Las disputas sobre la historia envuelven disyuntivas que afectan agudamente al porvenir. Debido a esta propiedad de la historia, los actores políticos se encuentran permanentemente enfrentados a construirse un mejor pasado. Incluso cuando optan por el silencio respecto a su historia, lo hacen pensando en los desafíos que les impone el presente.
Hace unos días, el anterior comandante en jefe del ejército concedió una entrevista a El Mercurio para anunciar la pronta aparición de un libro de su autoría. En la entrevista, Ricardo Martínez afirma que la responsabilidad del golpe de 1973 la tuvieron los actores políticos. El general afirma, además, que el golpe fue ilegal y que las FFAA nunca deben ser usadas para dirimir conflictos políticos.
Lo de la ilegalidad del golpe de Estado es evidente para todo el mundo menos para la derecha chilena. Un golpe militar no es lo mismo que una destitución constitucional. De hecho, lo que el golpe hace, es impedir el funcionamiento de la institucionalidad representativa que tenía en sus manos la facultad de interrumpir legalmente el curso del gobierno. A pesar de eso, los herederos del golpe han logrado mantener viva durante décadas la llama del fuego purificador que descendió sobre los antichilenos para fulminarlos. Los herederos de la dictadura quisieran que un derecho ex post, un juicio de la posteridad con valor legal, justificara y legitimara el golpe como el acto de excepción que funda una nueva historia de Chile. El país no puede conceder ese deseo sin disolverse.
La legalización de los golpes militares antes de que ocurran es incoherente con el estado de derecho. Una norma tal impondría en permanencia un debate sobre si estamos o no, todavía, en las condiciones que permiten renunciar a la política y ponerla en manos de hombres fuertes. Esa sería una versión especialmente frágil y amenazante de la espada de Damocles. Es lo que tuvimos en los inicios de la transición y es el expediente fantasma al que recurre imaginariamente la derecha ante cada conflicto social o político.
La segunda parte de la afirmación del ex general, dice que las Fuerzas Armadas no deben ser usadas para resolver conflictos políticos. Suena como una obviedad que, de tan banal, no merece ser mencionada. La derecha elegante, la que usa los silencios en lugar de la vociferación, prefiere que este asunto no se traiga a colación en voz alta. Ya no están -o aún no están- los tiempos para hacer una apología de la violencia armada y tampoco para hacer pasar un artículo opaco en el texto constitucional que nomine a las FFAA como ‘garantes de la institucionalidad’.
¿O es que esos tiempos están de vuelta?
Lo que el general Martínez anuncia como doctrina de la prescindencia política de las FFAA no es nueva y, sin embargo, resplandece como una recién nacida.
Hace cincuenta años, los chilenos con los militares incluidos, nos sentíamos orgullosos de nuestra tradición democrática. Hay que recordar que los militares resistieron largamente los llamados al “Golpe”: desde la tentativa de Viaux y su Tacnazo gremialista, siguiendo con el asesinato de Schneider y redundando en su resistencia al trabajo permanente de erosión de las convicciones republicanas de los oficiales durante el período de la UP.
Aun en las condiciones de la guerra fría y de la intervención de Estados Unidos, los militares constitucionalistas resistieron los llamados golpistas hasta que fueron derrotados internamente por una combinación de contaminación política ambiente, activos agentes de la CIA, oficiales ingenuos y traidores embozados.
No hay que olvidar que el golpe fue un golpe al interior de las FFAA, antes y al mismo tiempo que un golpe contra la Unidad Popular, contra la política y el mundo civil en general. La derrota de los militares constitucionalistas llevó a las FFAA a convertirse en policía de ocupación y en un sentido estricto, a la corrupción de su funcionamiento.
El pasado muerde cuando afloran encrucijadas similares a las que vivimos cincuenta años atrás. Lo que el general Martínez hace en su entrevista, es rescatar la necesidad de FFAA no deliberantes y prescindentes respecto a la política interna del país. Este es el rescate de un concepto que funda las instituciones republicanas y democráticas y que, sin embargo, en Chile no ha dejado de estar en discusión en los últimos cincuenta años. Lo que irrita a la derecha pinochetista no son las ‘deslealtades’ que se despliegan en la entrevista del general Martínez (Pinochet debió asumir la responsabilidad del mando) sino la afirmación de que las FFAA no están para resolver conflictos políticos. El desafío que enfrentamos consiste en pasar de este no deber usar a las FFAA como recurso político, a una estructura más concluyente en la que no sea posible el uso político de las FFAA.
A los militares les gusta repetir que las FFAA son de todos los chilenos y a la mayoría de los chilenos nos gusta escucharlo. Esa es la condición y el sentido de su necesaria prescindencia política. Pero lo cierto es que las FFAA, por su estructura de mando, por las distorsiones del Estado uniformador y, tal vez, por sus simpatías con una política del orden, se prestaron para funcionar como brazo armado de la derecha chilena durante la dictadura.
No basta repetir ‘nunca más’ para exorcizar esos fantasmas.
No basta tampoco con sacudirse la responsabilidad institucional en el golpe y pasarla a los actores políticos. No se puede pretender que el ejército no tuvo más responsabilidad que la huasita seducida a palos por el patrón. Algo hay en la historia y la estructura de las FFAA que les permitió servir de instrumento a una política terrorista de refundación nacional.
En la historia de desencuentros entre los militares y los chilenos de a pie,la idea de país y de la historia del país que nos hemos contado, juegan un papel importante.Las FFAA se forjaron al calor de una idea de nación dominada por exigencias de homogenización social y de uniformidad cultural. La idea de una dignidad, o sea de una misma jerarquía, para las culturas indígenas y chilena, para el mapuche y el huaso, es ajena a su historia y a su formación.
La modernidad y la democracia exigen valorar las diferencias culturales y rescatar los territorios locales de la agobiante hegemonía centralista. El concepto mismo de autoridad legítima ha experimentado cambios trascendentales producto de la evolución social y de los cambios tecnológicos. Todos estos elementos forman la reflexión que tenemos que hacer para sacudirnos la ecuación que reduce a las FFAA a mero recurso crítico de la política y a la política a un simple ejercicio de la técnica y de la policía. Al parecer, el libro del general Martínez recoge estos debates y desde ya invitamos a leerlo y a comentarlo.
