Considerando tanto la falta de presupuesto, las urgencias en otros frentes y las múltiples contingencias que tendrá que afrontar la entrante administración, hay problemas y demandas que son ineludibles de abordar de forma inmediata, como es la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú y una agenda de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la situación de las Zonas de Sacrificio, uno de los temas que el presidente Boric no podrá eludir durante el presente año, pues más allá de gestos simbólicos y discursos, las comunidades locales que se emplazan en zonas con alta contaminación industrial requieren de acciones concretas.
La administración Boric inicia su mandato en medio de un escenario complejo. Muchos son los temas que requieren de inmediata atención, como la situación en el Wallmapu y la crisis migratoria en el norte, a lo cual se suma una prolongada sequía por más de 13 años y que en la actualidad tiene a las autoridades de las zonas urbanas de Chile central trabajando intensamente en definir las primeras acciones a implementar para afrontar un problema de larga data que no fue priorizado por las autoridades anteriores.
En lo que dice relación con la protección y conservación de la naturaleza, la justicia ambiental y los derechos humanos ambientales, el gobierno de Boric tiene múltiples desafíos que no solo involucran al Ministerio de Medio Ambiente, sino también a las carteras de Agricultura, Economía, Minería y Energía, cuyas urgencias mucho tienen que ver con una adecuada fiscalización y sanción a los sectores productivos y hacer cumplir las regulaciones vigentes.
Estamos en un punto donde se requiere que la autoridad actúe y lo haga rápido, pues la molestia se ha acumulado por años debido a que las administraciones anteriores han priorizado el beneficio de los grandes consorcios empresariales por sobre la protección de las personas, la naturaleza y el patrimonio ambiental del país.
Considerando tanto la falta de presupuesto, las urgencias en otros frentes y las múltiples contingencias que tendrá que afrontar la entrante administración, hay problemas y demandas que son ineludibles de abordar de forma inmediata, como es la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú y una agenda de corto, mediano y largo plazo para enfrentar la situación de las Zonas de Sacrificio, uno de los temas que el presidente Boric no podrá eludir durante el presente año, pues más allá de gestos simbólicos y discursos, las comunidades locales que se emplazan en zonas con alta contaminación industrial requieren de acciones concretas.
Sabemos que la realidad de las Zonas de Sacrificio es dramática. Son múltiples los estudios, documentos y comisiones investigadoras que así lo señalan. Sin embargo, quienes hemos trabajado en este tema sabemos que una solución definitiva no es fácil ni rápida, como también que no basta con la voluntad política de un gobierno. Pero sin lugar a dudas existen enormes diferencias entre un gobierno que tiene la decisión de implementar acciones y uno que no, como ha sido hasta hoy.
En términos concretos, sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente dispone de un presupuesto pequeño si se le compara con otras carteras, en el que existe una glosa presupuestaria destinada al Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) que es del orden de $1.000 millones e involucra a las comunas de Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel. Este si bien es un monto pequeño, es mejor que nada y podría ser un buen aporte si se utiliza de forma eficiente para generar las primeras acciones de una agenda trabajo con medidas concretas que se proyecten en el tiempo.
Por otra parte, sabemos que existe un enorme retraso en los procesos de dictación y actualización de normativa ambiental, en particular las que se refieren a calidad del aire, las cuales no siguen las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por ello, el gobierno entrante y en particular los ministerios de Medio Ambiente y Salud tienen el desafío de actualizar estas normas en el más breve plazo, pues están estrechamente vinculadas a la calidad del aire y la contaminación y, en definitiva, a la calidad de vida de todos los habitantes del país. Los planes de descontaminación se elaboran con el propósito de lograr el cumplimiento de una o más normas en un área determinada. Por tanto, si se quiere abordar la situación de las Zonas de Sacrificio, también es importante acelerar la actualización de la normativa ambiental y los planes de descontaminación. Para realizar acciones en esta dirección el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de poco más de $ 2.600 millones, lo que a todas luces es poco, pero que algo permitirá hacer.
Si bien el gobierno que recién asume lo hace con presupuestos limitados en materia ambiental, ineludiblemente durante su primer año deberá dar señales concretas para revertir las urgencias que durante años han sido postergadas, comenzando por trazar un camino de acciones concretas que permitan revertir lo que ocurre en las Zonas de Sacrificio.
