Por fin se llegó al acuerdo para continuar el proceso constituyente. Cómo ocurrió el 15 de noviembre de 2019, y como democráticamente se expresó la ciudadanía el 25 de octubre del 2020 y el 4 de septiembre del 2022, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de proveernos de una nueva Constitución que, en mayor o menor medida, represente ampliamente a los y las ciudadanas, y nos permita tener un conjunto de reglas comunes donde resolver democráticamente las contingencias políticas. Este hecho reivindica el rol de la política y de los políticos. Y eso, merece un aplauso.
Pero no todos aplauden. Hay los que no querían bajo ningún concepto que cambiemos la constitución de la dictadura. Ellos se expresaron formalmente en ese veinte por ciento que, desde el inicio, se restó de este proceso (Ver plebiscito 2020) y rápidamente anunciaron que no aprobarían el actual acuerdo. Tampoco aplauden los que todavía no se resignan a que la respuesta natural del sistema político al estallido social haya sido un proceso institucionalizado, con dos elecciones nacionales incluidas y, entremedio, una convención constituyente que, a lo menos, podría catalogarse como maximalista y cuyo proyecto fue rechazado por el 62% del electorado más grande de la historia (casi 13 millones de electores).
También militan en estas filas aquellos que, la verdad, les da lo mismo el marco institucional, ya sea porque les encantaría retrotraernos a las viejas prácticas de la democracia protegida, o bien, porque nada diferente a una transformación revolucionaria les parece adecuado. Y lo que augura el nuevo acuerdo, es un proceso muy controlado, sin espectacularidades, acotado a los consensos que hoy existen en el sistema político y validado por una amplia mayoría del espectro político, desde el partido Comunista a la UDI. Es cierto que no todos sienten que este es el camino más democrático que podrían haber imaginado; pero también es cierto que, más allá de algún sesgo oligárquico, el acuerdo tiene suficientes credenciales de legitimidad y hacer democrático.
¿Fue correcto, entonces, suscribir este acuerdo? ¿Le sirve al país y a la democracia, para solucionar las diferentes crisis que enfrenta la sociedad chilena? Un muy buen amigo mío, de compromiso indiscutible con la democracia, apenas firmado el acuerdo me comentó que él, por ningún motivo lo apoyaría, ya que esto era una verdadera trampa, del tipo gatopardista, para que parezca que se hacen cambios y, sin embargo, se deje todo igual. Le parecía impresentable el comité de expertos y, posiblemente, también la comisión de admisibilidad e incluso, sospecho, las bases constitucionales. Según su opinión, estas instancias vulnerarían severamente la soberanía del Consejo constituyente y, en último término, deduzco, la soberanía popular. En cierto sentido, algo de razón tiene, y la tendría toda, si el mundo fuera perfecto e ideal. Pero los países somos lo que somos. Y en Chile hay intereses opuestos, visiones de país distintas, conceptos de democracia diferentes. Por lo tanto, alcanzar reglas que se ajusten cien por ciento al gusto de cada diversidad es una utopía. Y si cada sector de la sociedad decide que combatirá hasta el final por su utopía, al costo que sea, para que su visión se imponga en el ordenamiento social, la única forma de lograrlo es a través de una amplísima mayoría o, simplemente, eliminando a la oposición. Hay una cierta ecuación necesaria entre respetar y hacer valer la justa mayoría, y arrasar con las fuerzas minoritarias. En tiempos de la transición (para qué hablar de la dictadura), especialmente al inicio, hubo sin duda una suerte de ejercicio de la minoría ilegítimo, que se fue equilibrando en algo con el tiempo, pero no lo suficiente como para permitir que la mayoría pudiese hacer los cambios que claramente eran necesarios y que la ciudadanía durante muchas elecciones sucesivas respaldaba. A mí, al menos, esta última opción (la democracia con veto) no me gusta, independiente de si sintonizo o no, con quienes están en el poder. Por lo mismo, me parece que el acuerdo alcanzado tiende a ajustarse a una mirada realista (¿diremos de lo posible?) que, en los marcos de las instituciones democrática y legítimamente constituidas, intenta resguardar los intereses comunes de la amplia diversidad política que lo sustenta.
Este es el mérito del trabajo realizado por los principales dirigentes políticos de los partidos, el parlamento y el gobierno. Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cerrar la deuda constitucional y generar un marco que nos dé estabilidad y capacidad de crecimiento hacia las próximas décadas, con un sistema político capaz de afrontar situaciones de crisis y resolverlas por vías democráticas. Ahora vendrán las preguntas de fondo. ¿Qué tan de acuerdo estamos en que Chile sea un país unitario, multicultural y regionalizado? ¿O que existan garantías plenas para los emprendimientos privados? ¿O que nos constituyamos en un estado social de derecho, donde garantizarlos sea responsabilidad del estado? ¿O reconocer constitucionalmente a nuestros pueblos originarios? ¿O asegurar la libertad de enseñanza o la paridad en los poderes públicos? ¿O garantizar la independencia de los poderes del estado? En fin, no voy a repetir la larga lista de bases constitucionales. Pero, si me apuraran, creo que –más allá de acuerdos o no- yo personalmente suscribiría la mayoría sin problemas y, otras, posiblemente las discutiría. Entonces, en este escenario el acuerdo destraba un tema que constituía un incordio para avanzar en el país, un país golpeado, deteriorado, hasta medio deprimido y odioso.
Le escuché a Sonia Montecinos, antropóloga y Premio Nacional de Ciencias Sociales, decir que ella abogaba por instituir la metáfora de la “mesa de todos” en vez de “la casa de todos” para definir lo que debiera ser el proceso constitucional. Y lo que distinguía una de la otra es que, en una casa la conversación se sujeta a ciertas jerarquías: los hijos no ocupan el mismo lugar de los padres, los hermanos mayores que los menores, los habitantes permanentes o los pasajeros, los abuelos o los dueños de casa, etc. Sin embargo, decía Sonia, en una mesa es posible que todos ocupen una silla igual a la otra y que, por lo tanto, lo que allí ocurra podrá ser una conversación de más o menos pares. A la mesa uno se sienta a compartir, a conversar, a comer lo que se ha cocinado. Una buena mesa supone, en cierta medida, una buena cocina. De hecho, cuando queremos celebrar, vernos, compartir un determinado problema, confrontar una situación conflictiva, muchas veces nos surge naturalmente abrir esas conversaciones en torno a una buena mesa. Y si entendí bien la imagen que proponía Sonia (y me excuso si estoy sobre interpretándola), una nueva constitución debiera ser la buena mesa del país, donde podamos sentarnos todos a conversar de igual a igual. Por eso es tan relevante, según yo, que se instale y consolide el criterio de la paridad, una verdadera regionalización y el reconocimiento a los pueblos indígenas. Así como debemos aceptar que puedan estar las diversidades políticas, para lo cual sería necesario fortalecer a los partidos.
En resumen, lograr esa bella mesa nuestra, requiere un sistema político que sepa cocinar bien y acoja toda nuestra riqueza. Por eso, me parece de la mayor importancia el acuerdo logrado esta semana. Reivindica a la política y es un buen punto de partida para fortalecer nuestra democracia, evitando las tentaciones anti – partidos, populistas y autoritarias que se ciernen sobre nuestras democracias.
