvo un pequeño, pero significativo triunfo con la aprobación de la idea de legislar en torno a la reforma del sistema previsional. Tanto la derecha como las administradoras de fondos previsionales se jugaron por rechazarla. Fue un triunfo laborioso, en donde la ministra del Trabajo y el titular de Hacienda jugaron roles decisivos para convencer a los denominados “parlamentarios no alineados” (DC, Demócratas, Amarillos y PDG), de mantener su compromiso luego que el gobierno acogiera la mayoría de sus indicaciones, por ejemplo: distribuir la cotización adicional en 3% a capitalización individual y 3 % al pilar solidario (una propuesta que ahora se mantiene en duda, especialmente para Demócratas).
Con todas las interrogantes abiertas, ciertamente ha sido un logro relevante antes de que la propuesta avance a su discusión en particular y no se deba esperar un año más para reponerla. Pero es más que evidente que la discusión sustantiva recién comienza y nadie puede asegurar sus resultados. No existe consenso acerca de la manera como distribuir el 6 % de la cotización individual de cargo patronal. No tan sólo la derecha insiste que debe ir íntegramente a capitalización individual y que la solidaridad debe ser financiada con fondos generales de la nación (impuestos), como han propuesto las AFP. Y no existe consenso acerca de la necesidad de incorporar un ente estatal que participe en la administración de los ahorros previsionales.
Es mucho lo que se juega en la propuesta de reforma del actual sistema previsional ideado por José Piñera e implementado durante el régimen militar. Partiendo por el principio de solidaridad básica intergeneracional para asegurar una vejez digna para los actuales pensionados y los que vendrán. Se juega un inmenso poder económico, de miles de millones de dólares de propiedad de los ahorrantes, que hoy son administrados por las AFP, permitiéndoles acumular ingentes ganancias, en su libre juego de inversiones, designar directores en las empresas y controlar un gran negocio sin cumplir la promesa original de asegurar tasas de reemplazo en torno al 70 % para los afiliados al sistema.
Naturalmente, las administradoras privadas se resisten a una reforma que las privaría del monopolio de la administración del inmenso patrimonio de los ahorros previsionales, permitiendo que un actor estatal, en igualdad de condiciones, participe de esta administración. Este es un tema crucial, que verdaderamente le quita el sueño no tan sólo a las AFP sino también al empresariado y a la derecha.
No por nada la discusión se arrastra por más de una década, sin que la derecha se haya movido un ápice de su postura original para defender el modelo de capitalización individual y el rol de las AFP. Pese a los múltiples esfuerzos y la gran flexibilidad mostrada por el gobierno para llegar a un consenso mayoritario que permita destrabar el debate, la derecha, en consonancia con la postura de las administradoras privadas, se ha mostrado irreductible a la hora de rechazar la propuesta de solidaridad intergeneracional y el derecho de los afiliados de elegir a los administradores de sus fondos, jugándose por el rechazo a la idea de legislar. En esa perspectiva, la aprobación de la idea de legislar por una holgada mayoría de 84 votos constituye un duro revés de la derecha, que se suma a su derrota en el reciente plebiscito constitucional y el fracaso de la acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes. Para impedir el nuevo traspié se jugó con todo para alinear a sus eventuales aliados del centro, particularmente a Demócratas, advirtiendo que su disidencia “traería consecuencias”.
Claramente, con la aprobación de la idea de legislar sólo se posibilita una desafiante exigencia que enfrentará al gobierno no tan sólo con la derecha sino también con los poderes fácticos, que defienden sus propios intereses, que muy poco o nada, coinciden con los de los ahorrantes.
La segunda mitad del mandato
Con esta votación se cierra el actual período legislativo y la primera mitad del mandato del actual gobierno. El balance para el ejecutivo está lejos de ser catastrófico como lo proyecta mediáticamente la derecha.
Ciertamente el rechazo de la carta constitucional por la que se jugó mayoritariamente la derecha significó un respiro alentador para que el gobierno continúe impulsando su limitada pero pretenciosa agenda de reformas. La economía parece haber cerrado un ciclo de ajustes y se abren mayores expectativas de reactivación. La exigente lucha en contra del crimen organizado registra claros avances, no tan sólo en el plano legislativo, sino también en la desarticulación de bandas criminales y leves descensos en la tasa de asesinatos. Consistente con lo anterior, es que el Presidente Boric mantenga un sólido treinta por ciento de apoyo ciudadano, que parece ser el piso de la alianza oficialista. Y que la derecha, más allá de su ofensiva mediática, no pueda apostar a ganador como fueran sus expectativas previas al reciente plebiscito constitucional.
Con todo, resulta también evidente que la segunda mitad del mandato plantea desafíos mayores para culminar con parámetros exitosos la gestión gubernamental. Entre otros, su agenda de reformas, resultado muy asociable a la interrogante abierta acerca de a quién finalmente el actual mandatario entregará su banda presidencial. Hoy, la buena noticia es que, precisamente, restan dos años, que deberán ser de concreciones.
Las vacaciones veraniegas amenazan con ser cortas. El presidente ha optado por tomar unas cortas vacaciones en el sur, plenamente consciente que deberá aprovechar el receso legislativo para afinar la hoja de ruta de la segunda mitad de su mandato.
Son muchos los que especulan, e incluso demandan, un nuevo ajuste ministerial, pero no parece lo más relevante para imprimir dinamismo al nuevo período que se inaugura a partir de marzo. Puede haber ajustes marginales, esencialmente en los ministerios sectoriales pero muy difícilmente en el comité político del gobierno (al menos durante este año). Lo central no tan sólo es reafirmar las prioridades determinadas por el presidente en su discurso post plebiscito, sino también mejorar la gestión política y administrativa del gobierno, evitando nuevos “errores no forzados”.
Una reunión con empresarios, en casa de un lobista, es una imprudencia. Sea cual fuere el tema de que se trate un grave error y un claro exceso. Con bastante candidez la ministra de medio ambiente ha afirmado que no conocía la condición de lobista de Pablo Zalaquett, sosteniendo que provenía del mundo académico y no de la política. Una indefendible excusa sin informarse debidamente de quien era su anfitrión.
Un mediático suceso que daña la credibilidad gubernamental, pasando la cuenta como ocurrió con otros episodios, como los indultos presidenciales y la incidencia del caso convenios. A propósito de las pensiones de gracia a personas con antecedentes delictuales, es más que evidente que eso no debiera ser un impedimento para concederlas, en el caso que ellas se hayan visto afectadas en sus derechos por agentes del estado. Pero hay casos y casos, que pueden ameritar una revisión. Y ciertamente, no tienen una buena presentación. La amenaza de personeros comunistas de llevar el tema a tribunales internacionales ciertamente agrava el error.
La segunda mitad del mandato estará marcada por las elecciones municipales del mes de octubre y la próxima elección presidencial y parlamentaria del año próximo. Inevitablemente esto contaminará la agenda política y legislativa. Para bien y para mal.
La mayor contribución que el gobierno puede hacer para enfrentar estos desafíos es avanzar en su agenda de reformas y concretar sus promesas de campaña. Al final será evaluado por su capacidad para gestionar cambios que mejoren la calidad de vida de los chilenos y chilenas. La referida reforma previsional es una de las asignaturas relevantes, así como la seguridad ciudadana, la reactivación económica, empleo, salud, vivienda y educación. Las prioridades que ha fijado el propio presidente.
