“La lista del indulto” no tan sólo es una mala caricatura para desacreditar la posibilidad de que el oficialismo presente una lista única para la elección de consejeros constituyentes. Es todo un agravio y una deslealtad con el gobierno, del cual forma parte el PPD y que se supone que Guido Girardi debiera apoyar.
Además de una miopía política, el debate acerca de una o dos listas es legítimo y hay buenos argumentos a favor y en contra de una u otra opción. Otra cosa es intentar demonizar una de las opciones, con una grosera caricatura que la derecha no ha dudado en celebrar y que obviamente usará en la próxima campaña.
Hay dos vertientes para analizar la opción electoral de una o dos listas. Una es propiamente electoral, que es a la que ha recurrido la presidenta del PPD para defender la tesis de dos listas, sosteniendo que permite ampliar la convocatoria sumando a un electorado de centro izquierda que no votaría por una que incluya a los partidos de Apruebo Dignidad (¿).
Y probablemente podría sumar más votos, pero no necesariamente elegir mayor cantidad de consejeros. Sobre todo, por el sistema de elección, a la manera como se elige el senado, con 6 circunscripciones binominales, en donde se arriesga la posibilidad del doblaje y aquellas en donde se eligen impares (tres o cinco consejeros). Y los partidos oficialistas tendrían que apostar por elegir más consejeros, intentado que la derecha no alcance mayoría absoluta, o perfilar sus propias identidades, en desmedro de la cohesión y unidad del oficialismo.
Al mismo tiempo, una sola lista oficialista acentúa el riesgo de transformar la próxima elección del consejo constituyente en una suerte de plebiscito de aprobación o rechazo del actual gobierno, que según las encuestas se encuentra en su nivel más bajo de aprobación, pero en cualquier caso el resultado de esta prematura elección, a poco más de un año de haber asumido al gobierno, se interpretará como apoyo o rechazo de la acción gubernamental.
La vertiente política
Desde el punto de vista político, la arista más relevante para analizar el tema de una o dos listas interroga sobre la cohesión y solidez de la actual alianza de gobierno y sus dos coaliciones, que más allá de sus diferencias o matices, para bien o para mal, tiene su suerte indisolublemente vinculada a la del Ejecutivo del que forman parte y constituyen su sostén.
Ninguno de los conglomerados puede pretender perfilarse en contraste con su aliado buscando réditos cortoplacistas y más que discutibles, sin un grave menoscabo para la alianza y el propio gobierno. En esta elección no tan sólo se juega el futuro institucional, sino también la capacidad de la actual alianza oficialista para garantizar la gobernabilidad futura del país. Un desafío que involucra al conjunto de los sectores del progresismo, en su más amplia diversidad, incluyendo a la DC.
La derecha sí puede darse el lujo de enfrentar la próxima elección dividida. No están en el gobierno y la separan profundas diferencias políticas e ideológicas. Los Republicanos no quieren una nueva constitución y seguirán defendiendo el legado del régimen militar. Fracasado el intento de capitalizar el 62 % que se pronunció por el rechazo de la anterior propuesta constitucional, hoy en día Chile Vamos busca materializar una nueva alianza con sectores disidentes del centro político. Ya tiene terreno abonado con Amarillos y Demócratas. Un lujo que el oficialismo y el progresismo no pueden permitirse.
“La elección está perdida” anunció el exsenador Girardi. Una afirmación más propia de un analista que de un dirigente político, cuya responsabilidad es desafiar las encuestas, intentado convencer a una mayoría ciudadana que él representa la mejor opción para tener una mejor constitución.
De eso y no otra cosa se trata el nuevo proceso constituyente. No es un juicio sobre la acción del gobierno. Y menos sobre los indultos. Tampoco está en juego el programa de gobierno ofrecido al país. De tener una nueva y buena constitución, que no tan sólo supere las rémoras del autoritarismo que marcan la actual, sino una que le abra el camino a los cambios y transformaciones que una mayoría ciudadana demanda, con nuevos derechos sociales garantizados, superación del estado subsidiario por uno social y democrático de derechos, mayor descentralización, reconocimiento de los pueblos originarios y profundas reformas del sistema político. Que termine con privilegios irritantes, distribuya de mejor forma el poder político, económico y social. También la riqueza.
Casi un 80 % de los chilenos y chilenas se pronunció a favor de una nueva constitución redactada por un órgano íntegramente elegido, de manera paritaria y con representantes de las etnias originarias. Y todas las encuestas señalan que una amplia mayoría ciudadana respalda la continuidad del proceso constituyente.
La reciente reforma constitucional que habilita el nuevo proceso, respaldada por una amplia mayoría parlamentaria, abre esta nueva oportunidad, al cumplirse el 50 aniversario del golpe militar. Todo un simbolismo y el mayor homenaje a Salvador Allende y los mártires de la dictadura. Parece haber llegado la hora de dejar atrás el pasado y mirar el futuro.
