Un solo senador ha demorado ya por siete meses más de 300 promociones de militares porque él se opone a la política del Pentágono sobre el aborto.
Consecuencias
En julio del año pasado el Tribunal Supremo de Justicia anuló su fallo de 1973 que vedaba la interferencia del Estado en las decisiones de la mujer sobre su embarazo. Tras casi medio siglo de batallas constantes sobre la legalidad del aborto, la decisión votada por la mayoría conservadora en el Supremo dejó el asunto en manos de los estados.
Cincuenta estados y un distrito federal, cada uno con su propia configuración social y sus preferencias políticas, y todos enzarzados ahora en proyectos de ley, leyes que restringen el aborto, plebiscitos y referendos, enmiendas a las constituciones de estados, historias dramáticas de mujeres que deben viajar a algún estado vecino para interrumpir su embarazo, el impacto sobre las clínicas, y la carga adicional que el acceso mermado impone sobre las mujeres con recursos económicos bajos.
Otro terreno para las batallas ocurre a nivel del gobierno federal y, en especial, en el Departamento de Defensa cuyo personal es trasladado a diferentes regiones del país y es asignado y reasignado en respuesta a necesidades de los militares.
En marzo pasado el Pentágono adoptó una política bajo la cual reembolsa a su personal por los gastos de viaje y ofrece hasta 21 días de licencia por abortos y tratamientos de fertilidad.
“El Departamento de Defensa ha recibido noticias de miembros del servicio militar y sus familiares acerca de la complejidad y la incertidumbre que ahora encaran en el acceso al cuidado de la salud reproductiva”, dijo entonces la portavoz del Pentágono, comandante Nicole Schwegman. “Los esfuerzos emprendidos por el Departamento sobre la salud reproductiva no sólo aseguran que los miembros del servicio y sus familias puedan contar con el tiempo y la flexibilidad para tomar decisiones personales y privadas, sino que también asegura que los miembros del servicio sean capaces de acceder al cuidado de su salud independientemente de dónde estén asignados”.
“Esas normas”, añadió Schwegman, “ayudan a enfocar el hecho de que el personal pueda verse forzado a viajar distancias mayores, tomando más tiempo sin trabajar, y pagando más en gastos para acceder al cuidado de la salud reproductiva”.
El Departamento de Justicia señaló en octubre pasado que la ley federal sólo restringe el uso de fondos federales para la realización de abortos, pero no prohíbe el uso de fondos para el pago de gastos como el viático o los costos de viajes.
Ni modo
En el Senado de Estados Unidos, un senador puede detener las designaciones o la legislación aún si los otros noventa y nueve están de acuerdo con proceder al trámite.
La intención original de esta regla parlamentaria era la de proteger el derecho de cada senador a que se le consulte sobre proyectos de ley que afecten su estado o en asuntos en los cuales el tal objetor tenga un gran interés.
Este freno, o “hold”, ha sido elogiado como una protección de la minoría política contra la tiranía de la mayoría y criticado como una herramienta de obstrucción partidista.
En uso pleno de esta norma el senador Tommy Tuberville, republicano de Alabama, ha impedido desde marzo que el Senado apruebe más de 300 designaciones de militares en cargos no políticos porque él se opone a la política del Departamento de Defensa sobre el aborto.
El Pentágono ha enviado 319 designaciones de oficiales pero el Comité de Fuerzas Armadas todavía no ha hecho decisiones sobre unas 40 de esas designaciones. El Comité ha aprobado 273 designaciones ahora estancadas por Tuberville.
Las discrepancias entre demócratas y republicanos acerca del aborto son amplias: este lunes el Poder Ejecutivo repudió un proyecto de ley de presupuesto militar que la Cámara de Representantes considerará esta semana y anunció que el presidente Joe Biden vetará la iniciativa si llega a su despacho.
Los republicanos tienen mayoría en la Cámara y el proyecto de ley de presupuesto militar con un monto de 886.000 millones de dólares para el período fiscal 2024 está repleto de estipulaciones que restringen el acceso al aborto, o programas del Pentágono sobre la diversidad y el cambio climático.
La pertinacia de Turbeville está más enfocada y sus objeciones desde febrero a la política de abortos del Pentágono ha impedido la consideración de las designaciones militares incluidos tres miembros del Estado Mayor Conjunto, que pasaron a retiro sin sucesores.
Los mandos militares más altos en el Ejército, la Marina de Guerra y la Infantería de Marina están vacantes y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, un general retirado de Ejército (cuatro estrellas), acusó a Tuberville de “socavar el aprestamiento militar de Estados Unidos”.
“Esto no tiene precedentes, es innecesario y es inseguro”, afirmó Austin a mediados de agosto en la ceremonia de retiro del jefe de Operaciones navales, almirante Mike Gilday. “Esto perjudica nuestra capacidad para retener a nuestros mejores oficiales y altera la vida de demasiadas familias militares. Nuestras tropas merecen algo mejor. Nuestras familias merecen algo mejor. Nuestros aliados merecen algo mejor y nuestra seguridad merece algo mejor”.
La referencia de Austin a las familias militares señala la complejidad en la gerencia de la tercera fuerza armada más grande del mundo con aproximadamente 1,4 millones de miembros en servicio activo. Cada traslado de un oficial puede incluir el de su cónyuge e hijos, requiere selección de vivienda, mudanzas, matriculaciones en escuelas y universidades, vacunas, ubicación de atención médica.
Las ansiedades en torno al impasse crecen al aproximarse el retiro, a fin de mes, del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley. El presidente Biden ha postulado al general Charles Brown, de la Fuerza Aérea, como sucesor de Milley, pero esa designación flota en el limbo del “hold” de Tuberville.
Ni sus propios
Como corresponde, los demócratas hacen alharaca denunciando la “irresponsabilidad” de Tuberville, y los militares se quejan por la interferencia política en la operación de las Fuerzas Armadas.
El jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, de Nueva York, sostiene que el atoramiento “lo ha causado Tuberville, solamente Tuberville. Él tiene que ceder. En última instancia éste es un problema de los republicanos y son ellos los que tienen que presionarlo”.
Y lo raro es que los republicanos están haciéndolo.
El jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnel, de Kentucky, opinó que “el retener (las designaciones) de esos oficiales militares de carrera que no están involucrados en las decisiones políticas es todo un error”.
La senadora Susan Collins, republicana de Maine y vice presidenta del Comité de Asignaciones del Senado y miembro del subcomité de defensa instó a Tuberville para que ponga fin a su objeción.
“Esto me preocupa mucho y espero que el senador Tuberville reconsidere y que se enfoque solamente en aquellos individuos que tienen responsabilidad política”, dijo Collins.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes, Mike McCaul, de Texas, advirtió que el “hold” de Tuberville “está paralizando al Departamento de Defensa. La idea de que un solo hombre en el Senado pueda detener esto por meses… es un problema de seguridad nacional y (Tuberville) debería reconsiderar”.
Los políticos republicanos ven con preocupación el vuelco de la opinión pública desde que el Tribunal Supremo de Justicia declaró que no existe un derecho al aborto. De cara a las elecciones generales de 2024, muchos republicanos creen que les perjudica el énfasis en el aborto, especialmente entre las votantes, y prefieren enfocarse en la situación económica y los muchos desastres que le atribuyen a Biden.
Pero a los 68 años de edad, Tuberville luce bien arraigado en sus posiciones que incluyen la oposición al aborto legal y el repudio de la ley de cuidado asequible de la salud (conocida como Obamacare). El senador apoyó la idea del entonces presidente Donald Trump para la erección de un muro en la frontera con México a fin de impedir la inmigración, y es partidario de la reducción de la deuda nacional mediante cotes en los programas de asistencia social. Tuberville también opina que el clima no cambiará lo suficiente en los próximos cuatrocientos años como para que afecte a alguien.
Pero a los 68 años de edad, Tuberville luce bien arraigado en sus posiciones que incluyen la oposición al aborto legal y el repudio de la ley de cuidado asequible de la salud (conocida como Obamacare).
Con ese marco de referencia es lógico que Tuberville se mantenga firme y siga insistiendo en que sólo soltará el “hold” cuando el gobierno de Biden cancele los pagos al personal militar que deba viajar a otros estados para obtener un aborto.
“No”, respondió el senador cuando se le preguntó si estaría dispuesto a negociar un compromiso con el Pentágono o la Casa Blanca. “No. Ya vamos para siete meses. Ellos tampoco negocian. No hay un toma y daca aquí, en ninguno de los bandos”.
