El denominado caso audios es demasiado grave como para intentar trivializarlo con artificiales polémicas políticas que poco o nada dicen con el tema de fondo. Revela una trama para defraudar no tan sólo a miles de inversionistas que confiaron sus ahorros a una empresa de factoring, que se usaron dolosa y desaprensivamente, prestando dineros a algunos empresarios, respaldados con facturas falsas y cheques sin fondo, montando una verdadera máquina de hacer dinero y defraudar al fisco y a sus inversionistas. Todo ello bajo la asesoría jurídica del abogado Luis Hermosilla, acusado de múltiples cargos, entre otros, de cohecho y soborno de funcionarios públicos, evasión de impuestos, por más de 800 millones de pesos, además de tráfico de influencias.
La fiscalía ha reunido sólidos y contundentes antecedentes sobre estos graves delitos, que fueran presentados durante la jornada de formalización de los acusados. Sin embargo, todo apunta que puede ser la punta del iceberg de una oscura trama que no tan sólo compromete a los empresarios involucrados, sino también a miembros del poder judicial, funcionarios públicos, abogados y políticos. Luis Hermosilla no es tan sólo un reputado abogado penalista, sino también un personaje que, de militar en las juventudes comunistas (sin alcanzar la relevancia que se atribuye), pasó a ser el abogado de la familia del asesinado senador de la UDI, Jaime Guzmán, asesor del exministro Andrés Chadwick, tejiendo amplias redes de influencias en el mundo político y también judicial. Sus vinculaciones con la empresa Factop, propiedad de los hermanos Daniel y Ariel, Sauer, además de Rodrigo Topelberg (que reconociera haber filtrado el audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos) son más que conocidas. Actuaba como una suerte de consiglieri de la empresa de factoring, El audio es más que revelador a este respecto.
No tan solo Luis Hermosilla tiene mucho que explicar. Al igual que los hermanos Sauer, los hermanos Jallaf. Leonarda Villalobos y Rodrigo Topelberg. También el exministro Andrés Chadwick, que recibiera cuantiosos honorarios de parte del abogado Hermosilla, con dudas mas que razonables respecto del financiamiento de la defensa durante la acusación constitucional que lo sacó del gabinete de Sebastián Piñera en diciembre de 2019, así como los honorarios a un abogado alemán por un informe en derecho, solicitada por su defensa, que se vincula a factop. Tanto el presidente de la UDI, Gustavo Ramírez, como el de Renovación Nacional, Sergio Galilea, han salido a defender la honra y probidad de Chadwick, pero nada lo exime de aclarar el origen de los recursos aludidos.
Ahora apareció el nombre del exministro de Vivienda, Felipe Ward, en cuya administración Hermosilla se desempeñó como asesor, en un caso de posible tráfico de influencias con los ex controladores del grupo patio. El propio asesor de la presidencia, Miguel Crispi, deberá esclarecer sus relaciones con el abogado Hermosilla. Lo mismo deberá hacer el fiscal nacional Ángel Valencia y, ciertamente, con mayores dificultades el exfiscal Manuel Guerra. Con toda seguridad, con la publicación de los mensajes del abogado inculpado, seguirán apareciendo nuevos nombres al baile, involucrados, de una u otra manera con Hermosilla.
Mención aparte merece el nombre de Jean Pierre Matus, integrante de la Corte Suprema, que partiera negando la existencia de correos con Hermosilla, para terminar admitiendo que estos se realizaron antes que fuera designado ministro de la Suprema. Ciertamente aquel mensaje filtrado, dando “gracias por todo”, es inquietante, reforzando la urgencia de cambiar el actual procedimiento de designación de los miembros del poder judicial que hoy se debate en el parlamento.
Los acusados deben responder por estas graves acusaciones en los tribunales de justicia y frente a la opinión pública. Bien ha dicho el presidente, nadie está por encima de la ley. Los dichos del mandatario han generado una polémica artificial. No es la primera vez que opina sobre casos judiciales que han impactado a la opinión pública, proyectando sospechas acerca de la probidad y transparencia de las instituciones. Lo hizo en el caso convenios, al igual que la mayoría de los parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición. Y nadie dijo nada. Puede ser no muy adecuado referirse a una medida cautelar, que no prejuzga culpabilidad o inocencia. Pero bien puede ser que la gravedad del caso lo amerite.
El llamado caso audios ha conmocionado a la opinión pública no tan sólo por la cuantía de los montos defraudados y la relevancia de los personajes involucrados. También por sus aristas en el ámbito político, el poder judicial y la erosión de las instituciones del estado, con prácticas de soborno y cohecho de funcionarios públicos, que obliga por igual a los diversos poderes del estado a reforzar las medidas de control, que aseguren su independencia, transparencia y probidad. Le corresponde al gobierno y al parlamento adoptar esas medidas con urgencia.
A dos años del 4-S
La oposición conmemora con alegría el rechazo de la propuesta de nueva constitución – elaborada por una convención, con incidencia decisiva de “independientes” de diversos signos, en donde los partidos, de manera transversal, fueron minoría – como una gran victoria de los sectores democráticos y la derrota de los supuestos afanes refundacionales del actual gobierno y un rechazo a su programa de reformas, que perdiera la mayoría parlamentaria que había conquistado en las urnas.
Lo que no se dice es que la oposición no ha logrado transformar esa victoria electoral, que reunió a sectores de centro con la derecha, en una mayoría política (ni siquiera electoral), para levantar un proyecto de futuro. Muy por el contrario, la derecha aparece más dividida y fragmentada que nunca, con una fuerte disputa por la hegemonía y el liderazgo, sin poder sumar sus fuerzas para enfrentar la próxima elección municipal y de gobernadores regionales, en tanto que los sectores de centro- Demócratas y Amarillos– aparecen claramente marginados y con pocas posibilidades de sobrevivir en los próximos eventos electorales. De la misma manera, se omite que la derecha sufrió similar derrota con su propia propuesta constitucional, en un consejo dominado por el partido republicano (con sumisión de Chile Vamos). Más que cuentas alegres, inquieta la incapacidad de consensuar cambios graduales en materias decisivas para la mayoría de la población, a ojos vista críticos y pendientes, como ocurre, entre otros ámbitos, con la salud, pensiones, educación y vivienda.
Con una mayoría parlamentaria circunstancial favorable, la oposición ha optado por un bloqueo esencial a los objetivos programáticos del actual gobierno, condicionando avances parciales ineludibles, como sucede con la reforma previsional y el nuevo pacto fiscal, desatendiendo los costos sociales y riesgos futuros en caso del retorno esperado por la derecha a La Moneda. Es verdad que sectores de la izquierda ejercieron una dura oposición durante el último gobierno de Sebastián Piñera, tempranamente en crisis de conducción acentuada por el estallido social, pero la derecha se ha cobrado con creces esa deuda, asumida autocríticamente por el presidente Boric.
Lo cierto es que está en el mejor interés de la oposición (esencialmente del confundido Chile Vamos), definir áreas de acuerdos y disensos con el ejecutivo para esta segunda parte de su mandato, en temas tan relevantes como la seguridad ciudadana y los otros ámbitos sociales ya referidos que, de no resolverse en el actual período presidencial, serán heredados por el próximo gobierno. Y. por cierto, en imprescindibles y urgentes reformas al sistema político que permitan asegurar una efectiva gobernabilidad del país, así como una reforzada agenda en favor de una mayor transparencia y probidad.
Resulta más que predecible que próxima elección municipal y de gobernadores regionales no tan sólo esbozará un nuevo mapa político del país sino prefigurará el escenario presidencial del año próximo, marcando el rumbo futuro del país. El oficialismo más la democracia cristiana apuestan a mantener su condición de primera minoría en los próximos comicios. La campaña, ya en curso, reitera la apuesta opositora para acentuar la imagen de un país que se cae a pedazos por la inseguridad ciudadana, el estancamiento económico, la corrupción y la ineficiencia gubernamental, ignorando resultados a ojos vista que certifican los avances precisamente en ámbitos como el combate al crimen organizado y sus nuevas modalidades.
En el convulsionado escenario político, acentuado por las reacciones encontradas ante el escandaloso caso audios, no deja de inquietar a la derecha el nivel de apoyo que mantiene el Presidente Boric, superior al de anteriores mandatarios en la mitad de su mandato. Al mismo tiempo hoy resulta inocultable un temporal vacío de liderazgos opositores, que explica el crecimiento de popularidad de la expresidenta Bachelet manifestada en encuestas donde supera a José Antonio Kast y estrecha distancia con Evelyn Matthei. Ciertamente un escenario que puede cambiar significativamente con los resultados a ojos vista de la próxima elección municipal y de gobernadores regionales. Especular no cuesta nada…
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Muy buen análisis del caso Hermosilla