Falta un mes para que Donald Trump jure, otra vez, que respetará la Constitución, pero de hecho ya casi gobierna. En la transición continúa el danzón entre inmunidad e impunidad.
Musk, el no elegido
En la madrugada del miércoles el billonario Elon Musk, que funciona como eminencia nada modesta en el equipo del presidente electo Donald Trump, espetó en la red social X, de la cual es dueño: “Este proyecto de ley no debería ser aprobado. ¿Más gastos?”
El hombre más rico del mundo se refirió a un proyecto de ley con el cual la Cámara de Representantes procura cubrir el presupuesto de la nación hasta marzo y sin el cual el gobierno federal deberá suspender operaciones este viernes.
La idea de los legisladores es que continúen las funciones gubernamentales hasta que se instale la nueva legislatura y cuando Trump sea ya presidente.
Pero Musk, ascendido por Trump junto con el otro casi billonario Vivek Ramaswamy al mando de un todavía no existente Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), dio la señal de que al Caudillo no le gusta el proyecto de ley, o que no le importa si es bueno o malo ya que lo relevante es sumir en el caos lo que queda del gobierno del demócrata Joe Biden.
Otros no elegidos por la ciudadanía y recogidos por Trump para su gabinete ministerial y los mandos de agencias federales han hecho anuncios de políticas cuyos efectos son inmediatos, como un menú adelantado de lo que será la segunda presidencia del Caudillo.
Stephen Miller, elegido por Trump como subsecretario de la Casa Blanca, afirma que “la deportación más grande en la historia del país” es una de las tareas que el futuro presidente emprenderá apenas llegue a la presidencia. La amenaza de redadas y deportaciones preocupan no sólo a los inmigrantes, también a vastos sectores de la economía que dependen de la mano de obra de estos inmigrantes.
Robert F. Kennedy, cuya postulación como secretario de Salud está sujeta a confirmación en el Senado, ha prometido que bregará para la supresión de los fertilizantes químicos, y la eliminación de los compuestos en las “comidas chatarra” que, en su opinión, por décadas han dañado la salud de los estadounidenses. Tanto la agroindustria como la industria de los alimentos procuran discernir qué probabilidades existen de que Kennedy sea confirmado y, en caso positivo, de que haga lo que dice que hará.
Y el Caudillo no desperdicia oportunidad alguna de entrometerse en el gobierno que, todavía y bajo la constitución, da la presidencia a Joe Biden y el mandato legislativo al Congreso conformado por bancadas que se renovarán recién en enero.
Las amenazas rimbombantes de tarifas que Trump impondrá a las importaciones, especialmente de China, México y Canadá ya entran en los cálculos de los importadores y los mayoristas. Ante la probabilidad de tales gravámenes el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no hizo escala en Washington y viajó a la mansión trumpiana en Mar-a-Lago buscando acomodar a su país mejor que México en la futura política de Trump.
De la inmunidad y la impunidad
En julio pasado el Tribunal Supremo de Justicia, donde en su primera presidencia Trump se aseguró una mayoría con la designación de tres jueces conservadores, dictaminó que los expresidentes tienen un cierto grado de inmunidad de procesamiento judicial por actos oficiales durante su mandato.
Los tres magistrados liberales del Supremo, en su disenso escrito por la jueza Sonia Sotomayor, indicaron que la decisión de la mayoría “da una nueva forma a la institución de la presidencia” y podría conducir a consecuencias graves y de largo plazo para la democracia en Estados Unidos.
A la sombra de tal decisión se han marchitado las causas judiciales abiertas contra Trump, en especial por haber incitado una multitud que el 6 de enero de 2021 tomó por asalto el Capitolio para impedir la certificación del escrutinio de noviembre de 2020 en el cual Trump perdió su intento por la reelección.
Entre que, según el Supremo, el presidente de Estados Unidos goza de cierta inmunidad y el hecho de que Trump fue reelegido en noviembre pasado, las fiscalías han retirado los cargos en casi todos los casos.
La inmunidad impide que una persona sea enjuiciada.
Los demócratas, que desde julio han estado clamando contra tal privilegio tuvieron a comienzos de diciembre la sorpresa de que el presidente Biden, quien por meses dijo que no lo haría, otorgó un perdón a su hijo Hunter Biden, condenado por evasión de impuestos y la compra ilegal de un arma de fuego.
El privilegio del perdón presidencial tiene sus raíces en la Edad Media, cuando de la misericordia del señor feudal o del rey podía esperarse un alivio para personas condenadas injustamente. El prócer Alexander Hamilton fue quien insistió en la inclusión de tal potestad como Artículo II, Sección 2, Cláusula 1 de la Constitución.
Desde entonces los presidentes han otorgado perdones y, desde 1900, el presidente Franklin D. Roosevelt ha sido el que más gracias ha ofrecido con 2.819 perdones.
El perdón concedido por el presidente Biden a su hijo tuvo, además, la peculiaridad de extender la impunidad aún por delitos que el beneficiario pueda haber cometido y por los cuales todavía no ha sido acusado. Impunidad preventiva, que le dicen, y por si acaso.
La impunidad impide que una persona enjuiciada y condenada reciba el castigo que se le sentencia. Biden hijo encaraba la sentencia este mes.
El turno le tocó a los Trumpistas para denunciar a Biden, al tiempo que Trump intensificó sus amenazas e indicó que los miembros del Congreso que investigaron el asalto al Capitolio “deberían ir a la cárcel”.
La noción, foránea en Estados Unidos, de que alguien puede terminar en prisión por sus posiciones políticas aparece acompañada por las advertencias de Trump de que buscará enjuiciar a los medios de prensa que se le opongan.
Más alharaca de los demócratas que avizoran ya la sombra de la dictadura que su imaginación esculpe y, para su desazón el anuncio, la semana pasada de que Biden otorgó el perdón a 39 personas condenadas por delitos no violentos y la conmutación de sentencias para otros 1.500 individuos.
Para aclarar un poco más el panorama, el senador dizque socialdemócrata Bernie Sander, de Vermont, ha opinado que el perdón de Hunter Biden sienta un precedente peligroso para futuros presidentes, al tiempo que ha sugerido al presidente Biden que otorgue impunidad preventiva a personas ahora en la mira de los encausamientos bajo la presidencia de Trump.
